Chilpancingo, Gro., 26 de octubre de 2017. Entre reproches a los diputados de las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto del Congreso local, por no hacer lo que les corresponde a favor de las víctimas de la violencia, familiares de desaparecidos y asesinados, así como desplazados y representantes de colectivos de familiares y de organismos civiles de derechos humanos, exigieron este miércoles un presupuesto suficiente para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para el 2018.
Los familiares y víctimas de la violencia se reunieron por más de dos horas en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, con el coordinador de la fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja; con el presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, el petista Jesús Martínez Martínez, la secretaria de esta misma comisión, María de Jesús Cisneros Martínez, y el presidente de la Comisión legislativa de Presupuesto, el priista Eusebio González Rodríguez.
Asistió, igualmente, el presidente de la CEAV, Luis Camacho Mancilla; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno; los diputados Silvano Blanco del MC, y ya casi para terminar la reunión llegó la diputada perredista María del Carmen Cabrera. Estuvieron también al inicio de la reunión, integrantes de una comisión de Brigadas Internacionales por la Paz, (PBI) por sus siglas en ingles.
No se ha garantizado atención a víctimas, dicen en escrito
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, leyó el documento que fue entregado a las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto. En el escrito se plantea la solicitud para que en el presupuesto de egresos del próximo año se le brinde a la CEAV estatal los recursos económicos suficientes y garanticen la atención integral a las víctimas de la violencia, porque dijo que hasta ahora, sus necesidades no han sido satisfechas por falta de presupuesto.
El escrito fue firmado por los representantes de los colectivos de desaparecidos de Acapulco y Chilpancingo, familiares de víctimas de asesinatos, familias desplazadas por la violencia y el Centro Morelos.
Otra de las peticiones es impulsar la aprobación de la ley de declaración de ausencia y/o presunción de muerte, “ya que las familias, al no saber su condición física ni la certeza de que estén con vida, no pueden acceder al cobro de seguros, cancelación de deudas y/o disposición de ahorros”.
Los que respaldan el documento demandan, también que se reglamente la Ley 450 de Víctimas, con la finalidad de que la CEAV cuente con la base o con el procedimiento para que reconozca a las víctimas del delito, así como su ingreso a un registro de víctimas, y tengan acceso a los derechos que la Ley General de Víctimas contempla.
Piden en otro punto, que dentro de la Ley 569 para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, se contemple como desaparición forzada la realizada por particulares o por integrantes de los grupos de la delincuencia organizada, “esto por la omisión del Estado para actuar contra estos grupos”.
Exigen, a los diputados reglamentar la Ley 487, para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno, a fin de que se determine en ella a qué instancia gubernamental le corresponde la atención a este problema. Olivares Hernández, dijo que este problema “cada vez más se hace recurrente por la ola de violencia”.
Asimismo, que se defina si será la Dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos (de la Secretaría de Gobierno) la encargada de atender a las víctimas del desplazamiento forzado o la CEAV y que se le asigne los recursos suficientes y la autonomía para la atención integral de las víctimas de desplazamiento forzado.
Establecen que ante la inoperancia de las instancias relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, se impulse la creación de un sistema estatal de búsqueda que incluya recursos económicos, materiales, humanos y que esté supervisado por los diputados y le puedan pedir cuentas, pues se quejó que actualmente no hay avances en las investigaciones porque solo hay un comandante, tres administrativos.
Destacan que la instancia se llama: Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas, por lo que a las víctimas no se les reconoce como “víctimas de desaparición, y mucho menos como víctimas de desaparición forzada”.
Las víctimas de la violencia, o sus familiares, demandan en el escrito, que se plantee al pleno la aprobación de un exhorto al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que firme un convenio entre el gobierno del estado con la CEAV federal, para que ésta atienda a las víctimas del delito tal como lo marca la Ley General de Víctimas, en tanto se aprueba un presupuesto suficiente para que sea la CEAV estatal la que atienda sus necesidades de manera integral. Este último con motivo de que actualmente la CEAV estatal no cuenta con recursos económicos.
Reprochan en el documento que desde hace una década que el gobierno federal declaró la guerra al narcotráfico, “sin una estrategia clara del costo social que esta decisión provocaría”, esta política de seguridad “fallida” se ha traducido en una “sangrienta lucha por el control, ya no de las plazas, sino de territorios completos”, y que las condiciones de violencia, discriminación y pobreza de muchas familias, sobre todo en las comunidades indígenas, barrios y colonias de Guerrero, “se ha exacerbado constituyendo una verdadera crisis humanitaria”.
Reclaman que ya suman miles los desaparecidos, ejecutados y desplazados en el estado y que la respuesta de los tres niveles de gobierno ha sido nula o inadecuada.
Citan que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, pero que las autoridades de los tres niveles están evadiendo esa responsabilidad.
En su intervención Olivares Hernández, reprochó que, por el contrario, las autoridades no reconocen a las personas afectadas por la violencia como titulares de derechos, porque cuando les entregan algo lo hacen “como si fuera limosna, a todo le llaman apoyo; si les dan mil pesos, una despensa o una consulta médica es un apoyo”, cuando dijo que tienen derecho a la salud, a la vida, a la alimentación, al empleo.
Agregó que también tienen derecho a la seguridad, pero que ni si quiera eso les garantizan en sus comunidades y que en el caso de los desplazados tienen que abandonar sus comunidades y refugiarse en logares en donde el gobierno no les garantiza ninguno de los otros derechos.
“Qué bueno que estén con su familia completa, a nadie le deseo lo que estoy pasando”
Después, quien reprochó fuerte a los diputados y funcionarios, fue Mónica Vega Laguna, madre de Héctor Alonso Fuentes Vega, desaparecido en abril del 2013 en Acapulco.
“Yo no les vengo a hablar de mi hijo desaparecido, les vengo hablar de los valores que tienen perdidos ustedes. Se les olvida que también son padres porque tienen la suerte y el poder para proteger a sus hijos, nosotros no tenemos esa oportunidad”, dijo.
Siguió: “qué bueno que duerman bien, que coman bien, que viajen, que estén con su familia completa, a nadie le deseo lo que estoy pasando yo, lo que estamos pasando nosotros”.
Enseguida, se quejó de las muchas reuniones a las que, como la de ayer, ha acudido solamente para que la escuchen, pero sin resultado alguno, “por eso yo ya no quiero venir, pero seguimos adelante por el miedo que tenemos por los otros hijos que tenemos, a esos a los que el gobierno les ha quitado su libertad. No pueden salir porque ya sea que se los llevan, los matan o los desaparecen, y luego cuando vamos a poner la denuncia las autoridades nos culpan a nosotros, los padres”.
Visiblemente irritada Mónica, reclamó: “perdónenme, pero ustedes, ni la justicia, ni el gobierno, ni nadie nos va a dar la lección de cómo ser padres, para ser padres se va aprendiendo en el camino”, expresó.
“Pero a ustedes no les pido, les exijo, porque es su obligación, que destinen el presupuesto necesario, porque si no, para qué nos quitan nuestros impuestos, mejor déjennoslo y se los damos a los delincuentes para que ellos nos protejan, porque yo cuando veo una patrulla del Ejército, Marina, inclusive del gobernador o del presidente (municipal) de Acapulco, me quito porque me dan miedo y asco, porque se les olvidó que ellos también fueron hijos y que son padres”.
A los diputados les pidió que cuando se vayan a sentar (para aprobar el presupuesto), volteen primero a ver su sillón, “y recuerden que se van a sentar en él por muchos de los que ahora están buscando a sus hijos o llorando a sus muertos, y tóquense el corazón para darles algo. Entonces yo voy a venir a aplaudirle y a saludar de mano a quien en ese momento haya acordado que es humano y no máquina solamente para recoger dinero”.
Concluyó: “Por favor, no se les olvide, los valores tienen que venir de arriba para que los demás los sigamos”. Doña Mónica Vega terminó entre aplausos del medio centenar de asistentes.
Hubo también demandas de familias desplazadas de Ayutla que exigieron que el gobierno estatal cumpla con el ofrecimiento de tierras para sembrar, viviendas, servicios de agua, luz y empleos, porque denunciaron que cuando salieron de sus comunidades del municipio de Coyuca de Catalán el gobierno los fue a dejar debajo de árboles o de carpas, en un sitio con una temperatura de 40 grados, a pesar de que dentro del grupo había más de 30 niños que venían de la sierra, de un lugar donde hace mucho frío.
Las familias de las víctimas de la violencia, el Centro Morelos y los representantes de los colectivos, recibieron el ofrecimiento del coordinador de la fracción del MC, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y del presidente de la Comisión de Presupuesto, de que trabajarán para que el próximo año haya un mayor presupuesto para la CEAV, pero el diputado Eusebio González, adelantó que lamentablemente el presupuesto estatal depende del federal y que éste depende del 97 por ciento de los recursos federales y que tendrán que ajustarse a ello.
A su vez, el diputado Mejía Berdeja prometió que buscará el consenso para promover el exhorto al gobernador para la firma del convenio con la CEAV federal y autorice recursos antes de la aprobación del nuevo presupuesto, también para la aprobación de la adecuación de las leyes para la atención de víctimas de desapariciones y desplazados.
Texto: Zacarías Cervantes, Chilpancingo / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
