▼ Pide a la federación que vea al estado como un problema de seguridad nacional
▼ Tiene con PRI y PVEM la primera reunión hacia el Pacto para la Seguridad
▼ La entidad está en orden y sólo en zonas no hay la gobernabilidad que se quisiera, dice Florencio Salazar a diputados
▼ Ya reportó ante Gobernación al obispo de Chilpancingo por su relación con grupos de la delincuencia, informa
“No tengo los recursos humanos ni materiales para enfrentar el tamaño del problema que tengo en Guerrero”, se sincera en entrevista con Denise Maerker
Texto: Daniel Velázquez
Foto: Archivo El Sur
El gobernador Héctor Astudillo Flores declaró que Guerrero vive un grave problema de inseguridad que requiere ser atendido “con la mano” de la federación, pues el estado no tiene recursos humanos ni materiales para enfrentarlo.
Astudillo dijo que el problema de la violencia en Guerrero “brilla negativamente” y que esto es consecuencia de la tragedia que vivió la entidad, sin especificar cuál, pero se entendió que se refiere a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014: “No se debe olvidar que el caso Guerrero es un asunto de seguridad nacional y así tienen que verlo y aprovecho tu medio para expresarlo. Ojalá y sea escuchado”.
En declaraciones al noticiero de Radio Fórmula de Denisse Maerker, sobre el problema de violencia e inseguridad en la entidad, Astudillo Flores aceptó que en la entidad ha crecido el problema de la violencia.
“Tienes toda la razón, hay en Guerrero una ruta de incremento y en el país, pero eso no justifica de acciones delincuenciales a las que hay que hacerles frente todos los días”.
De los recursos con que cuenta el estado para enfrentar el problema de inseguridad, el gobernador reconoció que “no tengo los recursos humanos ni materiales para enfrentar el tamaño del problema que tengo en Guerrero, pero lo hago todos los días con lo que tengo. Estoy en todos los problemas, voy a hacer una tarea titánica pero la voy a hacer y van a regresar a la escuela” en los municipios de Zitlala y Chilapa. Luego Astudillo Flores añadió que como gobernador de Guerrero “estoy con la calidad moral para decir y exigir que hay un grave problema en este estado que hay que atender con la mano de la federación”.
A la pregunta de si se siente abandonado por la federación, Héctor Astudillo respondió que no. “No, no estoy abandonado pero creo que necesitan poner más los ojos en Guerrero”.
–¿No le agobia despertar y ver las cifras del fin de semana, cuando se registraron 16 homicidios y se encontró una fosa con 14 cuerpos?
–Me preocupa, me lastima, me hace sentir en ocasiones con un sentimiento de impotencia, pero trato todos los días de darme ánimos porque soy el gobernador y tengo enfrentar. Soy el primero que lo tengo que enfrentar pero también haría muy mal en pensar que solo lo voy a resolver.
–¿Se siente abandonado?
–No, no estoy abandonado pero creo que necesitan poner más los ojos en Guerrero.
Insistió en que no puede bajar la guardia, que Guerrero vive una situación complicada y que todos los días debe intentar atender el problema de la inseguridad.
Del cierre de escuelas, Astudillo Flores explicó que a consecuencia del sismo del 19 de septiembre se suspendieron clases en las escuelas para esperar que los edificios fueran revisados y descartar riesgos y fue en ese lapso cuando grupos de la delincuencia organizada dejaron mensajes en los planteles, “para espantar a maestros fundamentalmente”.
Agregó que las fuerzas federales de seguridad pública le darán seguimiento al problema del cierre de escuelas en Chilapa y Zitlala para hacer sentir a los maestros, alumnos y padres de familia “que hay toda la determinación de la federación y el estado” para resolver el problema.
Astudillo Flores reiteró que la ubicación geográfica de Chilpa y Zitlala “está al pie” de una zona donde se siembra, produce y se saca amapola y eso genera una “competencia salvaje” entre grupos de la delincuencia organizada que deriva en asesinatos y amenazas.
Ofreció hacer “todo lo que sea necesario” para devolver la confianza a los maestros, alumnos y padres de familia para que reanuden clases.
Hay orden en el estado y sólo en zonas no hay
la gobernabilidad que quisiéramos, dice Florencio
En su comparecencia ante diputados por la glosa del Segundo Informe de Astudillo, el secretario de Gobierno reconoce que hay regiones donde “no es recomendable transitar a ciertas horas”
Texto: Rosalba Ramírez García
Chilpancingo, Guerrero.- El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, reconoció ante diputados en su comparecencia en la sala José Francisco Ruiz Massieu en el Congreso local, que la gobernabilidad en el estado “no es la esperada” y que hay zonas en el estado en las que no es “recomendable transitar a ciertas horas” por la violencia generada por grupos criminales que se disputan el control.
Sin embargo en diferentes momentos de su comparecencia, Salazar Adame destacó ante diputados de diferentes partidos que en la entidad hay “orden”, que “no es la gobernabilidad que quisiéramos, que tuviera una absoluta solidez, pero todas las instituciones operan con regularidad”.
En la comparecencia que duró casi seis horas, el secretario de Gobierno reconoció que hay zonas en el estado en las que “no es recomendable circular a determinadas horas del día”.
Se refirió a las zonas en las que hay riesgos por las disputas entre grupos de la delincuencia organizada que buscan el control de territorios.
Reconoció que “no es la gobernabilidad que quisiéramos, que tuviera una absoluta solidez, pero todas las instituciones operan con regularidad y podemos transitar con certidumbre por todo el territorio del estado. Las instituciones sí operan, ya no se vandalizan, no hay atentados contra edificios públicos, y están abiertas las oficinas de gobierno. En efecto, se ha logrado el orden y nos falta, por supuesto, lograr plenamente la seguridad”.
En reiteradas ocasiones el funcionario estatal destacó que en el estado hay libre tránsito porque han evitado las protestas.
Las recomendaciones
En su informe, la Secretaría General de Gobierno informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en estos dos años una recomendación para los Centros de Readaptación Social de Guerrero.
Destacó también que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) disminuyeron, pues de 60 que recibió la administración estatal en 2016, en lo que va de este año se han emitido 44.
De esta última cifra 18 fueron dirigidas a la Fiscalía General del Estado (FGE); diez a la Secretaría de Salud (SSa); seis a la de Educación; tres a la de Finanzas y Administración; dos a la de Seguridad Pública; dos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; una a la Secretaría del Trabajo; otra a la Dirección General del Colegio de Bachilleres; una al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense; una al CECyTEG; y otra más a la Procuraduría de Protección Ecológica (Propeg).
Recomendaciones de la Codehum
Festejó también que de acuerdo a sus estadísticas hay una disminución de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), durante el segundo año de gobierno de Astudillo Flores.
De 60 recomendaciones que se tuvieron el año pasado bajaron a 44, lo que representa un 20 por ciento menos.
También informó que de las 44 recomendaciones recibidas 18 fueron para la Fiscalía General del Estado; diez a la Secretaria de Salud; seis a la Secretaria de Educación; tres a la Secretaria de Finanzas y Administración; dos a la Secretaria de Seguridad Publica; dos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; una a la Dirección General del Colegio de Bachilleres; una al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense; una al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero; una a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, finalmente una a la Procuraduría de Protección Ecológica.
Salazar Adame indicó que se cumplieron 25 recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, de administraciones anteriores, emitiéndose 34 opiniones y propuestas.
Del caso de Aguas Blancas, dijo que realizaron el pagó total de la reparación del daño, que incluye las indemnización a los familiares de las víctimas, así como el acompañamiento a dos defensores de derechos humanos y 18 periodistas, quienes recibieron asesoría y orientación en el proceso de vinculación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), informó que han dado seis mil 27 asesorías en carpetas de investigación, mil 126 asesorías sin denuncia, 378 atenciones en trabajo social y 294 atenciones sicológicas.
Informó que la dependencia capacitó a tres mil 152 funcionarios municipales en los 81 municipios, además se “establecieron las bases” para la instalación de 77 Sistemas Municipales de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia e Igualdad Entre Mujeres y Hombres, a partir de la declaratoria de la alerta por violencia de género que decretó la Secretaría de Gobernación (Segob).
Habló de manera muy superficial el tema de los desplazamientos forzados en el estado derivado de la violencia y los enfrentamientos entre grupos delictivos. El secretario general de gobierno dijo que dieron atención a 2 mil 612 personas, de 65 familias, originarias de las comunidades de Quetzalcoatlán; La Tondonicua; La Unión y Tepango; Ahuihuiyuco y Tepozcuautla; de los Municipios de Zitlala, Petatlán, Ayutla de los Libres y Chilapa de Álvarez.
Sobre el obispo Rangel
El secretario en su informe hace referencia a “las reiteradas declaraciones del obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en virtud de sus graves declaraciones sobre la presunta vinculación de servidores públicos con el crimen organizado, sin aportar pruebas que lo avalen”.
Dijo que esas declaraciones ya son “del conocimiento” de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación “por su intromisión con grupos de la delincuencia, bajo el supuesto de promover acuerdos para terminar con la violencia”.
Y continúa: “con fecha 28 de junio de 2017, el mismo prelado declaró a un medio informativo la presunta participación de la Secretaría General de Gobierno de intervenir sus llamadas telefónicas con equipo especializado” que la dependencia rechazó a través de una carta aclaratoria publicada en este medio.
Y pidió que “la orientación pastoral se realice en el marco de la ley y en el caso de tener información de servidores públicos vinculados a actividades delictivas, acudan a las autoridades competentes a fin de presentar las denuncias y las pruebas correspondientes”.
Ley de los pueblos indígenas
Sobre la ley 701 la cual regula a la policía comunitaria, Florencio Salazar recordó que el gobernador Héctor Astudillo Flores envió al Congreso local una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución del estado.
En el texto actual se establece que el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública prevención del delito de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a través de su Policía Comunitaria.
Pero en la propuesta de Astudillo Flores se apunta que en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas se establecerá “una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia”, entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal.
Hasta el momento las comisiones de Justicia y Asuntos Indígenas no han dictaminado, pues las fracciones el PRI y PVEM buscan aprobar la reforma enviada por el gobernador, y después se realice la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la ley federal a la Constitución local.
Florencio Salazar reiteró que los funcionarios de Astudillo Flores no maquillan cifras ni estadísticas, lo que el diputado de MC Ricardo Mejía Berdeja le festejó pero le pidió que entonces también las reviertan, porque no son alentadoras.
Salazar Adamen dijo que gobernar Guerrero es un constante desafío, “lo que somete al gobierno estatal a una dinámica en la que se tienen que priorizar las acciones”.
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez dijo que Guerrero padece la más severa crisis de credibilidad en las instituciones de la historia y que “no hay un solo rubro en el que el gobierno destaque con políticas públicas acertadas y que disminuyan lo que más padecemos: pobreza, marginación, deficiente sistema de salud pública, justicia y seguridad”.
Le preguntó cómo es que se mantiene en el cargo como secretario de Gobierno a pesar de fallar en su tarea como encargado de la política interna, a lo que el funcionario le respondió sarcásticamente que “me mantengo muy ocupado, no hay día que no estemos en la oficina”.
La diputada también preguntó por los asesinatos de Ranferi Hernández Acevedo y Eduardo Catarino Dircio, pero en ambos casos Salazar Adame se refirió a que es la fiscalía del estado la encargada de la investigación.
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