Silvestre Pacheco León.
Si es cierto, como se dice, que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte de los diputados se debe a la presión que sobre ellos ejercieron tanto el presidente Peña Nieto, que es comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, como los titulares de las instituciones militares, los legisladores habrán sentido ya lo que significa dejar en manos de quienes detentan las armas el destino de los mexicanos.
Pero si el voto de los diputados a favor de la LSI fue convenientemente negociado por las bancadas de los partidos, sin mirar más allá de los beneficios personales y de grupo, ya estaremos todos sufriendo las consecuencias de la ineptitud en el combate a la violencia, tanto de los gobiernos panistas como priístas, ¿o realmente creen que los militares nos traerán la paz que deseamos?
Las fuerzas armadas como institución del Estado sólo cuidarán los intereses creados.
Las experiencias locales
Recuerdo que en mi pueblo en la década de los sesenta los militares eran la autoridad de facto. El cuartel militar funcionaba en las propias instalaciones del Palacio municipal.
Su presencia era intimidante para los pobladores porque los militares se ubicaban siempre por encima del poder civil y, por razones entendibles, sólo las personas de mala fama pública mantenían cercanía e influencia con ellos.
No creo que eso halla cambiado con el tiempo.
Mi familia que por generaciones ha sido pacífica y respetuosa de la ley un día se confrontó con el teniente de la partida militar porque uno de mis tíos fue detenido por “sospechoso” de querer robar algo de una máquina Caterpillar que para todo mundo era novedad, estacionada frente al cuartel.
Al militar no le convenció la explicación de que mi tío sólo veía por curiosidad aquella máquina, y con rudeza fue llevado por los soldados hasta la cárcel.
Ni siquiera la intervención del presidente municipal sirvió para detener la arbitrariedad militar.
Fue preciso movilizar a toda la familia para que lo dejaran libre después de las humillaciones consabidas.
Ya antes, un 20 de noviembre, después del desfile, otro pelotón había intervenido con bayonetas caladas en una reunión de civiles que al tomar parte en ella estuvo a punto de desembocar en masacre.
Si los diputados federales de Guerrero no lo recuerdan, fueron soldados los que provocaron la matanza de estudiantes y padres de familia en la alameda de Chilpancingo aquel 30 de diciembre de 1960, cuando la autoridad del estado estaba en manos del general Raúl Caballero Aburto.
Un militar disparó y mató al electricista que en apoyo a una manifestación popular colgaba una manta en el poste de la calle ( uno puede suponer que con el disparo el soldado pensaba estar salvando a la Patria).
La guerra contrainsurgente
La guerra que el Ejército desató contra los luchadores sociales que se subieron a la sierra en 1967 cuando les cerraron los caminos legales, fue cruenta y sin cuartel, desplazando a la gente de las comunidades, sospechosas de apoyar a los guerrilleros para después quemar las casas y robar sus pertenencias.
Hay decenas de casos documentados sobre personas desaparecidas y asesinadas en aquella época cuyas familias sufren aún las secuelas de aquella guerra.
Después de siete años de ocupar la sierra de Atoyac, en la costa de Guerrero quedaron los retenes militares de triste memoria. ¿No recuerdan los asesinatos contra gente pacífica que distraídamente evadían los altos de revisión?
En realidad, fuera de las brigadas de auxilio que los soldados desempeñan cuando se presenta alguna contingencia y se implementa el Plan DN-III-E, los pueblos en general se quejan por las arbitrariedades y agresiones a los lugareños bajo el pretexto del combate a la siembra de estupefacientes.
La experiencia en Morelos
El Ejército mexicano tiene amplia experiencia en la lucha contra los objetivos a eliminar (así llama a las personas), recuérdense la guerra contra los indios en la frontera norte del país y el combate a las fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata, en Morelos.
El general de Brigada Juvencio Robles se hizo famoso quemando pueblos completos en la persecución de zapatistas para la “pacificación” emprendida por el presidente Francisco León de la Barra.
Con diversas tácticas de guerra contra los pueblos el Ejército federal detuvo a la hermana y a la suegra de Zapata para usarlas como rehenes. En el incendio del pueblo de Santa María Huitzilac fue que murió la hija del luchador Genovevo de la O.
El Ejército está hecho para combatir en la guerra, y hasta podríamos suponer que a la larga puede ganar la batalla contra el narco, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto pagaremos por ello? Aunque en realidad nunca se ha discutido ni se ha preguntado si el pueblo mexicano quiere ir a esa guerra.
¿Quien dice que los mexicanos estaremos más seguros si a la tarea de los policías contra la delincuencia se agrega la jefatura de los soldados para combatirla?
¿Alguno de los diputados que aprobaron la Ley de Seguridad Interior sabe lo que implica un gobierno militar de facto?
Con los militares en las calles en labor de policías lo único que puede cambiar son las quejas en contra de sus arbitrariedades porque bajo el pretexto de la persecución de delincuentes, se legalizarán las detenciones y toda clase de tácticas que puedan emplear para ganar la guerra, porque eso sabe hacer el ejército, y los soldados están entrenados para ello. No conocen de derechos humanos, ni de leyes, sólo están cumplir órdenes.
Con la aprobación de la LSI podrán intervenir en conflictos como el de la minera Media Luna para ser ellos quienes determinen los límites del derecho a la libre sindicalización.
Los maestros ya no realizarán manifestaciones por el riesgo de que provocadores alteren el orden para justificar la detención y encarcelamiento de sus líderes.
Las propias policías comunitarias y las autodefensas que han surgido como aporte de la sociedad civil para resolver en muchos casos los problemas de inseguridad, serán vistas y tratadas como enemigas.
Los periodistas y defensores de derechos humanos serán también afectados porque podrán ser detenidos bajo el argumento de que poseen información relevante o que ellos mismos son sediciosos o miembros del crimen organizado.
Como se sabe, la ley que se pretende aprobar determina que en su estrategia la autoridad civil debe subordinarse a la de ellos, quiero ver si un gobernador o un presidente municipal se va a oponer o podrá intervenir para contradecirlos.
En suma, los legisladores y el Ejecutivo están asumiendo que no hay otra salida al problema de la violencia y en vez de renunciar, en el afán de cuidar sus privilegios recurren a su última instancia que es el Ejército.
