Vidulfo Rosales Sierra.
Ángel Aguirre inició en su carrera política en las filas del PRI. Ocupó varios cargos dentro de ese partido y fue servidor público. Irónicamente cuando Rubén Figueroa pidió licencia como gobernador por la masacre de Aguas Blancas Aguirre fue nombrado gobernador interino. Como gobernante no persistió en las investigaciones de aquel caso ni en la responsabilidad de su antecesor. Rubén Figueroa, disminuido políticamente, no figuró en la escena política. Deslegitimado como estaba, pasó a una especie de retiro.
Ese impase del cacique de Huitzuco fue aprovechado por Ángel Aguirre para forjar su hegemonía y cacicazgo en la Costa Chica. Creó una red y estructura a través del clientelismo político. Hermanos, compadres y amigos se vieron favorecidos con dinero público vía proyectos productivos diversos. Cientos de concesiones de transporte público se otorgaron a sus allegados.
Así tejió su entramado caciquil y su hegemonía. Cuando quiso ser candidato a gobernador del PRI en realidad fue una disputa de los dos cacicazgos: el de la Costa Chica representado por Ángel Aguirre y el de la región norte liderado por Rubén Figueroa. Este último salió vencedor con la candidatura de Manuel Añorve Baños. Por ello Ángel Aguirre recurrió al PRD que lo arropó y sin más le dio la candidatura con la que llegó a gobernador.
El día 12 de diciembre de 2011, normalistas de Ayotzinapa se manifestaban en la autopista del Sol por mejoras para la escuela. Exigían una audiencia con el gobernador. Pero las autoridades se negaron y optaron por un desalojo violento en un operativo coordinado de policías federales, estatales y ministeriales de Guerrero. El saldo sangriento: dos estudiantes de Ayotzinapa asesinados, cinco heridos y ocho torturados.
Por estos crímenes no hay ningún procesado a la fecha. Ramón Almonte Borja y Alberto López Rosas se pasean tan campantes por Acapulco. El primero pretende ser candidato a presidente municipal del puerto.
Decenas de policías, funcionarios de primer y medio nivel a quienes les resulta responsabilidad en este caso, no fueron procesados. Ángel Aguirre por alguna razón les dio un cheque en blanco de impunidad. Lejos de ello desplegó una campaña de desprestigio contra la Normal de Ayotzinapa azuzando a las hordas conservadoras que llamaban a matar “ayotzinapos”. Así, el caso quedó en la impunidad. El entonces gobernador salía airoso de este conflicto.
Ángel Aguirre sabía perfectamente de los negocios delictivos y crímenes de los Abarca en Iguala; es decir, sabía de los cientos de desaparecidos perpetrados por la policía municipal y Guerreros Unidos. Cuando fue asesinado Arturo Hernández Cardona, lejos de pedir una investigación y procesamiento contra José Luis Abarca, lo respaldó y lo recibió en Casa Guerrero.
El 26 de septiembre, cuando los estudiantes estaban siendo agredidos en Iguala, el gobernador estuvo, momento a momento, al tanto de lo que acontecía por medio del C4. Por razones que tendrá que explicar en la investigación, omitió tomar medidas preventivas y disuasivas que evitaran los crímenes masivos contra los estudiantes.
No emprendió tareas de búsqueda de inmediato, hasta que la federación lo hizo. Su procurador Iñaki Blanco Cabrera realizó maniobras en el expediente para librar de responsabilidad al grupo de policías denominado Los Bélicos, que eran un brazo armado de Guerrero Unidos y para que el matrimonio Abarca saliera de Iguala.
Su secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, aparece con vínculos con Guerreros Unidos. Su nombre figura en una libreta de un líder de este grupo delictivo. Policías ministeriales y estatales participaron en la agresión directa contra estudiantes, incluso un policía estatal tuvo en su poder, por largo tiempo, el teléfono de un estudiante, hoy desaparecido.
El conocimiento previo de las actividades delictivas de los Abarca; su omisión para tomar medidas preventivas y evitar los crímenes contra los estudiantes el día 26 de septiembre; las irregularidades de sus funcionarios de primer nivel para favorecer a los responsables de las agresiones, y la participación directa de cuerpos policiacos estatales en la agresión y la pérdida de los videos del Palacio de Justicia por funcionarios del poder judicial de Guerrero, colocan al ex gobernador en la primera línea de responsabilidades penales. Tiene mucho que responder Ángel Aguirre.
Por lo anterior la PGR hoy en día mantiene una línea de investigación abierta contra el ex gobernador y otras autoridades estatales y municipales de Guerrero.
En este sentido los partidos políticos que lo postulan deben reconsiderar su candidatura. Su postulación ofende a las víctimas y sus familiares, envilece la política y socava los principios democráticos.
Además debe haber moral y prudencia política en los partidos que hoy lo postulan. Un ex gobernador en cuyo mandato su policía mató y desapareció estudiantes debiera estar siendo procesado.
A las dirigencias del PRD, PAN y MC les recordamos que no es normal matar, torturar y desaparecer a estudiantes. Esas son graves violaciones a los derechos humanos proscritas de todas las leyes en el mundo y el deber de toda autoridad es investigar y sancionar a los responsables directos e indirectos. En el presente caso la responsabilidad del ex gobernador debe ser dilucidada al tenor de la tercera línea de investigación que la PGR mantiene abierta.
La ligereza y superficialidad con que el PRD aborda el tema de la candidatura de Aguirre raya en el cinismo. Es el reflejo de un partido cuya dirigencia se guía por el pragmatismo y las componendas bajo la mesa. No le interesan los derechos humanos y las víctimas. Apartado de los principios y la ideología naufraga a contracorriente de los que luchan y claman por verdad y justicia.
El PRI tuvo más prudencia y cautela política. Nunca lanzaron a Rubén Figueroa como candidato a algún puesto de elección popular pudiendo hacerlo porque en aquel caso tampoco había “impedimento legal” y tenían los recursos y consensos en la zona Norte de Guerrero.
Ojalá los partidos que postulan a Ángel Aguirre reconsideren su candidatura y en su lugar nombren una mujer u hombre honesto y probo que lleve la voz de los excluidos de Costa Chica a la alta tribuna del país.
