Estrictamente Personal
Raymundo Riva Palacio
El nuevo episodio del espionaje global del programa malicioso que vendió la firma israelí NSO Group a gobiernos del mundo, difundido este lunes por un consorcio de 17 medios de comunicación, tiene ahora un nuevo capítulo, el espionaje telefónico a la clase política mexicana realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde sobresale la vigilancia de 50 colaboradores del entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, así como los ex candidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. Esta revelación periodística exige que Peña Nieto y su aparato de inteligencia, que encabezaba y controlaba el llamado Grupo Hidalgo, a través del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rindan cuentas.
La radiografía del espionaje –aunque como se aclara en algunos de esos medios, para saber si efectivamente se infectaron los teléfonos celulares se necesitaría hacer un análisis forense–, muestra el alcance de los intereses del gobierno de Peña Nieto para llevar a cabo una práctica ilegal. Pegasus es un programa que se vendía para combatir al crimen organizado y al terrorismo, que fue utilizado por algunos gobiernos, como el mexicano, para realizar espionaje político.
Los instrumentos de inteligencia se utilizan para salvaguardar los intereses del Estado frente a amenazas internas y externas, pero entra en la categoría del espionaje político cuando se enfocan a vigilar a sus opositores, actores políticos, agentes económicos o periodistas y activistas, como en el caso mexicano. El gobierno de Peña Nieto se engolosinó con los sistemas que se fueron creando en México para enfrentar a los grupos criminales y vigilar potenciales actividades terroristas, para utilizarlos con fines políticos. Quien visualizó lo que podía hacer, aunque más con fines personales que incluso gubernamentales, fue Osorio Chong, el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto.
Durante la transición, Osorio Chong visitó Plataforma México, en el búnker de la entonces Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, quien le mostró todo lo que se había construido para enfrentar a la delincuencia. Personas que supieron de esa reunión a principios de octubre de 2012, recuerdan que Osorio Chong deslizó, no se sabe si por error o deliberadamente, su idea de lo que se podría hacer con esos equipos para su carrera presidencial. Aquella Secretaría no tenía el Pegasus, que adquirió en México por primera vez la Secretaría de la Defensa al final del gobierno de Calderón, y la PGR, durante la gestión del hidalguense Jesús Murillo Karam, amplió la compra durante el de Peña Nieto, pero la candidez de Osorio Chong en aquella visita muestra la mentalidad de los colaboradores de Peña Nieto, y subraya lo limitado del expresidente para acotarlos.
Peña Nieto aprobó una idea de Osorio Chong para fusionar la poderosa Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación, pero también le impuso a quien sería el comisionado de la nueva dependencia, Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, quien comenzó a desmantelar Plataforma México desde diciembre de 2012. Cuando eso inició, el CISEN, Osorio Chong colocó a un incondicional, Eugenio Imaz –que no conocía nada de inteligencia, pero respondía a él, no al presidente–, se llevaron del búnker los sistemas de intercepción telefónica, mientras que la Marina, que veía más el interés nacional, recuperó todas las investigaciones abiertas contra los cárteles de las drogas antes de que Mondragón las tirara a la basura. Ex funcionarios del CISEN y Mondragón han sido vehementes en negar que eso sucediera, pero en efecto, eso pasó. Osorio Chong ha dicho que no espiaban.
El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, regresó el espionaje político a niveles no vistos en décadas. El CISEN intervino centenares de líneas telefónicas, mientras que Pegasus infectó a miles de dispositivos móviles. El espionaje sobre los colaboradores de López Obrador –si no se hizo directamente a un celular de él es porque no tiene uno propio–, muestra en dónde radicaba su interés. Su familia, aunque particularmente Andrés, porque a diferencia de sus hermanos y su madrastra, participaba activamente en el diseño de estrategias políticas y ha sido durante todos estos años, el enlace más confiable del presidente.
Su cardiólogo, Patricio Ortiz Hernández se convirtió en una pieza clave para darle seguimiento a su salud, después del doble infarto que tuvo en 2013, que a punto estuvo de matarlo. Peña Nieto supo de la gravedad del infarto por medio de Carmen Lira, directora de La Jornada, muy cercana de López Obrador y madrina de sus tres hijos mayores, quien a través del responsable de medios de Los Pinos, David López, fue informando detalladamente sobre su estado de salud.
Dos personas de alto interés para el gobierno fueron blanco de Pegasus, Julio Scherer, muy cercano a López Obrador por casi dos décadas, confidente, abogado y en momento difíciles hasta financiero, y el empresario Alfonso Romo, quien en ese momento se suponía tenía fuerte influencia en las decisiones económicas del líder de la izquierda. El gobierno de Peña Nieto tenía bien identificados los objetivos, como Alejandro Esquer, su secretario particular, una persona tan influyente, que hoy en Palacio Nacional es quien más toma decisiones después del presidente. Otro era César Yáñez, que conocía las entrañas de lo que hacía López Obrador, y Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, quien desde entonces tenía una maquinaria de propaganda y difamación sistemática poderosa.
La filtración de miles de documentos a las ONG’s Forbidden Stories y Amnistía Internacional que procesó el consorcio de medios, no pueden ser un escándalo efímero. Peña Nieto y Osorio Chong tienen que dar explicaciones de lo que hicieron. Es cierto que no utilizaron en casi ningún caso la información para lastimar –como el expediente que tenía Peña Nieto sobre los financiamientos de López Obrador–, pero no los exime de la responsabilidad de haber utilizado los recursos del Estado y desviado los sistemas de recolección de información para la seguridad nacional, para llevar a cabo un espionaje político ilegal.
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