No obstante que los avances son mínimos lo rescatable es que se trabaja en las cuatro líneas que han exigido los padres todo este año, considera Vidulfo Rosales
Texto: Lourdes Chávez
Foto: El Sur
Chilpancingo. El avance de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, deja más interrogantes que respuestas a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, y temen que en algún momento un funcionario diga que las líneas de investigación fueron agotadas y quieran regresar a la tesis del basurero de Cocula, denunció el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
Consultado sobre el avance de la investigación estimado en 30 por ciento, según el cronograma de trabajo que presentó el gobierno mexicano en la sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Perú, indicó que la mayoría de los plazos fijados por el gobierno para dar resultados en nueve aspectos sustanciales están vencidos, sin cumplirse.
No obstante que los avances son mínimos, dijo que lo rescatable es que están trabajando en las cuatro líneas que han exigido los padres todo este año: los policías federales y de Huitzuco, el Ejército, el trasiego de droga Iguala-Chicago y la telefonía celular.
Señaló que en la reunión informativa del 28 de agosto se generaron nuevas preguntas de los resultados investigación, que la Procuraduría no ha atendido porque no hay una visión integral del caso.
Indicó que básicamente le están poniendo “una palomita” a la revisión estricta de cada punto. Por ejemplo del trasiego de droga en el transporte público de Iguala a Chicago, Ilinois, donde se requirió asistencia jurídica internacional, ya recibieron la información de las autoridades estadounidenses, y señala que la empresa Estrella Blanca está vinculada en esa investigación en aquel país con el tráfico de estupefacientes.
Reveló que según la información de EU, sí hay camiones traficando droga desde Iguala, pero son líneas camioneras distintas a las que operan en la central de autobuses, “poco conocidas”.
Denunció que la PGR está dejando de lado el rol de las policías municipales, estatales y federales, así como del Ejército con el trasiego de drogas en Iguala.
Sobre el quinto autobús del que los expertos independientes señalaron que podría llevar un cargamento de droga, dada las contradicciones del gerente de Estrella Roja y el conductor con la versión de los estudiantes que lo abordaron.
Rosales indicó que para la PGR el camión no presenta ninguna alteración que pudiera implicar un compartimento oculto para el tráfico ilegal, y concluye este punto. El abogado informó que los padres exigieron la revisión de todos los camiones que tomaron los estudiantes aquella noche.
Los estudiantes señalaron que el camión de la Estrella Roja que tomaron en la central de autobuses los llevó a Palacio de Justicia, donde policías municipales armados les cerraron el paso, y la primera versión del chofer indicaba que cuando se retiraron los estudiantes agentes de la Policía Federal resguardaron el vehículo hasta la caseta de Iguala, y de se ahí se dirigió a Jocutla.
Mientras que el gerente y la declaración formal del chofer en la agencia del Ministerio Público (MP) dice que el autobús no salió de Iguala, fue abandonado por los estudiantes a una cuadra de la central y ahí “lo vandalizaron” los estudiantes.
Agregó que el análisis de imágenes satelitales de esa fecha confirmó que la versión de los normalistas es la correcta.
Añadió que si el quinto camión no está relacionado con el trasiego de droga, la PGR tendría que esclarecer ¿por qué los empleados de la Estrella Roja mintieron?, ¿por qué ocultaron?, y eso podría generar nuevos datos del caso.
También señaló otra omisión en otra de las metas de la PGR, que es emprender acciones directas contra policías de Huitzuco (arraigo y consignación), en octubre, pero no deja claro el seguimiento del proceso de instrucción, porque el juez podría negar una orden de aprehensión, y la Procuraduría ya habría agotado su objetivo.
Para agosto, indicó que la PGR se comprometió a determinar si existe responsabilidad de los policías municipales de Huitzuco en la desaparición forzada de los normalistas, pero para los padres de familia esta línea de investigación es mucho más amplia, implica a policías municipales que se llevaron a los estudiantes, a los policías federales que lo permitieron, al secretario de Seguridad Pública de Huitzuco, a los alcaldes de la zona, al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a su procurador Iñaky Blanco.
En julio la PGR debía tener identificados a los personajes conocidos en el expediente como El Caminante y El Patrón, pero no hay resultados a la fecha.
Del análisis de la telefonía celular programado para concluir en octubre, indicó que ya saben que nueve números de teléfonos de los estudiantes desaparecidos siguieron activos después de las detenciones, y dónde se activaron las antenas cuando fueron usados. La Procuraduría considera que esta terminado el asunto en lo que toca a los estudiantes.
Rosales precisó que piden establecer la geolocalización exacta de la activación de los celulares, si fueron llamadas, mensajes normales o de redes sociales, y el contenido de esta comunicación. Aseguró que la tecnología permite determinarlo con toda claridad.
También señaló que en septiembre las autoridades tendrían que haber esclarecido el rol del Ejército en los ataques, en julio haber determinado quién se encontraba a cargo del Centro de Control Comunicación y Comando (C-4), que se adjudica a los militares, y en agosto tuvieron que resolver la correspondiente responsabilidad de las autoridades políticas del estado en los hechos, pero nada hicieron.
