Marcial Rodríguez Saldaña
Este 26 de septiembre se cumplieron tres años de una de las más graves violaciones a los derechos humanos de que se tenga memoria en las últimas décadas en México, cuando en Iguala, Guerrero, fueron acribillados Julio César Mondragón Fuentes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, David Jossue García Evangelista joven de quince años jugador del equipo de furbol Los Avispones de Chilpancingo, el chofer del camión en que se transportaban, y la señora Blanca Montiel Sánchez, así como fueron desaparecidos por la fuerza 43 alumnos normalistas que hasta la fecha se desconoce su paradero.
1.- La estrategia de Enrique Peña Nieto ha sido siempre que se olviden los hechos, borrar las huellas de estos asesinatos y desapariciones que tienen manchado de sangre a su gobierno y así quedará marcado en la historia pública de nuestro país. Hay que recordar que estos acontecimientos le parecieron poco importantes a Peña Nieto ya que su postura inicial fue que lo atendieran las autoridades locales, pero la fuerte presión nacional e internacional lo obligó a darle la dimensión real, por ello fue que hasta después de varias semanas ordenó que la Procuraduría General de la República atrajera la investigación, de tal manera que fuese una dependencia federal la que se encargara de llevar a cabo las averiguaciones.
2.- Para salir al paso de la exigencia social de presentar con vida a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Peña Nieto ordenó a su procurador de Justicia que cerrara el caso, para ello inventaron una mentira histórica consistente en que los alumnos habían sido quemados en el basurero de la población de Cocula –colindante con Iguala– y que luego las cenizas de sus restos fueron arrojadas al Río San Juan –muy cerca del basurero. Sin embargo, esta mentira fue desmentida por un estudio científico del experto en incendios José Luis Torero quien afirmó que era imposible que en ese basurero hubiese habido un incendio de una magnitud tal como para incinerar a 43 personas, de tal manera que hasta la fecha el gobierno federal no ha podido rebatir este estudio ni ha podido esclarecer donde están los estudiantes desaparecidos.
3.- Ante la desconfianza hacia las instituciones de procuración y administración de justicia que existe por parte de la sociedad mexicana, el gobierno de Peña Nieto tuvo que aceptar la participación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, para que coadyuvara en todo el proceso de investigación, con facultades para solicitar desahogo de diligencias, declaraciones de testigos, aportación de pruebas, consignación de presuntos responsables y emitió un conjunto de recomendaciones, algunas de las cuales no han sido cumplidas a pesar de que son indispensables para saber la verdad de los hechos, como la declaración directa de los miembros del Ejército que conocieron de esos acontecimientos.
4.- Los padres y familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos junto con sus compañeros alumnos, organizaciones civiles, sociales y de protección y defensa de los derechos humanos han dado una lucha heroica para exigir la presentación de sus hijos, sin embargo el desinterés de Peña Nieto para atender este justo reclamo es el mismo desde el inicio, su pretensión sigue siendo darle carpetazo al asunto. En el curso de estos tres años se han acumulado un conjunto de problemas sociales como los gasolinazos, la carestía, la devaluación del peso frente al dólar, la corrupción de funcionarios públicos, el socavón, los huracanes y los sismos que han provocado cientos de muertos y miles de damnificados, todo ello debe ser atendido y resuelto cabalmente por el gobierno, pero la exigencia por el esclarecimiento de los 43 normalistas desaparecidos debe mantenerse vigente hasta que el gobierno cumpla su obligación de dar a conocer en dónde se encuentran los jóvenes estudiantes y aplicar la ley a todos los responsables.
Twitter: @marcialRS60
