En la región hay una “crisis humanitaria” y se libra una lucha “sangrienta y cruel” por el territorio, expone el director del Centro Morelos, Manuel Olivares. Los gobiernos federal y estatal no sólo no investigan los casos, sino que “juegan con la esperanza, la necesidad y la desgracia”, reprochan familiares. Denuncian mentiras y discriminación de las autoridades. Acuden a la zona la Red TDT, PBI, Serapaz, Tlachinollan y el Ccti
Texto: Zacarías Cervantes
Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Chilapa. – Un desaparecido no es sólo alguien de quien no se sabe su paradero, un desaparecido es también alguien que deja a niños sin la posibilidad de ir a la escuela porque le hacen falta zapatos, uniformes, útiles escolares y, sobre todo, comida, relataron ayer víctimas de la violencia en Chilapa.
Los delincuentes que desaparecen a un padre de familia provocan que la mujer triplique sus actividades: tiene que hacer las labores del hogar, llevar dinero a su casa para que coman sus hijos y también luchar, ir a reuniones, a marchas y presentarse ante las autoridades para exigir la búsqueda de su compañero.
Esta fue la conclusión a la que llegaron en una reunión que tuvieron en esta ciudad familiares de víctimas de desaparecidos e integrantes de organismos de derechos humanos, quienes integraron la misión civil que vino a hacer un diagnóstico de la violencia en una zona que ha alcanzado niveles de “crisis humanitaria”, y en donde se libra una lucha “sangrienta y cruel” por el territorio entre dos grupos de la delincuencia organizada, como lo definió el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
En la reunión se escuchó la denuncia de que frente al problema de los desaparecidos los gobiernos federal y estatal no sólo no investigan los casos, sino que “juegan con la esperanza, la necesidad y la desgracia de las víctimas y sus familiares”.
La misión civil fue encabezada por la subdirectora de programas de Amnistía Internacional (AI), Raquel Aguilar Troncoso, el secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Fernando Ríos Martínez, una comisión de Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), Servicios para la Paz (Serapaz) y los organismos locales Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Morelos.
La reunión fue en el salón Alcatraces en donde el director del Centro Morelos, Manuel Olivares informó que en esta ciudad hay más de 100 desaparecidos registrados del 2014 al 2017. Entre 30 y 32 ocurrieron solamente del 9 al 14 de mayo del 2015 cuando irrumpieron integrantes de un grupo civil armado (que ahora se hace llamar comunitarios por la Paz y la Justicia). Del total de estos desaparecidos en fechas recientes se presentaron 16 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero ninguna ha tiene avances, y menos se ha esclarecido algún caso.
El director del Centro Morelos informó en este encuentro que los casos ocurridos del 9 al 14 de mayo del 2015 son considerados desapariciones forzadas porque se cometieron frente a militares, policías federales, policías estatales y ministeriales, quienes no solamente no hicieron nada para impedirlo, sino que fueron cómplices y convivieron con los delincuentes.
La búsqueda de los desaparecidos entre mentiras del gobierno
De las paredes del salón donde fue la reunión colgaban lonas con las fotografías de los desaparecidos. De algunos de ellos sus familiares contaron sus testimonios a los representantes de organismos internacionales y nacionales.
Lorenzo Santos Reyes originario de El Terrero I, municipio de Chilapa, contó que su hijo Roberto Santos Cruz desapareció el 30 de diciembre de 2014 cuando vino a la cabecera municipal a comprar sus medicinas porque estaba enfermo. El joven de 22 años viajó acompañado de su madre, de su tía y de su primo Juan Santos Santiago.
Ese día mientras la madre y la tía de Roberto fueron a vender al mercado él las esperó afuera con su primo Juan, a donde llegaron hombres armados y se los llevaron.
A casi cuatro años su padre y su madre con padecimiento de diabetes lo siguen buscando, sin que cuenten con indicios de su paradero.
A pesar de que presentó la denuncia ante el Ministerio Público el caso no ha sido investigado, por el contrario las autoridades han jugado con su desesperación. En junio del año pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores informó en declaraciones periodísticas que tres de los desaparecidos que reclamaba el colectivo de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa y el Centro Morelos estaban detenidos, dos en un penal de Morelos y otro en Veracruz.
El gobernador dijo entonces que Roberto era uno de los que estaban detenidos en Veracruz pero la información resultó falsa.
Otro caso es el que contó María Francisca García Ribeño. Dijo que su esposo Victorio Morales Naranjas de la comunidad de Zizicazapa, municipio de Chilapa, desapareció en mayo de 2015 cuando vino a Chilapa.
Desde entonces la nahua, sin dinero para buscar a su esposo, padre de tres de sus hijos, tuvo que empeñar el terreno que su marido sembraba para viajar de su comunidad a Chilapa o a Chilpancingo en busca de su esposo, sin que dos años después tenga informes de donde se encuentra.
Dijo que presentó la denuncia ante el Ministerio Público pero que no le han informado resultados, cree que ni siquiera han investigado el caso. Expresó que desde entonces la vida se le va acabando más rápido por la preocupación, “nomás estoy pensando que dónde está mi esposo, quién lo tiene, cómo la estará pasando”.
Dijo que también le angustia pensar que no podrá “sacar adelante a sus tres hijos”.
Otro de los desaparecidos es Benjamín Santos Valle. Cuando desapareció en agosto de 2015 tenía apenas 15 años.
Su padre José Santos Nava contó que el día que desapareció Benjamín fueron a comprar a Aurrerá, su hijo se quedó afuera esperándolo y cuando salió ya no lo encontró, tampoco estaba la moto en la habían ido a comprar, pensó que se había ido con algunos amigos y que regresaría después a su casa, pero no llegó y al día siguiente comenzó a buscarlo.
Dijo que preguntó a algunos de sus amigos, entonces alguien le llamó y le aseguró que su hijo estaba bien, que ya no lo siguiera buscando, que no se preocupara y que iba a regresar. Dos años después José no ha regresado.
En el MP la revictimizan: le dicen que su hijo andaba metido en el narco
Los familiares de los desaparecidos no sólo han perdido a sus familiares, sino que muchas víctimas son revictimizadas y criminalizadas. El caso de María Guadalupe Tolentino es un ejemplo de ello.
Dijo que a ella le desaparecieron a su esposo Guillermo Limpia Torres y a su hijo José Lauro Limpia Tolentino, cuando el 25 de febrero de 2014 viajaron de su comunidad Alcozacán a Chilapa.
Ambos desaparecieron junto a cuatro personas más, y tres años después ninguno ha sido localizado.
Tras la desaparición de su esposo y su hijo María Guadalupe se enfermó de diabetes. Dijo que enferma y sin recursos los ha buscado sin importarle que los encuentre vivos o muertos, porque lo que quiere es que termine la angustia que no la deja vivir.
María Guadalupe presentó la denuncia ante el Ministerio Público, pero no le han informado de resultados, cree que ni siquiera se investiga el caso y cuando se presenta a preguntar le dicen que todavía no se sabe nada, que seguramente su hijo andaba metido en el narco y que por eso se lo llevaron junto a su padre.
Entre sollozos María Guadalupe aseguró que eso es falso. Informó que su hijo recientemente había regresado de Estados Unidos donde estaba trabajando. Explicó que vino a casarse y que nunca pensó lo que venía a encontrarse.
Otro caso es el de Alfredo Aquino Cuapango, quien tenía 16 años cuando desapareció. Él estaba trabajando en Cuernavaca. El 15 de septiembre de 2014 regresaba a su casa pero se le hizo noche y al llegar a Chilpancingo le llamó a sus papás para que lo esperaran en el sitio de Urvan La Montaña, en Chilapa.
Natividad Cuapango, su madre, contó entre sollozos que cuando ella y su esposo llegaron al sitio de transportes de Chilapa y esperaban a su hijo llegaron dos hombres armados. La pareja tuvo miedo y prefirió retirarse un rato mientras llegada su hijo, pero fue en ese momento que llegó la Urvan en la que venía Alfredo, quien se bajó en la calle y de allí los dos hombres armados lo agarraron y se lo llevaron.
La mujer demandó que se visibilice lo que está pasando en Chilapa porque a pesar de que han ido autoridades, organizaciones, e instituciones “nada más vienen a decirnos que ahora sí nos van a ayudar a buscarlo, que ahora sí los van a encontrar, pero no pasa nada de eso”.
Natividad contó que le duele mucho que ya no esté su hijo, pero que también le duele que la engañen, que le digan que le van a ayudar a encontrarlo y que la discriminen por ser indígena.
Al final de la reunión el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que en esta zona la situación de violencia ha empeorado y que no se ve que se hagan investigaciones para esclarecer los casos.
“De hecho no hay investigaciones, no se les da información a los familiares de las víctimas”, denunció.
El defensor de derechos humanos dijo que el gobierno tiene que tomar acciones más fuertes, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene que hacerse presente ante ellos, y no seguir discriminándolos al negarles el derecho que tienen como víctimas a tener lo básico para seguir buscando a sus familiares y exigir que los presenten con vida.
