Chilpancingo, Guerrero, 17 de octubre de 2017. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), desechó por improcedente una demanda que presentó la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, por la comisión de delitos en contra de la administración de justicia, abuso de autoridad y coalición servidores públicos, en contra del gobernador del estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, y el Congreso del Estado.
La alcaldesa del Movimiento Ciudadano demandó a esas instituciones como “autoridades responsables” de la inejecución de sentencia que se resolvió a su favor por violaciones a sus derechos políticos, concretamente por el incumplimiento de la entrega del Palacio Municipal, que estaba tomado por un grupo de disidentes encabezados por el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores.
La demanda de la alcaldesa fue recibida en los juicios políticos-electorales con las claves SUP-JDEC-1779/ y SUP-JDC-1806/2016.
El 21 de octubre del 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió restablecer sus derechos políticos constitucionales a la presidenta Muñiz Gómez y ordenó al síndico Benito Sánchez Ayala y a tres regidores que se abstengan de realizar violencia política y de género en contra de la edil. Asimismo pidió a las autoridades federales y locales medidas de protección para garantizar la seguridad y la integridad física de Muñiz Gómez.
El 2 de agosto pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una inejecución de sentencia en contra del síndico Sánchez Ayala y los tres regidores que mantenían tomado el Palacio Municipal, pues la edil consideró que no se cumplió a satisfacción la sentencia anterior.
Ahora la alcaldesa presentó otra demanda pero en contra del gobernador, la Secretaría de Seguridad Pública, FGE, secretaría General de Gobierno, y el Congreso local por delitos en contra de la administración de justicia, abuso de autoridad y coalición servidores públicos.
En su escrito de fecha 16 de septiembre, la alcaldesa sostiene que las autoridades “han hecho caso omiso” para dar cumplimiento a la sentencia que resuelve entregarle el Palacio Municipal.
En los juicios políticos electorales con claves SUP-JDEC-1779/ y SUP-JDC-1806/2016, Muñiz Gómez aduce que el síndico Sánchez Ayala y la regidora Edelmira del Moral Miranda no entregaron “voluntariamente” el inmueble sino que fue por la intervención directa del Poder Ejecutivo del Estado.
La alcaldesa cuestiona incompetencia de la juez y notaria por ministerio de ley que dio fe de la entrega del inmueble en abril pasado, además de que, denuncia “los hechos no sucedieron cómo se relatan en el acta”. Asimismo cuestiona que no se anotaron en el acta las incidencias señaladas por ella, durante la entrega del Palacio Municipal.
La alcaldesa solicita que la Sala Superior de vista de las constancias que obran en el expediente, a la Fiscalía General República, a fin de que inicie la carpeta de investigación correspondiente por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, los cuales atribuye a “las autoridades responsables”, en este caso el gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el Fiscal Javier Oléa Peláez, y los integrantes de la mesa directiva del Congreso local.
Sin embargo la sala superior del Tribunal resolvió que no ha lugar a atender lo solicitado, y consideró que no es procedente la solicitud de Muñiz Gómez, para que se consigne las averiguaciones previas presentadas en contra de Benito Sánchez Ayala, síndico procurador; Edelmira del Moral Miranda y Humberto Palacio Celino.
En otro de los puntos la sala superior resolvió que no ha lugar tampoco a atender la solicitud de Felícitas Muñiz Gómez relacionada con la petición de dar vista a la Procuraduría General de la República.
Nota de Zacarías Cervantes.
