Vidulfo Rosales Sierra
A nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes el gobierno ha presentado avances parciales. Existen varios funcionarios federales detenidos principalmente militares, se identificaron a dos estudiantes y existen líneas de investigación de lo que pudo ocurrir, así como del paradero de los jóvenes desaparecidos, sin embargo, tales avances son insuficientes para saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre y dónde están los estudiantes. Varios testigos han revelado cerca de 20 sitios donde pudieron haber sido llevados, el 80 por ciento de éstos fueron explorados sin encontrar hallazgo alguno.
Por otro lado, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y las madres y los padres de los 43, han señalado reiteradamente que el Ejército oculta información relevante del paradero de los estudiantes. Por su parte el presidente de la República ha respondido que el Ejército mexicano ya entregó toda la información relacionada con el caso y que la exigencia de las madres y padres tiene otras motivaciones. Que son objeto de manipulación.
Lo cierto es que en 2021 las investigaciones indicaban que el Ejército tenía acervo probatorio relacionado con la desaparición de los 43, por esta razón se solicitó al presidente que instruyera a los mandos militares abriera sus archivos. La Novena Región y la 35 Zona Militar, así como el 27, 41 y 50 Batallón de Infantería entregaron documentación a los miembros del GIEI por instrucciones del presidente. Los expertos del GIEI revisaron una montaña de documentos, la mayoría era paja, sin relación con la desaparición de los jóvenes. Sin embargo, los expertos hallaron documentos fragmentados y parciales que dan cuenta que el Ejército vigiló y dio seguimiento a los estudiantes el día 26 de septiembre desde su salida de la Normal hasta el momento de su desaparición. Los documentos dan cuenta de lo siguiente:
- a) Los militares tenían a por lo menos dos agentes encubiertos en la Normal. El día de los hechos informaron a sus superiores la salida de los jóvenes. Uno de los 43 desaparecidos era un agente militar encubierto. Él reportó su salida de la Normal y mantuvo comunicación constante en las horas posteriores.
- b) Cuando los estudiantes de Ayotzinapa arribaron a Iguala agentes de inteligencia militar empezaron a seguirlos momento a momento.
- c) Dos militares que operaban el C4 en Iguala siguieron en tiempo real los movimientos de los jóvenes observando lo que les ocurría.
- d) Los militares salieron a patrullar llegando a los lugares donde los estudiantes estaban siendo agredidos.
- e) Entre los archivos militares se encontró una foja tamaño carta que contiene un fragmento de un diálogo que sostienen Francisco Salgado Valladares director de seguridad pública municipal de Iguala y Gildardo López Astudillo jefe de plaza de ese lugar. En la conversación dicen que 17 estudiantes de Ayotzinapa están en barandillas municipal y serán trasladados a la brecha de Los Lobos. Este documento corresponde a una intervención telefónica que el Ejército realizó a los teléfonos de las personas mencionadas la noche del día 26 de septiembre.
Los documentos encontrados por el GIEI revelan el seguimiento del que fueron objeto los estudiantes desde su salida de la Normal de Ayotzinapa, su arribo a Iguala y el momento de su desaparición, sin embargo, la información es fragmentada y parcial.
Por ejemplo, la hoja transcrita que alude a 17 estudiantes que están siendo llevados de barandilla municipal a otro sitio es un fragmento de una comunicación más amplia, por lo tanto, es menester: 1) conocer la comunicación en su integridad y el dispositivo donde fue almacenado el audio, 2) la identidad del militar que hizo la intervención a fin de que declare y aporte información más completa, 3) los números de los teléfonos celulares objeto de intervención a fin de que sean analizados y aporten una red de vínculos mayor. Esta información faltante que se encuentra archivada en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) nos ayudaría a saber dónde están los 17 jóvenes.
La información que se solicita es concreta y objetiva, necesaria para dar con el paradero de los jóvenes. Sin embargo, el presidente AMLO lejos de instruir a los militares su entrega inmediata, levanta una cortina de humo que desvía la atención y genera confusión al referir que toda la información fue entregada y que tras la solicitud de las madres y padres hay manipuladores que tienen otros fines.
Lo correcto sería pedir al Ejército la información faltante que pueda ayudar a ubicar el paradero de por lo menos 17 estudiantes y no recurrir a la descalificación para distraer la atención. Esta actitud del gobierno sólo muestra que se encubre al Ejército y se le exime de su responsabilidad de poner a disposición información en su poder relacionada con un crimen cometido contra estudiantes.
No hay conservadores atrás de esta solicitud, ni interesados en dañar la imagen del Ejército, sólo las madres y padres de los 43 que desean saber qué pasó con sus hijos y dónde están. Las indagatorias indican que esa información la tiene el CRFI adscrito al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
El Ejército mexicano está obligado por un decreto presidencial a aportar toda la información de que disponga relacionada con el caso Ayotzinapa y ponerla a disposición de las autoridades que están investigando.