“Exigimos castigo ejemplar contra el crimen horrendo que se dio en contra de nuestro compañero Ranferi Hernández Acevedo”, dice el ex presidente estatal del PRD, Eloy Cisneros Guillén
Nota: Daniel Velázquez
Foto: Jesús Trigo
Acapulco, Guerrero.- Integrantes del Frente Progresista Guerrerense demandaron la renuncia del fiscal General del estado Javier Olea Peláez porque no ha resuelto ninguno de los crímenes contra líderes sociales y políticos que han ocurrido en la entidad.
Exigieron que se indaguen todas las líneas sobre el crimen de Ranferi Hernández Acevedo, incluida la política por sus aspiraciones a participar en como candidato a diputado federal por el distrito 07 de La Montaña.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Unión Regional de Productores de Copra, conocida como La Coprera, en avenida Ejido, integrantes del Frente encabezados por Eloy Cisneros Guillén, exigieron justicia para Ranferi Hernández Acevedo y Francisco Tecuchillo Neri.
“Exigimos castigo ejemplar contra el crimen horrendo que se dio en contra de nuestro compañero Ranferi Hernández Acevedo”.
Cisneros Guillen dijo que cuando se enteró el crimen “sintió un coraje indignante”.
Señaló que el fiscal no ha cumplido con su obligación de procurar justicia a los guerrerenses. “Cuántos más van a ser asesinados para que pueda intervenir el gobierno del estado y frenar ese tipo de situaciones, cuántos más compañeros sin delito alguno han sido asesinados por la bales de gente perversa”.
Recordó los casos del director de la Preparatoria 2 José Villanueva Arce, del secretario General del PRD Demetrio Saldívar Gómez, del ex diputado Roger Arellano, del alcalde de Pungarabato Ambrosio Soto Duarte, además de periodistas, estudiantes, médicos, maestros que han sido víctimas de la violencia “y hasta este momento no hay ningún responsable de estos asesinatos”.
Abundó que el fiscal “no tiene nada que hacer en la Fiscalía, si tiene un poquito de dignidad y vergüenza debería dejar el cargo para que sea atendido por gente que verdaderamente quiera dejar constancia de justicia en Guerrero”.
Al gobernador Héctor Astudillo le pidió una investigación pronta del crimen “y si esto no sucede estaremos pensando que tiene culpa el gobernador de estos hechos”.
A la pregunta de si coincidía con la postura de organizaciones sociales de que el crimen contra Ranferi Hernández fue selectivo como le ha sucedido a otros luchadores sociales en el estado, situación que han denunciado organizaciones sociales, Cisneros Guillen respondió “es cierto, aquí hay una situación selectiva”.
Además tiene que ver con el inicio del proceso electoral de julio de 2018 y pidió seguir todas las líneas de investigación para dar con los asesinos.
Otro de los integrantes del Frente, Uriel Leal Ramírez, urgió al gobernador Héctor Astudillo impulsar el cambio del fiscal porque el actual “es la nulidad absoluta”.
Planteó que con motivo del segundo informe del gobernador se presente la terna de
quienes reemplazarán a Olea Peláez porque “no ha dado los resultados deseados en Guerrero”.
Temor al Ejército
En la conferencia, el abogado Guadalupe Bollás informó que ayer se solicitó un amparo de la justicia federal ante las acciones que reclama un presunto propietario del inmueble.
Además solicitaron la intervención de las autoridades judiciales para abrir unas oficinas a las que la persona que se ostenta como dueño les puso un nuevo candado, pues dijeron que desconfían del Ejercito que estuvo más de tres horas en el inmueble y “no hay certeza de que se hayan llevado o qué hayan introducido” en las oficinas.
Agregó que “la historia demuestra que los órganos policiacos se dedican a sembrar objetos que pudieran incriminar en el futuro”.
El jueves de la semana pasada militares irrumpieron en las oficinas del Frente Progresista Guerrerense que respalda las aspiraciones a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, rompieron candados y encañonaron a un joven que atendía en las oficinas. Por esa acción del Ejército, los integrantes del Frente recurrieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja.
Eloy Cisneros dijo que esperarán una semana que las autoridades judiciales acudan al inmueble a abrir la oficina que permanece cerrada y en caso de que no se presenten buscarán a un notario público para que dé fe del estado en que encontraron la oficina y los objetos y documentos que encuentren en el lugar.
El administrador del edificio Jorge Salas recordó que un juez federal entregó a él la administración del edificio, fallo que fue ratificado en primera y segunda instancia por lo que desestimó las escrituras con las que el presunto dueño reclama el inmueble.
Pidió que se retiren las patrullas del Ejército que continúan merodeando los alrededores del edificio de La Coprera.
Cisneros Guillen indicó que en la semana transcurrida no han recibido ni han buscado una explicación de parte del Ejército del porque irrumpieron así en las oficinas del Frente.
“Sabemos que el Ejercito cayó en un grave problema, de violación a los derechos constitucionales y a los derechos humanos”.
Agregó que entre los miembros del Frente hay temor de que las acciones intimidatorias del Ejército vuelvan a repetirse y por eso darán seguimiento a la queja que presentaron en Derechos Humanos, “para que se castigue a los militares que se metieron al inmueble”.
A la pregunta de un reportero sobre si ya recibió solidaridad del dirigente estatal de Morena Pablo Amílcar Sandoval por la irrupción del Ejército en sus oficinas, Cisneros Guillen respondió que no pero otros integrantes del partido sí lo habían hecho, como el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña y el secretario de Organización Juan Carlos Manrique, quien se encontraba entre los asistentes a la conferencia y reiteró su respaldo al Frente y repudio a las acciones intimidatorias de los militares y los responsabilizó de lo que pueda sucederle a Cisneros Guillén o a cualquier integrante de la organización.
