La Fiscalía sustenta el caso bajo la teoría de que los 25 detenidos estuvieron en los hechos de las 3 de la madrugada, luego de saber que habían sido asesinados dos policías comunitarios, y que eran liderados por el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, indica el abogado de Tlachinollan
Texto: Jacob Morales Antonio
Foto: Archivo El Sur
Acapulco, Guerrero. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, reveló que la versión de la Fiscalía General del estado, de los hechos de La Concepción, es que primero fueron asesinados los dos policías comunitarios por quienes estaban en la comisaría y después éstos últimos baleados por otro grupo de comunitarios.
En declaraciones por teléfono, el abogado dijo que la versión que tiene la Fiscalía, por los testigos que declaran, es que uno de los fallecidos asesinó a los dos policías comunitarios y después un grupo de 30 policías comunitarios se reagruparon y mataron a los seis hombres que se encontraban en la comisaría el domingo 7 de enero.
Mientras que la versión que dio a los reporteros el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, es que los policías comunitarios fueron agredidos e insultados por un joven que se orinó frente a la comandancia, por ello fue detenido pero logró escapar y corrió hacia un grupo de personas que estaban armadas en la comisaría, donde después los comunitarios fueron recibidos a tiros.
El abogado explicó que “ellos –en referencia a la fiscalía– sustentan el caso bajo esa teoría. Nosotros cuestionamos. Ellos dicen que los 25 que están detenidos ahí estuvieron en los hechos de las 3 de la madrugada, luego de saber que habían sido asesinados los policías comunitarios”, quienes eran liderados por el vocero Marco Antonio Suástegui, según los cuatro testigos presentados el lunes en la audiencia de vinculación, lo que no señalaron los primeros tres testigos presentados en la audiencia inicial.
El abogado indicó que entre las pruebas que presentó la Fiscalía también está la de balística que le aplicaron a todos los inculpados, con excepción de Suástegui Muñoz, que “extrañamente” salen todos positivos” cuando algunos ni si quiera portaban armas. Dicen ellos que hay indicios suficientes para vincular a proceso”, y señaló que el estándar probatorio que se exige en el nuevo sistema es menor al anterior que era mayor.
Vidulfo Rosales sostuvo que la mayoría de los detenidos no participaron en la balacera de las 3 de la madrugada en La Concepción, y que ellos son de las comunidades de Rancho las Marías, Oaxaquillas, Rancho los Ilamos, Aguacaliente, Huamuchitos y un número menor de La Concepción, que no son policías sino pobladores que llegaron a la asamblea y otros que acudieron a ver qué pasaba.
Dijo en que desconocen de la existencia de un policía herido y que estuvo presente en los hechos, y cuyo nombre en declaraciones a medios, antes de su detención, Suástegui no reveló.
El defensor señaló que las autoridades por otra parte no investigan los homicidios de los tres policías comunitarios, “parece que hay una investigación parcial, parece un ajuste de cuentas”, y aclaró que desconoce si hay otra carpeta de investigación del desarme de la Policía Comunitaria, momento en el que los policías estatales mataron a tres de ellos.
El abogado exigió “justicia para los policías comunitarios –asesinados–, si hay responsabilidad de los policías estatales y de otras fuerzas de seguridad que sean investigadas, debe de haber una intervención imparcial y responsable, que se llame a las dos partes a un diálogo y a una reconciliación.
Agregó que “la paz no va a regresar mandando a prisión a gente de un bando o de otro. No se va a resolver así”.
El abogado reiteró que se tiene una “intervención parcial y que polariza la zona”.
Expresó qué hay el interés de inhibir a las organizaciones de derechos humanos para que quiten la vista sobre lo que ocurrido con la muerte de tres policías comunitarios, con los desplegados publicados en diversos medios de comunicación.
En este mismo contexto, dijo que como Tlachinollan respetan la posición de las autoridades comunitarias que firman el comunicado, “pero sí creemos que muchas de esas expresiones están movidas por intereses estatales. De empresarios, de personas que no pudieron ver realizados los beneficios económicos por la construcción de la presa La Parota, como los gravilleros que explotan el río Papagayo”.
Vidulfo Rosales insistió en que “vemos un asunto político-social por la imposición del proyecto hidroeléctrico”, y señaló que el gobierno del estado se puso a favor de los empresarios gravilleros.
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p class=”MsoNormal” style=”text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 115%;”>Informó que el vocero del Cecop tiene cuatro procesos penales anteriores y todos son en agravio del gravillero Humberto Marín, a quien supuestamente se le agredió tomando sus tierras, mismas que fueron inválidas en el Tribunal Agrario como propiedad de Marín.
