Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
En un recinto cerrado y bien resguardado por el Estado Mayor Presidencial, el Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto se lució con su mensaje dirigido a un público selecto de mil 400 amigos y amigas, con motivo de su quinto informe de gobierno. El Palacio Nacional ha sido transformado por la nueva clase política en el escenario idóneo para desplazar al Palacio Legislativo, que es la sede del poder representativo del pueblo. Los aliados del régimen llegaron con sus mejores galas como si se tratara de un evento social más que un acto republicano. Estuvieron presentes para venerar la figura presidencial, para adularla con aplausos y felicitaciones, y para congraciarse con quien va a tomar la decisión sobre el futuro candidato presidencial de su partido. Fue más una función de gala que el cumplimiento de un mandato constitucional de informar al pueblo de México sobre el estado que guarda la nación.
La elites políticas y económicas, que son las principales beneficiarias de las reformas neoliberales, asintieron en todo momento lo que Peña Nieto resaltó en su informe; que va por el camino correcto, y que por esta ruta hará de México “una de las potencias mundiales del siglo XXI”. El presidente habló de un país que la mayoría de mexicanas y mexicanos no conocemos. Retomó cifras que en el papel son alentadoras, pero que en las entrañas de la vida cotidiana de los sectores sociales excluidos son realidades que lastiman. Citó datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) para resaltar que en su sexenio “más de 2 millones de personas superaron la pobreza extrema alimentaria”. Utilizó a su favor los datos macroeconómicos, que de manera recurrente manejan los tecnócratas, para reafirmar que la política social de su gobierno es exitosa: “El porcentaje de personas en pobreza se redujo de 45.5 por ciento hacia finales del sexenio anterior a 43.6”. Aseguró con total desparpajo que los principales indicadores y carencias sociales se encuentran en sus “mínimos históricos”, al grado que los avances de la política social pueden verificarse en el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
Sobre el problema de la seguridad, en lugar de analizar la crisis que enfrentamos como país y la violencia imparable que nos colocan como uno de los países más inseguros, recurrió a los números para mostrar que se está avanzando y dando golpes contundentes a las organizaciones criminales. Resaltó su osadía de que ha neutralizado 107 de los 122 delincuentes más peligrosos. En esa lógica de su argumentación, diríamos que solo falta que atrape a 15 delincuentes para alcanzar la meta de acabar con los jefes de las organizaciones más poderosas del narcotráfico. Las debilidades institucionales las focalizó en los estados para no cargar con la culpa de que el gobierno federal no ha hecho su trabajo para abatir la criminalidad y fortalecer el Estado de derecho.
Ante sus amigos incondicionales se dio el lujo de presumir que su gobierno ha instrumentado una política “que fortalece el respeto y protección” de los derechos humanos. Ignoró la opinión de los organismos internacionales que reiteradamente han señalado la grave crisis de derechos humanos que se expresa en el aumento de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento interno de personas a causa de la violencia y una tendencia a criminalizar a las defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Su anuncio con bombo y platillo en este tema se reduce a cifras alegres: 10 mil servidores públicos fueron capacitados sobre sus obligaciones de respeto a las garantías básicas. Otro dato que indica este respeto a los derechos humanos es la constante disminución en cuanto al número de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pasaron de 63 en el 2012 a 44 en el 2016. Sobre el tema de los derechos de las mujeres remarcó sus logros con la creación de una red de centros de justicia para las mujeres además de impulsar campañas de difusión en materia de igualdad de género y eliminación de la violencia contra las mujeres. Para no quedar mal ante la opinión pública internacional da cuenta que su gobierno realizó varios cursos de capacitación para promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las fuerzas armadas y las policías de todo el país. Enumeró el tipo de capacitación que impartieron: combate y prevención de la tortura, derechos de las víctimas del delito, uso de la fuerza y las armas de fuego, derechos humanos de las personas migrantes y combate a la trata de personas.
En contraste con el informe maquillado, los millones de mexicanos y mexicanas que luchan contra la violencia y la pobreza corroboran una realidad teñida de sangre por la violencia que se ha extendido en todo el país. De acuerdo con datos de la revista Proceso de esta semana, hay un registro de 104 mil 602 homicidios dolosos desde diciembre de 2012, el día que tomó posesión Enrique Peña Nieto hasta el 31 de julio del presente año. Citando al Inegi, los asesinatos del sexenio actual representan el 25% del total de los homicidios registrados de 1990 a 2016. Tomando como referencia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tenemos que del 1 de enero al 31 de julio se tienen registradas 16 mil 152 muertes violentas. Cada mes, en 2017, se han registrado entre 2 mil 100 y 2 mil 461 muertes violentas. Una cifra promedio de 2 mil 300 homicidios dolosos mensuales; 78 cada día y 3 muertes cada hora.
Con datos recientes del periódico El Sur, nuestro estado sigue colocándose como uno de los más violentos e inseguros del país. En lo que va del año, de enero a agosto se cometieron mil 544 asesinatos. De los 243 día transcurridos diariamente se tiene un promedio de 6.3 asesinatos. En Acapulco se cometieron 88 asesinatos de los 177 que se registraron en el mes de agosto, lo que representa la mitad de homicidios dolosos, siendo 89 muertes que se documentaron en 23 municipios de la entidad. (El Sur 02-09-17).
Con relación al tema de la pobreza el mismo Coneval reporta que a nivel nacional el 85.1% de los mexicanos se encuentra en situación de pobreza; el 45% se ubica en pobreza extrema y el 40.1% en pobreza moderada. Hay un reporte de 62 millones de personas en el país que se ubica en el rubro de la población con ingreso a la línea inferior de bienestar y 24.6 millones de personas están registradas como parte del sector que carece de acceso a la alimentación.
Pobreza y violencia son las dos dimensiones de un problema mayúsculo que enfrentamos como país. La forma como lo percibe el presidente de la República y su séquito de funcionarios que desconocen las realidades de una nación que se desangra y se desgarra por el hambre y el desempleo, es lo que nos ha fracturado a nivel nacional. Los contrastes sociales que nos colocan como un país muy desigual, los excesos del poder con el dispendio del dinero público destinado a grupos económicos que amasan fortunas con el impulso de megaproyectos extractivistas, están causando una mayor crispación social por la legalización del despojo y por la protección de las empresas multinacionales que se empeñan en colonizar territorios sagrados de los pueblos indígenas.
Se avizora un escenario muy adverso para los sectores depauperados y para las familias que son víctimas de la violencia y de graves violaciones a los derechos humanos. El gobierno sigue aferrado a un proyecto económico transexenal que será defendido a cualquier costo político en la próxima contienda electoral. El cierre de filas en torno a la línea política del presidente y su círculo cercano será para garantizar impunidad en torno a los crímenes cometidos en su sexenio como el caso de los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa y para contar con la seguridad de que el modelo económico y las reformas neoliberales aprobadas seguirán implantándose, por encima de la voluntad popular. El gobierno federal sigue apostándole a gobernar al país con los amigos y aliados del régimen, utilizando todo el aparato represivo para contener el malestar social y maniobrando políticamente para colocar en el cargo de la nueva Fiscalía al actual procurador, para cubrir las tropelías del gobierno en turno y no permitir que se descarrile el proyecto neoliberal que les ha asegurado a los grandes políticos un futuro promisorio porque se transforman en socios, asesores o consejeros de los consorcios multinacionales que les aseguran una vida de sultanes.
La lucha por la igualdad y la justicia, la exigencia de verdad y el combate a la impunidad y la corrupción es lo que marcará el rumbo de nuestro país. Los partidos políticos de nueva cuenta se frotan las manos para dilapidar los recursos millonarios para entrarle al negocio de las campañas y hacer amarres con los candidatos que les permitan dar el brinco seguro para otro cargo. El show que registraron los consorcios televisivos sobre la actuación del presidente de la República cobijado por un público cautivo es la expresión del deterioro de las instituciones y de la figura presidencial que se niega a asumir su responsabilidad de estadista y dar la cara a la nación para que el poder legislativo le acote su poder supremo y metaconstitucional y lo obligue a rendir cuentas claras al pueblo, a quien se debe.
