Gaspard Estrada

Brasil en su laberinto

El atentado contra la sede del Instituto Lula, perpetrado durante la noche del pasado jueves, puso de relieve la polarización política imperante en Brasil desde la elección presidencial de 2014.
Esta campaña dejó clara la división territorial y social del voto. Los estados más ricos del país, situados en el sudeste y en el sur (en particular el Estado de São Paulo), votaron masivamente por el candidato de la oposición de derecha, Aécio Neves. Al contrario, los estados del noreste y del norte del país, donde los programas sociales implantados por los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff así como la política de revalorización del salario mínimo tuvieron mayor impacto, refrendaron su apoyo al gobierno de coalición liderado por el Partido de los Trabajadores (PT). La estratificación social del voto se consolidó (los más ricos se inclinaron mayoritariamente hacia el Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB), y los más pobres hacia el PT). A pesar del resultado inapelable de la urnas (51.7 por ciento de los votos válidos para Dilma Rousseff), algunos sectores de la oposición no aceptaron la reelección de la primera presidenta de Brasil.
Este hecho podría explicarse, al menos en parte, por la dureza del discurso de los candidatos durante la campaña electoral. Históricamente, los estrategas de campaña brasileños (comúnmente llamados marqueteiros) siempre habían tenido reticencias a utilizar de manera enfática las estrategias de campaña negativa, considerando que este tipo de mensaje político tendría, a la larga, resultados negativos para sus clientes. Sin embargo, la sucesión de hechos políticos críticos durante la campaña, como la muerte de uno de los principales candidatos (el ex gobernador del estado de Pernambuco, Eduardo Campos), así como el súbito ascenso posterior en las encuestas de la ex ministra de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva, provocó que las estrategias de campaña tuvieran redefiniciones sustantivas. Por lo tanto, la disputa política se exacerbó durante las últimas semanas de campaña, llegando al segundo turno en un ambiente de polarización política rara vez visto en Brasil.
Si bien la victoria electoral de Dilma Rousseff significó un alivio para la coalición gubernamental, así como para la ya alicaída imagen de la gestión petista, el gobierno no aprovechó este hecho histórico (la cuarta elección consecutiva de un candidato del PT a la Presidencia de la República) para salir del inmovilismo político en el cual se encontraba a raíz de las grandes manifestaciones del verano del 2013 contra el aumento a la tarifa del transporte público, por mejoras en educación y salud y en repudio a las multimillonarias inversiones hechas para el Mundial de Futbol de 2014. Por el contrario, la Presidenta dejó de defender su gobierno y su programa económico en los medios, al tiempo que su relación política con el ex presidente Lula se enfriaba y los indicadores económicos empezaban a deteriorarse. Rápidamente, la popularidad de la presidenta volvió a disminuir, al paso que su grupo de asesores cercanos la convenció –erróneamente– de que podría aprovechar la tradicional “luna de miel” post electoral con la opinión pública para cambiar los equilibrios políticos dentro de su mayoría parlamentaria, en detrimento del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del PT en el Congreso. En reacción a tal idea, los caciques del partido centrista decidieron enfrentar al poder Ejecutivo al votar proyectos de ley contrarios a los intereses del gobierno, logrando su cometido en la mayoría de las votaciones.
Este hecho contribuyó a fragilizar todavía más al gobierno de Dilma Rousseff, al tiempo que la tasa de desempleo abierto crecía y que la oposición ganaba con un discurso consistente contra el gobierno. En consecuencia, el desencanto hacia el gobierno se extendió más allá de los núcleos tradicionales de rechazo hacia el PT y su gobierno, para llegar hasta el electorado tradicional del PT. En junio de este año, por primera vez la aprobación presidencial pasó por abajo del 10 por ciento, al tiempo que la imagen del carismático ex presidente Lula se corroía en las encuestas a raíz de las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en la empresa estatal petrolera Petrobras. En pocos meses, el gobierno de Dilma Rousseff se encontró sin márgenes de maniobra para resolver la crisis política y económica que acecha a Brasil.
Sin una estrategia clara para salir del aislamiento político, el gobierno de Dilma Rousseff puede volverse más dependiente que nunca de su mayoría parlamentaria, en ausencia de un apoyo contundente de su base social y política, que hoy en día resiente los ajustes económicos impulsados por el gobierno.

* Analista del Observatorio Político de América Latina y el Caribe con sede en París.