A otros seis los acusan de portación de armas
Dejan libres a los siete que tenían en su comandancia para “reeducación”
La intervención estatal fue por una llamada que informó que Suástegui y los de su organización “habían detenido, golpeado y matado a varias personas”, insiste el gobierno ante enviados de la ONU
Con amenazas de linchamiento corren a reporteros de El Sur y de La Jornada Guerrero del sepelio de los seis muertos del grupo del comisario
Colegas marchan en Acapulco y Chilpancingo
Busca el Estado acabar con las policías comunitarias y con la oposición a La Parota, advierten organizaciones
Se procesa por homicidio a 25 por hechos de
La Concepción, informa el gobierno estatal
Presenta informe del caso la Secretaría de Gobierno al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a la CNDH, a la Codehum y a organizaciones de derechos humanos. Insiste en que la intervención estatal fue por una llamada que informó que Marco Antonio Suástegui y miembros del Cecop “habían detenido, golpeado y matado a varias personas”
Texto y fotos: Mariana Labastida
Acapulco, Guerrero. La Secretaría General de Gobierno estatal informó que la autoridad ministerial emitió y ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de 25 detenidos, entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, por los hechos ocurridos el pasado domingo en la comunidad de La Concepción.
En un escrito dirigido al representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Jan Jarab; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y a organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública, la Secretaría informó de los hechos.
En el relató de los hechos, la Secretaría General de Gobierno se refiere a los policías comunitarios pertenecientes al sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como “civiles armados” vinculados con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop).
Se enfatizó que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, fueron visitados por sus familiares, y estuvieron acompañados por representantes de diferentes organismos de derechos humanos.
La Secretaría General de Gobierno en el texto relató que en una llamada telefónica al número de emergencia 911 se solicito el auxilio “debido a que Marco Antonio “N” y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades de La Parota (Cecop) habían detenido, golpeado y matado a varias personas”.
Al lugar se trasladaron policías estatales, agentes de la Fiscalía General del Estado, Policías federales y Ejército, a los que les informaron que entre las 2 y 2:30 de la madrugada del domingo hubo “un altercado en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop, resultando 2 de éstos privados de la vida con arma de fuego”.
En respuesta, “un grupo de 35 personas del Cecop, al mando de los hermanos Marco Antonio y Vicente “N”, llegaron al lugar y asesinaron con armas de fuego a 6 habitantes del pueblo”. Horas después, a las 11:30 de la mañana, según la dependencia estatal “los civiles armados del Cecop dispararon sus armas en contra de los elementos de la Policía Estatal, la cual al repeler la agresión abatieron a tres civiles armados del Consejo”.
En el escrito se indicó que se aseguraron “24 armas largas, 4 armas cortas (3 calibre 9 mm y 1 calibre .38 súper), 102 bolsas de marihuana; 628 envoltorios conocidos como “carrufos” y se liberaron a 4 personas que estaban privadas de la libertad por la Cecop”.
De las 38 personas detenidas, 26 fueron por delitos contra la salud y portación de arma de fuego ante la Fiscalía General del estado, de los cuales siete quedaron en libertad; seis fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y seis más entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente fueron llevados al penal por delitos como lesiones, despojo y robo.
Según la investigación se solicitó orden de aprehensión contra 25 personas por el delito de homicidio, entre ellas los hermanos Suástegui Muñoz, “el 9 de enero, el órgano jurisdiccional obsequió orden de aprehensión a estas personas, misma que fue debidamente ejecutada”.
La Secretaría General de Gobierno enfatizó en el respeto a los derechos humanos por lo que indicó que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, se les dio alimentos, los vieron sus familiares a los que se les informó su situación jurídica, recibieron asesoría legal de sus abogados y acompañamiento de organismo defensores de derechos humanos.
“Un representante del Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, integrantes de las Comisiones de los Derechos Humanos Nacional y del Estado de Guerrero, actuarios pertenecientes a Juzgados de Distrito y organizaciones civiles, visitaron a los detenidos y verificaron que se les respetan sus derechos constitucionales y humanos”.
Se atendieron las medidas cautelares emitidas por la CNDH el mismo domingo, y que el gobernador, Héctor Astudillo Flores expresó su convicción de que las autoridades estatales se apeguen al Estado de Derecho, apliquen la ley, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
El ataque al Cecop en La Concepción, para desaparecer
policías comunitarias y la oposición a La Parota: CRAC
Piden organizaciones que se libere al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y 37 personas más y que se detenga el hostigamiento contra el movimiento que se opone a la construcción de la presa
Karla Galarce y Beatriz García
Acapulco/ Chilpancingo (Guerrero). Integrantes de al menos una decena de organizaciones sociales y asociaciones exigieron la salida del Ejército y las policías estatal y federal de La Concepción, la liberación del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y de 37 personas más; y que detengan el hostigamiento contra el movimiento que se opone a la construcción de la presa La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En conferencia de prensa en una oficina de la delegación de los Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarro, señaló que el gobierno quiere desaparecer las policías comunitarias porque se oponen a la presa.
Cuestionó la omisión de las autoridades en investigaciones de asesinatos múltiples, como el ocurrido el año pasado en San Pedro Cacahuatepec o de líderes de izquierda.
Sin embargo, advirtió que “no podrán con la CRAC ni con el Cecop”, porque se sumarán más comunidades, pues fundamentan su conformación en la incapacidad del gobierno de garantizar la seguridad de sus habitantes.
“No somos filiales al gobierno, al partido que nos gobierna a nivel federal y estatal. No es nada accidental (la irrupción), sino provocada para ir sobre las comunidades que están organizadas para defender sus derechos”, acusó Aburto Espinobarro.
Aclaró que La Concepción es parte de CRAC-PC desde 2013 y en 2014 ratificaron la conformación de más de 30 comunidades.
Añadió que el Cecop, liderado por Marco Suástegui, es parte de las organizaciones que están promoviendo la reforma de la Constitución de Guerrero, los artículos 8 y 14, y la reforma 701 detenida en el Congreso local.
Lo ocurrido, dijo, es para detener el avance de las organizaciones que empoderan a las personas, pues aunque “de concientización lenta”, buscan promover una lucha pacífica sin confrontaciones armadas.
“La lucha es pacífica, de organización, de apoyo a la gente pero no de sumisión al gobierno, ni de domesticación del gobierno. Nos quiere aplacar el gobierno, porque tenemos más de 200 comunidades incorporadas a la CRAC. Queremos que todo el mundo sepa, que se informe a la gente. El gobierno tiene mecanismos para desprestigiar a las comunidades”, expresó el vocero de la CRAC-PC.
Abundó: “La misión que llevaba Iván Soriano Leal, de matar a Marco Suástegui y luego de ‘rescatarlo’, le ha costado a la comunidad 11 vidas, de eso responsabilizamos al gobierno. No hubiera pasado eso. Por qué (el gobierno) no hizo lo mismo cuando mataron a 11 personas en San Pedro Cacahuatepec. Iván Soriano Leal fue cómplice de Eliseo Villar Castillo cuando fue coordinador infiltrado de la CRAC-PC en 2013 y 2014, y cometieron un fraude por un monto de 740 mil pesos e Iván Soriano dijo que era teniente y guarura del Enrique Peña Nieto, manejó formatos con logos de Sedena. Esa persona está comisionada para hacerle daño a la CRAC. ¿Por qué lo liberaron?, ¿por qué fue a Cacahuatepec? Él maneja tres nombres, credenciales con diferentes cargos y está protegido, eso nos da la seguridad de que estamos en la mira del gobierno federal para ir acotando a la CRAC-PC, pero nunca podrán contra la CRAC porque es un proyecto sostenido por las bases de las comunidades”.
Continuó: “tampoco podrá con Cecop. No se va a arrodillar, no va a abandonar sus tierras, así tengan a Marco Antonio toda la vida (encerrado), estamos seguros que la Cecop va a contar con el apoyo de otras organizaciones solidarias en el estado y en el mundo”.
Cuestionó la omisión de las autoridades en investigaciones de asesinatos múltiples, como el ocurrido el año pasado en San Pedro Cacahuatepec o de líderes de izquierda.
En la conferencia, representantes señalaron también que quieren desaparecer a las autoridades comunitarias, para que “entre el narcopoder” a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a donde aseguraron, el gobierno no ha podido garantizar la seguridad de sus habitantes, de ahí que se organicen.
El integrante del Cecop, Rodolfo Chávez, advirtió que con la detención de las 38 personas en La Concepcion, la Policía Comunitaria tiene que renovarse “para impedir que entre el narcopoder a los Bienes Comunales, porque son juntos, uno solo, aquí todos sabemos y hasta el obispo lo ha dicho que están coludidos”.
Advirtió que impedirán que entren en función las zonas económicas, pues aseguró que están diseñadas para desplazar a los habitantes originales de esas tierras.
“Las Zonas Económicas Especiales, que tienen como proyecto federal, en este caso en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, dijeron que son para abrir espacios para las empresas fundamentalmente trasnacionales, pero sin indios y aquí no lo vamos a permitir. Son espacios para dejar que entren empresas transnacionales y quitar todos los obstáculos que tengan, porque el Cecop es un obstáculo, pero no lo vamos a permitir, ni la privatización de la tierra, ni la privatización del agua, ni del territorio, ni de los Bienes Comunes”, expresó el fundador del Cecop.
Comentó que la reforma energética basa sus leyes secundarias en que la tierra, prioritariamente es para quien encuentre petróleo y para la generación de energía eléctrica.
Advirtieron que no permitirán la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, aunque su oposición y defensa de sus tierras, les cueste la vida.
En la conferencia estuvieron la representante de la Comisión Política de la CETEG, Adulfina Mendoza Vázquez; de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Ernesto Guerrero Cano; del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz; así como representantes de la Unión de Trabajadores de México, del Sindicato de Telefonistas, de docentes jubilados, y Construcción de Paz.
Anunciaron que el próximo viernes realizarán reuniones informativas en Tlapa, San Luis Acatlán, Ometepec y Ayutla.
Castigo a policías: MPG
En una llamada a El Sur, el integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en Tlapa, Arnulfo Cerón Soriano, expuso que junto con organizaciones se pronunciaban en contra de lo sucedido en el poblado La Concepción.
Dijo que en una reunión junto con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), región Montaña; del Colectivo El Grito; Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña; del Frente Popular de Tlapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos, acordaron fijar una postura sobre lo sucedido en La Concepción.
“Repudiamos totalmente el asesinato de los cinco policías comunitarios y también, por otra parte, condenamos la represión mediante la detención que hicieron de más de 30. Como organizaciones sociales de la Montaña exigimos su inmediata libertad, entendemos que hoy, pues el gobierno quiere justificar lo injustificable cuando alega o menciona que éste fue un enfrentamiento”, señaló.
Expuso que cuando atacan a la policía comunitaria están atacando al pueblo de Guerrero, y que por ello exigen al gobierno del estado, encabezado por Héctor Astudillo Flores, que libere a los compañeros, castigue a los policías estatales que acudieron a reprimir y asesinar, y que cumpla con su trabajo.
Es un ataque a una organización emblemática: CCTI
Por su parte, el CCTI en un comunicado expresó su “más enérgica y rotunda condena” contra los hechos ocurridos el domingo en la comunidad La Concepción, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Subrayó que a partir de la información disponible de los hechos y en el contexto de la región, la actuación principalmente de los gobierno estatal y federal han creado una nueva agresión y provocación a dos de las organizaciones más emblemáticas del movimiento social de Guerrero, CRAC-PC y Cecop.
Abundó que se debe recordar que en este caso, la policía comunitaria de Cacahuatepec está integrada en su totalidad por miembros del Cecop; es decir, por opositores a la presa La Parota, que se caracterizan por la defensa del territorio, la cultura y los usos y costumbres indígenas y campesinos.
“Igual que en 2013, cuando el gobierno de Ángel Aguirre agredió a la CRAC-PC de Olinalá, ahora el gobernador Astudillo pretende criminalizar a la experiencia que conjunta la defensa del territorio del Cecop y la CRAC-PC, y de paso dejarle el camino libre a la muy cuestionada UPOEG en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, así como facilitar el despojo y desplazamiento de los opositores a la presa”, resaltó.
Esclarecer y castigar a responsables de hechos pide Frente Progresista
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense condenaron el asesinato de once personas en La Concepción, así como la agresión a reporteros, el allanamiento de viviendas y la criminalización de policías comunitarias.
Se pronunciaron contra la Ley de Seguridad Interior y anunciaron una parada cívica el próximo sábado en Acapulco, con la cual buscan informar a la población sobre el riesgo que representa dicha ley, pues viola derechos constitucionales y militariza la seguridad pública.
En conferencia de prensa en el edificio de La Coprera, ubicado en la avenida Ejido de Acapulco, exigieron el esclarecimiento de los hechos y “castigo ejemplar contra los autores materiales e intelectuales”. Exigieron también el cese en el cargo del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Pedro Almazán González y del fiscal general, Javier Olea Peláez.
El ex presidente del PRD, Eloy Cisneros Guillén calificó de alarmante que en un año electoral ocurran ese tipo de acontecimientos, cuando también hubo un mayor numero de asesinatos de políticos y líderes de izquierda el año pasado.
Opositores a La Parota, en pie de lucha: Zeferino Ladrillero
En tanto el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) repudió y condenó la muerte de cinco policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
El coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque, denunció que “la maquinaria de la seguridad nacional” asesinó ese día a ciudadanos al incursionar en las casas sin orden judicial y detener ilegalmente a 30 personas, violando sus derechos humanos y poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
Lara Duque recodó que durante más de 15 años la comunidad de Cacahuatepec se ha mantenido en pie de lucha para detener el proyecto de la presa La Parota, pese a la represión, la violencia y la criminalización de los gobiernos estatal y federal (Con información de Agencia Proceso).
Acusa la Fiscalía de homicidio a Suástegui y
cinco detenidos por los hechos del domingo
Incluyó ese cargo ayer por la noche, pues habían sido llevados a la cárcel de Las Cruces por otros delitos. Pide el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, fianza para el vocero del Cecop, su hermano y cuatro policías comunitarios
Texto: Mariana Labastida
Acapulco, Guerrero. El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue notificado de las órdenes de aprehensión que tenía por haber dejado de ir a firmar cada semana a los juzgados por tres procesos que están en trámite, y por una cuarta acusación se le informó que quedaba en libertad debido a que tiene un amparo.
Aunque por la noche, de la Fiscalía General del Estado se indicó que tanto el vocero del Cecop como los otros cinco detenidos y recluidos en el penal desde el domingo por la noche, están acusados de homicidio calificado por los hechos en la comunidad de La Concepción, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Vicente Suástegui Muñoz, Nemesio Valeriano Moreno y Manuel Everardo Suástegui declararon por los procesos en su contra, por los delitos de despojo y lesiones. Maximino Solís Valeriano y Javier Melchor Santiago declararon el lunes.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, solicitó fianza por los delitos por los que fue detenido Suástegui Muñoz, su hermano y cuatro personas más, montos que esperaba fueran bajos porque consideró que no son delitos graves.
Indicó que esperaba que no se les vinculara con los hechos del domingo en La Concepción, porque cuatro de ellos no pertenecen a la Policía Comunitaria.
En el juzgado cuarto penal se le notificó a Marco Antonio Suástegui sobre las órdenes de aprehensión que tenía porque dejó de acudir semanalmente a firmar, lo que se consideró por las autoridades como una evasión de la justicia.
“Dejó de firmar porque había una nueva fabricación de expediente, no es evadir la justicia, simplemente protegerse”, respondió el abogado de Tlachinollan.
Al vocero del Cecop se le siguen procesos por el delito de despojo en agravio del empresario Humberto Marín; por lesiones agravadas en los hechos ocurridos en Parotillas en abril de 2014, y por lesiones simples, denuncia hecha por el comunero Jacinto Solís. Tiene una cuarta acusación por despojo, por un terreno que la comunidad de Amatillo que decidió fuera panteón y uno de los vecinos reclamó como propio, sin embargo por tener una amparo contra dicha averiguación el juez le dio la libertad.
Por lo otros delitos de los que se le acusa el abogado solicitó fianza, la cual esperaba que el juez la asignara ayer por la tarde, pero no fue así, y en su lugar se le notificó que estaba acusado de la muerte de seis vecinos de La Concepción, el pasado domingo.
Rogelio Téliz explicó que por las tres órdenes de reaprehensión podría lograr la libertad Suástegui Muñoz pagando una fianza, la cual esperaba fueran de monto bajo porque los delitos no son graves.
Y que esperaba que no fuera acusado por algún delito por los hechos del domingo, pues argumentó que Marco Antonio y su hermano Vicente, así como Nemesio Valeriano y Manuel Everardo Suástegui no son parte de la Policía Comunitaria.
“Iba porque todos los domingos hay asambleas. La Policía Comunitaria es decisión de los pueblos y hay coordinadores y consejeros, algunos de ellos están detenidos pero Marco Antonio no pertenece ahí, al llegar la gente le preguntó qué opinan al respecto y después la ejecución extrajudicial”, señaló.
Téliz García recalcó que no se tenía porqué fincarle ningún otro delito a los seis detenidos, e incluso recalco que dos de ellos, Vicente y Javier, estaban procesados por delitos derivados de la impartición de justicia.
Sin embargo por la tarde se supo que en el expediente los seis detenidos e ingresados desde el domingo al penal, fueron también vinculados a los hechos en La Concepción y acusados de homicidio calificado.
Por la noche, Rogelio Téliz expuso que a Vicente Suástegui Muñoz se le puso una fianza de 194 mil 288 pesos; a Nemesio Valeriano Moreno de 27 mil pesos, al igual que a Manuel Everardo Suástegui, los tres por la denuncia hecha en su contra por un hecho que ocurrió en Amatillo, donde un vecino reclamó el terreno que la comunidad decidió que se ocupe como panteón.
A Javier Melchor Santiago, a Maximino Solís Valeriano y a Manuel Everardo se les fijo una fianza de 60 mil pesos, por el delito de lesiones en agravio de Jacinto Solís.
Fincan cargos a 19 policías comunitarios
por homicidio, y a seis por portación de armas
En total son 31 con los seis enviados a Las Cruces desde el domingo, incluidos Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente. Fueron liberados, por falta de pruebas, siete hombres que mantenían en su comandancia para lo que llaman “reeducación”
Texto: Argenis Salmerón
Acapulco, Guerrero. La Fiscalía Regional de Acapulco ejecutó ayer una orden de aprehensión contra 19 policías comunitarios de la CRAC, por el delito de homicidio calificado, y fueron puestos a disposición del juez de control acusados de protagonizar los hechos violentos en la comunidad de La Concepción.
Y otros seis policías comunitarios fueron enviados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de portación de arma de fuego.
Mientras que siete hombres que permanecían en “reeducación” en la comandancia de la CRAC, quedaron en libertad.
Los otros seis detenidos, encabezados por el vocero del Cecop, Marco Antonio Suastegui Muñoz, y su hermano Vicente, desde el domingo fueron trasladados a la cárcel de Las Cruces por los delitos de robo, despojo y lesiones, y ayer también fueron acusados de homicidio calificado.
De acuerdo con la información oficial recabada, de los 38 detenidos, 31 son policías comunitarios y siete habitantes en proceso de reeducación en la comandancia de la Policía Comunitaria de la CRAC.
Estos siete habitantes fueron liberados después de las 3 de la tarde porque no se comprobó un delito, y permanecían solamente porque tienen problemas de alcoholismo.
Los liberados son Cristian Olea Hernández, Eleonor Melchor García, Prisciliano Pascual Ortega, Erick Romero Galeana, Alejandro Moctezuma Trujillo, Luis Ángel Hernández López y Daniel Hernández López.
Después de las 6 de la tarde, 19 policías comunitarios, mediante un fuerte despliegue policiaco, fueron trasladados de la Fiscalía Regional de Acapulco rumbo al área de seguridad del juzgado de control, en el edificio que pertenece al Tribunal Superior de Justicia, ubicado en el bulevar de Las Naciones.
Fuentes de la Fiscalía dijeron que el juez de control determinará la medida cautelar en la audiencia inicial para formular la imputación por los homicidios. En caso de que el juez determine prisión preventiva, los policías comunitarios serán enviados al penal de Las Cruces.
Los familiares de los detenidos gritaron al ver las patrullas que llevan a sus parientes: “Libertad a los presos por luchar” y “No están solos”.
En el caso de los seis detenidos enviados a la PGR, están en completo hermetismo por parte de la autoridades federal.
En tanto, los detenidos encabezados por el vocero del Cecop, enviados el mismo domingo al penal de Las Cruces, según el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz Hernández, su situación jurídica se resolverá el viernes o sábado.
Antes, en declaraciones a reporteros, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que había 21 detenidos en la Fiscalía por el delito de narcomenudeo y seis en penal de Las Cruces.
Más tarde, la Fiscalía General del Estado informó en redes sociales: “FGE/ región Acapulco dejó en libertad a 7 personas porque no existió imputación de delito alguno en su contra en hechos de La Concepción”.
Entregan los 11 cuerpos
La Fiscalía General del Estado informó que lunes se entregaron los cuerpos de las 11 personas asesinadas a balazos en dos enfrentamientos a balazos en La Concepción.
Cinco cadáveres fueron de policías comunitarios de la CRAC, dos de ellos asesinados en el primer enfrentamiento, y los tres asesinados por los policías en el segundo hecho violento, de acuerdo con publicación en estas páginas.
El resto, los seis cuerpos, fueron en el primer enfrentamiento a balazos registrado a las 3 de la madrugada del domingo.
Lea toda la información en nuestra edición de este miércoles 10 de enero:
Páginas 2 a 4 y 15 a 17
