METALES PESADOS
Tryno Maldonado
La noche del pasado viernes 12 de agosto ocurrió un capítulo más dentro del imparable infierno de desapariciones en el país. Esta vez en Lagos de Moreno, Jalisco. Roberto Cuéllar, Dante Hernández, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván y Jaime Miranda son cinco jóvenes amigos que viajaban en un automóvil Jetta cuando ocurrió su desaparición. Aunque la Fiscalía del Estado de Jalisco anunció que ha montado un “operativo especial” para encontrarlos, hasta la fecha no se conoce su paradero.
Pero este caso no es en absoluto aislado. En la misma región de Los Altos, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, el 27 de julio hubo otra desaparición multitudinaria. Cuatro mujeres de entre 22 y 28 años fueron reportadas como desaparecidas. Ellas son las hermanas Saucedo Zermeño: Adriana, Rosa Olivia y Marisela, además de Beatriz Hernández, pareja de Rosa Olivia.
No nos cansaremos en este espacio de recordar que, actualmente, México ocupa el segundo lugar mundial en índice de desapariciones. Y que, de hecho, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cada hora es desaparecida una persona.
Dentro de este escenario aciago, Jalisco se ha vuelto tristemente un epicentro de desapariciones al que es difícil dejar de ver. En dicha entidad –como en casi todo el país–han sido las familias de los desaparecidos las que han corrido con la responsabilidad de las búsquedas frente a la insultante ausencia del Estado, que ha abdicado de esa tarea.
Jalisco ocupa el primer lugar en casos de desapariciones de México. Alcanza ya cerca de 15 mil desaparecidos del total de más de 112 mil a nivel nacional –de los cuales sólo 35 casos han recibido sentencia. Por si fuera poco, 50 mil cuerpos están a la espera de ser identificados por falta de recursos debido a una paralela crisis forense.
Ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, los colectivos de familiares han demandado que la base de datos sobre la que se sustenta el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se haga pública, que se transparente. La cifra negra que ellos han recabado llega, al menos, al doble de la oficial. Y es justamente aquí donde nos encontramos: en un momento axial para la situación de las desapariciones en el país.
Aunque el gobierno federal celebra los más recientes datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la reducción de 9.74 por ciento en cuanto a homicidios dolosos en 2022 –un escandaloso número de 32 mil 223–, la cifra de desapariciones durante ese mismo año reportada por dicha instancia da cuenta, por contraste, de una alza estratosférica: 22 mil 575. Se trata de un récord, la suma más alta de desapariciones en un solo año de la que se tiene registro desde que este delito comenzó a ser tipificado en México.
¿Hay algo que celebrar, como lo propone el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, o solamente la cantidad histórica de desapariciones no resueltas debido a la crisis de justicia y forense ha formado una especie de “cuello de botella” político para maquillar, por otro lado, las cifras de los homicidios?
En su colaboración semanal en el portal Aristegui Noticias, el especialista en derecho penal internacional Jacobo Dayán afirmó el pasado 11 de agosto que los colectivos de familias buscadoras tienen una preocupante desconfianza en que el gobierno federal “rasure” el número de desapariciones dadas las próximas elecciones presidenciales. Lo que apuntala esta hipótesis es el ejercicio ordenado con urgencia e improvisación por López Obrador: un censo de desaparecidos “casa por casa” ideado por él durante sus conferencias mañaneras. Este supuesto “censo” lo están realizando sus promotores electorales y de programas asistencialistas llamados Servidores de la Nación, deja de lado a las fiscalías locales y, desde luego, a las familias de las víctimas, a quienes AMLO sistemáticamente se ha negado a recibir o siquiera a escuchar.
En palabras de Dayán: “No le preocupa dónde están las personas desaparecidas, la cifra de cincuenta y tantos mil cuerpos en espera de ser identificados, la crisis forense que hay en el país. No le preocupa saber quiénes son, quiénes los desaparecieron… No le preocupa la impunidad. Le preocupa el número. Al presidente le preocupa su imagen”.
