Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la mesa temática de Derechos humanos, Promoción, Defensa y Ejercicio Responsable, del programa Diálogos por una Cultura Cívica, del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), representantes de organizaciones sociales denunciaron que las instituciones han fallado en brindar garantías a la población, y funcionarios estatales señalaron que sí están trabajando y que falta participación social para mejorar el acceso a los derechos.
En la sala de usos múltiples de rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, universitarios, activistas y luchadores sociales, seguidos de los representantes de partidos y después funcionarios estatal, tuvieron una serie de participaciones individuales.
Los primeros cuestionaron que el Estado ha fallado en garantizar los derechos humanos de la población. Señalaron casos de graves violaciones a las mujeres y niños por los mismos agentes de gobierno y casos concretos de desapariciones forzadas, como ejemplos de la vulnerabilidad de diversos sectores de la población.
Sin embargo, los funcionarios respondieron de forma concreta a la inquietudes del sector de la sociedad civil. Llevaron discursos apropiados para responder a las preguntas generadoras del debate. Salvo el comisión de Atención a víctimas, Luis Camacho Mancilla, el resto fueron enviados de secretarias y del ayuntamiento de Chilpancingo.
Con estas interrogantes se planteó generar una serie de propuestas que se incluirían en una relatoría.
De acuerdo con el INE, la intención de la mesa, la segunda a nivel estatal, es la participación de ciudadanos en temas de interés, junto a los partidos políticos y autoridades públicas, para ir generando propuestas y redes que permitan generar valores como solidaridad.
Ambos órganos electorales consideraron que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la cultura cívica y democrática, y fomentar así la generación de ciudadanos propositivos.
Al final, la feminista María Luisa Garfías Marín señaló que el INE y el IEPC están obligados constitucionalmente a realizar acciones para fomentar los derechos, pero mesas como esa son insuficientes para alcanzar los objetivos.
Recordó que la mayoría de a población de guerrero vive en pobreza y está más interesada en atender sus necesidades básicas, no los derechos cívicos ni temas políticos, y que la democracia incluye derechos sociales, como a la salud y a la educación, y que las organizaciones civiles comenzaron la difusión de los derechos humanos hace muchos años y permitió la creación de espacios ciudadanos en organismos públicos.
Propuso abrir este espacio a más grupos organizados porque en la mesa no estaba representada la sociedad civil del estado.
La universitaria Liduvina Gallardo Suástegui, consideró que para exista un diálogo real de gobierno y sociedad deben estar presentes los titulares de los poderes del estado , y en este caso solo enviaron a representantes, y así consideró que era otro foro de denuncia de la sociedad y un circulo vicioso.
No dudo que los enviados informen a los titulares sobre las inquietudes ciudadanas, pero no serán tomadas en cuenta.
La propuestas finales fueron similares al de otros encuentros: promover acciones de capacitación dirigidos a los gobiernos, partidos políticos, asociaciones civiles y ciudadanía, para que conozcan y exijan el cumplimiento de los derechos humanos; capacitar a los servidores públicos para que conozcan y respeten los derechos humanos de los ciudadanos, y disminuir el índice de omisiones; incluir en los planes y programas de estudios asignaturas de derechos humanos, cultura de la legalidad, cultura constitucional, para fortalecer los derechos humanos.
