Héctor Manuel Popoca Boone
Coincido con quienes opinan que los asesinatos ocurridos en el poblado de La Concepción de los bienes comunales de Cacahuatepec tienen como marco de referencia histórico el saqueo sistemático de los recursos naturales y energéticos que poseen los pueblos, realizado por algunos encumbrados políticos y gobernantes que integran el Estado mexicano y ciertas corporaciones empresariales nacionales y transnacionales poderosas.
Las tierras de Cacahuatepec han sido codiciadas de muchos años atrás para construir en ellas una gran presa hidroeléctrica y un mega proyecto turístico en el embalse de agua que se formará. Estamos hablando de inversiones de miles de millones de pesos y sus pingues ganancias que dejará a voraces capitalistas salvajes, por deshumanizados y depredadores.
La resistencia y lucha, ejemplar a nivel mundial, que por décadas han dado la Cecop y su emblemático dirigente Marcos Suástegui, entre otros, para resistir y evitar dicho macro latrocinio (siempre inducido por el Estado mexicano), les ha costado vidas, encarcelamientos, torturas, represiones, marginaciones y un sin número de amenazas por parte de los malos gobiernos de carácter federal, estatal y municipal.
El antecedente inmediato anterior de la actual barbarie tuvo lugar el 9 de junio del 2017, cuando toda una familia de 7 integrantes -hombres, mujeres y niños- del poblado de San Pedro de dicho núcleo agrario, fue asesinada por paramilitares escudados en las siglas de la UPOEG y cuyos crímenes hasta el día de hoy permanecen en la total impunidad obsequiada por las autoridades correspondientes.
Los comunicados de prensa oficiales no dan cuenta que los fatales sucesos acaecidos en la madrugada y medio día del pasado domingo en La Concepción, surgieron posiblemente de un acto provocador de un individuo que fue a mear frente a la policía comunitaria y las oficinas de la CRAC-PC en dicho poblado. Dando inicio a dos encuentros armados y posibles ejecuciones extrajudiciales que arrojaron 11 personas muertas.
Tampoco informa el gobierno estatal que dentro de las personas detenidas sujetas a re-educación que tenía la policía comunitaria estaba un siniestro y connotado paramilitar de San Luís Acatlán que se hace llamar por diversos nombres y que fue liberado por las fuerzas armadas institucionales que participaron en la misión policíaca de desarme. Dicho sujeto estaba siendo investigado por la CRAC por su presencia en Cacahuatepec desde diciembre pasado, ante versiones que había sido contratado por terceras personas como sicario para dar muerte a Marcos Suástegui.
Inverosímil resulta que con una sola llamada al teléfono de emergencia 911, el Estado mexicano realice una desmesurada y mortífera incursión punitiva de fuerzas armadas integradas por el ejército, policías federales, estatales y agentes ministeriales, en un número aproximado de 200 elementos.
Aunado a lo anterior el primer informe de visita de campo realizada por la ONU-DH da a conocer de varias irregularidades atentatorias a los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Todo eso da pie a la conjetura personal que la masacre ocurrida en el poblado de La Concepción bien pudo haber sido orquestada con antelación y premeditación.
Por último y no menos importante, las agresiones, físicas y verbales, robo de memorias fotográficas, así como amenazas padecidas por diversos periodistas y fotógrafos de diferentes medios de comunicación masiva que en ese día y en ese poblado cumplían con su labor profesional, dan paso a la conjetura de que el Estado mexicano además de atentar contra el derecho a la información y expresión pública se vuelve cómplice de los delitos, al intentar ocultar hechos o destruir evidencias de graves violaciones de los derechos humanos, tal y como lo manifestó la ONU-DH.
Conclusión. Por su desempeño irregular, parcial y de escasa credibilidad es prudente que la cadena de mandos de la coordinación de los tres niveles de gobierno que dieron las órdenes de incursionar punitivamente en La Concepción el 7 de enero, se separen de sus cargos y que instancias idóneas internacionales realicen una exhaustiva e imparcial investigación de los hechos, para que se conozca la verdad integra y se apliquen las responsabilidades correspondientes.
- Mañana domingo 14 de enero, se efectuará la tercera reunión de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Rurales de Guerrero, a favor de AMLO Presidente, en el Auditorio de Ingeniería UAGRO Campus Chilpancingo, a partir de las 9 horas.
