12 octubre,2017 8:14 am

Solicitará el Congreso a la AGE fiscalizar recursos ejercidos por la edil de Apango

 

Chilpancingo, Guerrero, 12 de octubre de 2017. La Comisión Instructora de Poder Legislativo sesionó ayer en privado por más de dos horas. Aunque ninguno de sus integrantes dio a conocer los acuerdos, se supo que pedirán a la Auditoría General del Estado (AGE) que fiscalice los recursos que ha ejercido la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez durante 2015 y 2016 en Mártir de Cuilapan (Apango), por posibles irregularidades por 35 millones de pesos.

A la presidenta municipal postulada por el partido Movimiento Ciudadano, el Congreso local le realiza un juicio político que solicitaron habitantes de Apango que la acusan de presuntos actos de corrupción, desvíos de recursos y nepotismo. La solicitud del procedimiento fue promovida por Edita Ivón Nava Sánchez, hija del ex presidente municipal, el priista Crisóforo Nava, a quien la alcaldesa acusa de ser el promotor de la violencia en su contra.

Ayer los diputados integrantes de la comisión se reunieron en una sala que está atrás del escudo del salón de Plenos, en donde solo estuvieron un par de asesores.

Estuvieron el presidente, Iván Pachuca Domínguez, el secretario Ernesto González Pérez y los vocales Silvia Romero Suarez y Cuauhtémoc Salgado Romero.

Se supo que los diputados acordaron solicitar una auditoría especial al gobierno de la alcaldesa de Movimiento Ciudadano, los tres meses que estuvo al frente en 2015 y todo 2016 porque en el informe de resultados que la AGE entregó al Poder Legislativo hay observaciones por más de 35 millones de pesos, mientras que para 2016 el Congreso local aprobó un presupuesto de 56 millones 582 mil 563 pesos.

Si las observaciones fueran únicamente de 2016, los 35 millones observados representarían el 68 por ciento del presupuesto para el municipio.

Al termino de la reunión se buscó en su oficina al presidente de la Comisión Instructora, el panista Iván Pachuca Domínguez, para conocer detalles de la reunión, pero no atendió a reporteros. Tampoco el secretario, el diputado perredista Ernesto González Pérez, dio declaraciones del tema argumentando que sólo el presidente podría hablar del caso particular de Apango.

Sin embargo fuentes del Congreso confirmaron que el acuerdo fue solicitar una auditoría especial porque hay presunción de daño patrimonial por 35 millones pesos.

La presidenta municipal, fue recientemente favorecida por la justicia federal, al considerarla víctima de violencia política y de género, y se ordenara el retiro del plantón que le impedía acceder al Palacio municipal desde hace más de un año.

La auditoría especial que el Congreso local solicitará a la AGE sería similar a la que solicitó para auditar a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

 

Nota de Rosalba Ramírez García/ Foto de Jesús Eduardo Guerrero/ Archivo El Sur.