Eduardo Pérez Haro.
Para Fernanda Rodríguez Escalante.
No podemos pasar por alto la gestión del régimen de gobierno en el 2017, aunque por tratarse del quinto año de gobierno ya podríamos empezar el balance general de Enrique Peña Nieto, pues el último año habría de ser de realce para el candidato sucesor colocando a la administración saliente en epílogo de una historia ya transcurrida. No obstante, todo indica que se repite la recurrente tentación de no soltar los hilos del poder y de ser posible gobernar tras el trono. Siempre se intenta, aunque no siempre se puede.
Podemos imaginar que, en esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador, con Morena puede acceder a la silla presidencial o también que José Antonio Meade sea un candidato agradecido y una vez electo ajuste sus pareceres. En cualquier caso, la moneda está en el aire sobre los términos de continuidad o cambio, pero ya hablaremos de ello más adelante, por lo pronto, las negociaciones del TLC con Estados Unidos y las elecciones parecen pender todavía de la intervención de Peña Nieto en gran medida, incluido el tema de seguridad que se ha puesto sobre la mesa con especial énfasis.
El sábado iniciaron las discusiones de la llamada Ronda 5.5 de la renegociación del TLC y terminarán el próximo viernes 22. Se trata de una de las rondas de mayor duración en la que intervienen 400 funcionarios de los tres países y en las que se aborda Anticorrupción, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Buenas Prácticas Reguladoras, Facilitación Comercial, Aduanas, Barreras Técnicas al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, dejando fuera Solución de Controversias, Compras Gubernamentales, Agricultura e Inversión. Con todo, el punto duro de esta ocasión es el que se refiere al contenido regional del 50% de la parte estadunidense que este país reclama para el 85% del contenido regional de un automóvil que se exporta desde México o Canadá para Estados Unidos.
“México se ha interesado en que el contenido regional de la industria automotriz pueda aumentarse con el traslado de algunas líneas de producción de Asia a América del Norte, sobre todo en cuanto a productos y otros componentes de mayor valor agregado” (El Economista p.5 del 11/12/17). Con lo cual podemos entender la debilidad de la postura nacional pues no sólo no puede negarse a la posición estadunidense, sino que al aceptarle no tiene más que apelar a poder recibir mayor participación asiática en revelación abierta de la ausencia de la capacidad interior para responder a la ofensiva norteamericana.
Este punto y circunstancia nos vuelve a la idea de que México ha perdido mucho tiempo –23 años sólo por cifrar el periodo que nos separa de la firma del TLC– sin dotarse de las capacidades de producción para hacer progresar los términos de su participación en el comercio exterior y particularmente con Estados Unidos, pues estamos hablando de la industria de exportación más importante de México con la que se ha decantado una ventaja nacional y la principal desventaja norteamericana, pero que a la hora en que nos han emplazado a discutir esta circunstancia, no tenemos mucho margen debido a la asimetría general entre el vecino del norte y nuestra economía (1 a 20) y el hecho de que esa capacidad no es propia en sentido estricto, sino que se radicó en nuestro país por el bajo costo de la mano de obra y otras ventajas.
Con lo cual volvemos a destacar que cualquiera que sea el desenlace de estas negociaciones no arrojará, en sentido estricto, ventajas a la manera de suponer que le habremos de ganar terreno en favor de los productores nacionales, con lo que el tema del desarrollo nacional vuelve al plano del planteo que los suspirantes hagan, no ya con respecto al TLC per sé, pues eso ya se está cocinando y todo advierte que quedará antes de los comicios del 2018, sino respecto del planteamiento general en donde se desvele la ecuación del desarrollo, donde queden, debida y claramente expuestos, los pesos y contrapesos del comerció exterior y el comercio interior que no son cosa menor sino muy mayor en cuanto a los términos del desarrollo nacional en perspectiva y que hasta hoy ninguno de éstos lo deja claro.
Respecto de las elecciones, el nombramiento de Aurelio Nuño como jefe de campaña para José Antonio Meade es prueba de la injerencia de Los Pinos, pero más aún la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, con la cual se pretende más que normalizar la presencia de las fuerzas del Ejército y la Marina en las calles (que de suyo resulta desproporcionada ante el inminente fracaso de la estrategia puesta en práctica), no puede entenderse como una ocurrencia de última hora sino como un factor de blindaje ante la eventualidad de una protesta social de grandes proporciones provocada por la flagrancia de los hechos de un artificio electoral.
Tanto el imperativo de asumir una negociación con Estados Unidos desprovista de recursos para salir bien librados como ir a una contienda no sólo con el desprestigio del régimen sino con la espada desenvainada para arbitrar los comicios, da cuenta de una circunstancia en nada plausible pues quiere decir que hubo un mal plan y un mal desempeño, que las reformas estructurales con la Cruzada contra el Hambre como cobertura social fueron un fracaso.
Ceñir todo a una reforma energética que Estados Unidos no correspondió porque apoyado en sus yacimientos de gas se lanzó a una sobreproducción que provocó la caída de los precios del petróleo sin importar las consecuencias y haberse lanzado sin plan B y sin imaginación para reaccionar, echó al régimen al vacío y ahora, la desesperación le incita no sólo a no perder el control del gobierno sino a concederlo a las fuerzas armadas a cambio de su protección, sin advertir de los riesgos ulteriores que ello puede significar.
Afortunadamente, un sinnúmero de personalidades, organismos e instituciones del interior y del plano internacional, se han percatado de los riesgos que conlleva la iniciativa y se han pronunciado en contra, incluso como sucediera el pasado viernes 8 del presente, cuando Miguel Álvarez Gándara y Luis Raúl González Pérez, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respectivamente, en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, expresaron su rechazo a la iniciativa tras denunciar que en ésta se refrenda una estrategia fallida para remontar la inseguridad y la violencia del crimen organizado. Y asimismo se han expresado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y por los relatores de libertad de prensa de la misma ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, amén de diversas y muy importantes organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil abocadas al tema.
