Respeta las opiniones en contra, y cree que la nueva norma por sí misma no terminará la violencia en el estado, “pero hay que dejarla llegar, hay que dejarla que opere”, dice el gobernador
Es una movida política para desplazar el Ejército y atemorizar a la población ante las elecciones, dice el obispo Salvador Rangel
Ante la inseguridad, sociedad y gobierno deben cerrar filas, plantea el presidente de la Codehum
Llama Ramón Navarrete a las instituciones a dar los resultados esperados en el combate al crimen organizado
Reclama la CRAC que el gobierno no la llamara para el Pacto por la Seguridad
Texto: Zacarías Cervantes
Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Chilpancingo, Guerrero.- El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció ayer que hoy lunes, invitado por la Junta de Coordinación Política, acudirá a la Cámara de Senadores en la capital de la República a defender la Ley de Seguridad Interior y que opinará que debe ser aprobada.
Y en referencia a la fuerte oposición de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y de expertos en la materia, el gobernador dijo que sabe “que hay voces que se oponen, pero con mucho respeto, acudiré a dar mi opinión”.
El gobernador reconoció, sin embargo, que no cree que esa ley sea la solución al problema de la violencia que vive el estado, “pero hay que dejarla llegar, hay que dejarla que opere”.
Añadió que las circunstancias en que está Guerrero obligan a encontrar algún mecanismo de ayuda, en este caso, dejando totalmente en manos del Ejército y de la Marina las tareas de seguridad pública.
A pregunta de los reporteros, el gobernador declaró que los “grupos armados”, como se refirió a los grupos de autodefensa, policías ciudadanas y comunitarias a los que no ampara la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, tendrán que someterse a ella.
Astudillo Flores asistió a las 12 del día a la ceremonia con motivo del 69 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebró en las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Al término, los reporteros le preguntaron su opinión con respecto a la Ley de Seguridad Interior que está en la agenda para ser aprobada esta misma semana por la mayoría priista en el Senado. Aclaró que en la misma ley está el planteamiento de que es temporal, no definitiva, y por eso ante las críticas de que con ella se abre paso a la militarización del país y a un empoderamiento de las fuerzas armadas, dijo que hay que insistir en la temporalidad de la ley. “Yo creo que es un asunto que falta decirlo, falta difundirlo”, subrayó.
Contó que los gobernadores del país en diversas reuniones han expresado su interés, y que la orientación de ellos es “la necesidad de la existencia de esta ley”. Al respecto, adelantó que él será “congruente” con lo que ha dicho, “voy a decir todo lo que he venido diciendo en los últimos tiempos”, dijo en referencia a su defensa de la Ley de Seguridad Interior.
Declaró que el caso Guerrero es “muy significativo” en relación con esta ley, “entonces estaré mañana en el Senado a las 10 de la mañana, fui convocado; y daré, por supuesto, mi posición de manera seria, de manera responsable y con base en también a las circunstancias que se viven en Guerrero”, adelantó Astudillo Flores.
Luego reconoció: “Yo entiendo perfectamente que hay voces, muy respetables, que expresan en sentido contrario su opinión de esto. Yo creo que está muy bien que lo digan, yo creo que las cosas pueden ser mejores, ¿verdad? Vale la pena que nosotros también demos nuestra posición y lo vamos a hacer en pleno ejercicio de nuestros derechos, en pleno respeto también a las opiniones contrarias”.
En cuanto a la temporalidad de la ley, Astudillo Flores declaró que el caso de Guerrero no es de tiempos, “yo creo que Guerrero es un asunto muy delicado, que hay que dejar verla con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Guerrero necesita del apoyo absoluto de la federación para enfrentar el problema de la inseguridad”, dijo.
Declaró que, de hecho, en Guerrero ya hay presencia de las fuerzas federales, pero que están “con demasiadas limitaciones”.
Atribuyó a estas limitaciones la tardanza de las fuerzas federales en llegar a algún lugar alejado, en donde hay enfrentamientos y confrontaciones.
“Necesitamos más recursos materiales y necesitamos más recursos humanos, ante la debilidad, que lo tengo que reconocer, como lo he dicho en el Pacto de Seguridad, de las instituciones”, declaró el gobernador.
Reconoció que a dos años que lleva como gobernador, la debilidad continúa “aun contra mi voluntad de lo que he querido hacer”.
En una segunda entrevista reconoció, sin embargo, que está consciente de que la Ley de Seguridad Interior no resolverá el problema de la violencia en el estado, “pero hay que dejarla llegar, hay que dejarla que opere”. Añadió que las circunstancias en que está Guerrero obligan a encontrar “algún mecanismo de ayuda”.
Insistió en que desde su punto de vista esta ley debe funcionar en el país “Guerrero es uno de los estados que seguramente, con los cuidados correspondientes, con respeto al propio contenido de la ley, de defender los derechos humanos y su temporalidad, creo que es un asunto que debe caminar”.
– ¿Está convencido de que será la solución al problema de la violencia en el estado? – insistió el reportero.
– No, yo no creo que vaya a resolver el problema de la violencia. Yo creo que será una manera de poder disminuir los indicadores tan graves que tiene Guerrero. Yo creo que en este país no hay quien diga cuál es el mecanismo para resolver el problema de la violencia.
Explicó enseguida que una de las cosas que contenía el Pacto por la Seguridad era la aprobación de esta ley y la aprobación del Mando Policial Único, que anunció “ya está saliendo y va circunstancialmente, sin programarlo, con el tema de la ley”.
Declaró que entre los sectores con los que se ha reunido en el marco del Pacto por la Seguridad son diversas las opiniones, “podría yo decirte que no hay unidad en torno a las opiniones, pero la mayoría no la ve mal, creo que la ven bien”.
El gobernador declaró que en la reunión que tuvo con los dirigentes del PRD, no se le pidió la renuncia del fiscal Javier Olea Peláez, sino que se le propuso “revisar” el caso, pero que no le dijo ni el nombre ni el cargo.
Con respecto al problema de los grupos de autodefensa, que se hacen llamar policías ciudadanas o comunitarias, respondió que “el tema de los grupos armados, más bien dicho, lo digo con toda claridad”, se tienen que alinear en base al respeto a la ley.
Añadió que la propia ley correspondiente habla en qué lugares y en qué circunstancias pueden participar, “todos los demás sencillamente están fuera de la ley”, insistió.
–¿Intervendría ante estos a grupos armados?
–Primero hay que esperar que se apruebe la ley.
La defensa de los derechos humanos es prioridad de su gobierno, dice
En la celebración del 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el gobernador Héctor Astudillo Flores expuso que la defensa de los derechos humanos es prioridad para su gobierno.
Advirtió asimismo que se vive en Guerrero un momento especial, y por eso ha promovido un pacto por la seguridad, que aunque no va a resolver el problema es un esfuerzo de unidad entre los guerrerenses para expresar la preocupación y la necesidad de que la federación se ocupe más por ayudar al estado que más ha sufrido los estragos de la violencia.
En su participación Astudillo Flores dijo que quería subrayar que la Codehum se formó antes que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con todas las formalidades.
“Reviste la Comisión Estatal de los Derechos Humanos una especial importancia, en 1990, al ser creada por aquel entonces a iniciativa de quien fue gobernador del estado, el licenciado José Francisco Ruiz Massieu… no olvidemos los que estamos en este lugar y los guerrerenses, que el antecedente más remoto en este país de la defensa de los derechos humanos está en los Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, por José María Morelos y Pavón”.
Abundó que el gobernador venía a reconocer el trabajo del organismo, a reconocer la importancia y a ratificar su compromiso absoluto en la defensa de los derechos humanos de todos los hombres y mujeres de Guerrero, que la defensa de los derechos humanos es y será una prioridad para el poder ejecutivo que encabeza y que valía la pena decir que se vive un momento especial.
“Hemos hecho un planteamiento, el pacto por la seguridad, que como lo he expresado con quienes nos hemos reunido y en diversas entrevistas que me han hecho, no va a resolver el problema de la seguridad. Sería muy ingenuo pensar que así podría ser. El pacto por la seguridad es un esfuerzo de unidad entre los guerrerenses, para expresar nuestra enorme preocupación y la necesidad de ocuparnos más, por parte también de la federación, por este estado que ha sufrido los estragos de la violencia”, sostuvo.
Añadió que el pacto circunstancialmente, se coloca también paralelamente al debate sobre la Ley de Seguridad Interior.
Informó que este lunes a las 10 de la mañana estará en el Senado de la República, convocado por la Junta de Coordinación Política, que entiende que también varios otros gobernadores estaban siendo convocados para expresar su posición en torno a la posible aprobación de esta iniciativa.
Subrayó que los senadores tienen en sus manos la posibilidad de darle cauce en términos de la propia ley a esta minuta, que vale la pena retomar lo que ha expresado recientemente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de esta ley que genera controversias, que ha generado expresiones de diversas organizaciones.
El gobernador dijo que, por lo tanto, vale la pena ampliar las expresiones, escuchar a las partes involucradas, escuchar a quienes deseen expresar sus comentarios, sus análisis, sus razones del porqué sí y sus razones del porqué no.
Por lo tanto, abundó que este lunes dará las razones del porqué sí en Guerrero y es conveniente la existencia de esta ley, sin olvidar que será parte de los “elementales razonamientos” que dará, como defender los derechos humanos.
“Esto me parece muy importante, igual que la temporalidad. No puede ser una ley permanente, las circunstancias por las que atraviesa Guerrero obligan a pensar en acciones de ayuda, que puedan realmente favorecer a los guerrerenses hombres y mujeres, cuidando siempre que ningún exceso pueda presentarse en la ruta de defensa de los derechos humanos, de defensa de los intereses legítimos en su persona y en su patrimonio de los hombres y mujeres de Guerrero”.
Expresó a la Codehum su solidaridad, como dijo lo ha hecho en todos los aspectos, que en este caso para el cierre del año, especialmente en el administrativo, porque ha girado instrucciones al secretario de Administración y Finanzas, Héctor Apreza Patrón, para que pueda atenderse en todas las prestaciones que se requieren por motivo del fin de año. (Redacción).
(El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Ramón Navarrete Magdaleno, y el gobernador Héctor Astudillo se despiden al término del acto conmemorativo por el aniversario 69 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Se cosechó poca amapola en la sierra y por
eso la violencia entre bandas, dice el obispo
El origen de los actuales enfrentamientos entre los grupos de El Teniente y El Señor de la I está en la destrucción de plantíos que comenzó en abril, afirma Salvador Rangel. Opina que mientras no haya apoyos oficiales para los campesinos, el gobierno debería de dejar que cultiven y vendan la flor, “si no, de qué van a vivir”
Texto: Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero. El obispo Salvador Rangel Mendoza declaró que la violencia que se desató en pueblos de la sierra entre bandas del crimen organizado, tiene su origen en la destrucción de plantíos de amapola llevada a cabo por el Ejército en abril y lo que vemos ahora es una disputa por la poca cosecha que obtuvieron los productores.
Consultado vía telefónica este domingo, informó que los habitantes de la zona le han contado que primero la gente de Juan Castillo Gómez, El Teniente, fue a Pueblo Viejo hace tres meses a desplazar al grupo de Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, y que ahora éste, en venganza, llegó la semana pasada a Izotepec y a Polixtepec, que son territorio del primero.
El obispo reiteró su propuesta de que mientras no haya apoyos oficiales para los habitantes de los pueblos de esa zona, el gobierno debería de dejar que los campesinos cultiven y vendan la amapola, “si no, de qué van a vivir”.
En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, el obispo declaró que ésta no va a resolver el problema de la violencia en el estado y que, más bien, se está promoviendo con motivos electorales con miras a 2018.
El encargado de la diócesis Chilpancingo-Chilapa declaró que en los pueblos de la sierra se está viviendo una “situación muy especial”. Informó que allá hay una guerra de grupos de narcotraficantes y que el problema se originó desde Semana Santa pasada, “cuando subió el Ejército a cortar y a fumigar la amapola”.
Explicó que esta medida “escaseó” la goma de opio; entonces la poca goma que existe se la están peleando.
“Ustedes saben que los de Izotepec y toda esa zona atacaron (en agosto pasado) Pueblo Viejo, que anteriormente controlaba el señor Isaac (Navarrete) y ahora el mismo Isaac vino a atacar los pueblos del famoso El Teniente (Juan Castillo). Allí es una guerra entre los dos grupos de narcotraficantes”.
El obispo agregó que “lo penoso” es la inseguridad que sufre la gente que no está involucrada con estos dos grupos. Agregó que incluso le informaron que en la entrada a la sierra, después de Filo de Caballos, uno de los dos grupos está parando y asaltando a toda la gente.
“Tengo una información muy particular, me dijo el párroco del lugar que subieron los soldados pero que salieron corriendo, entonces uno se pregunta actualmente quién está dominando la situación”.
Añadió que también le dio pena que cuando tuvo que salir la gente de Pueblo Viejo, y comunidades de alrededor, por la balacera que ocurrió en agosto pasado, lo hicieron de noche, en medio de la sierra y en periodo de aguas, “imagínese todo lo que están haciendo sufrir”.
Insisto en que por esto debe haber un acercamiento, “ver qué podemos hacer para que esta gente ya no sufra y dejarla vivir en paz”.
Recordó que él siempre ha apoyado el diálogo y que ha pedido que ya no suba el Ejército, “porque al subir es como si le picamos a un panal de avispas, se alborotan y empiezan a picar”.
Declaró que si en la sierra se siembra la amapola, es porque la gente no tiene otra opción, “la gente tiene necesidad de comer y si se les quita eso, qué les vamos a dar de comer a esa gente, es por eso que yo digo que también las autoridades, sobre todo federales, deben voltear más a Guerrero. Nos deben tender más la mano con ciertos programas, con los que la gente olvide la amapola y se dedique a otro tipo de cultivos”.
El obispo dijo que está consciente de que por sus declaraciones en este sentido “ciertas autoridades del gobierno se han sentido mal y ya me están tomando como un enemigo de ellos, pero yo no quiero ser su enemigo, simplemente digo lo que yo creo que es la verdad y es lo que incomoda, a veces, pero yo lo que quiero es construir y ayudar a Guerrero. Yo no tengo ninguna otra pretensión”, declaró.
Por ejemplo, se quejó de que hace unos 10 días las autoridades, no sabe de qué ámbito, no le autorizaron un vuelo en helicóptero para que fuera a coronar una virgen y a celebrar confirmaciones a Pandoloma, municipio de San Miguel Totolapan.
Contó que la gente de la comunidad gestionó su viaje en helicóptero, pero que se lo canceló de última hora la Secretaría de Gobernación; que después un personaje pagaría el costo de un vuelo privado, pero que tampoco se lo autorizaron. “La cosa es que la gente se quedó esperando al obispo”, denunció.
La Ley de Seguridad, “movida política”
Para el obispo Rangel Mendoza, la Ley de Seguridad Interior “de ninguna manera” es la solución al problema de la violencia en el estado.
“Bien sabemos que el papel del Ejército es defender la patria contra los enemigos, y creo que nosotros, los mexicanos, no somos enemigos del Ejército. Además existe la policía, por eso se llama policía preventiva”, declaró.
Insistió en que darle facultades directas al presidente de la República y de manera discrecional al decidir a dónde va o no el Ejército, “me parece un asunto peligroso, puesto que tenemos en México un país democrático, dividido en los podres que deben desempeñarse de una manera armoniosa”.
El prelado advirtió que la Ley de Seguridad Interior se quiere aprobar al vapor, “yo personalmente creo que es más bien una movida política ahora que vienen elecciones, para poder desplazar al Ejército en las calles y eso va a atemorizar más a la gente”.
Insistió en que por esa causa no confía mucho en esa ley, “para mí la solución es tratar de preparar mejor a la policía de los tres órdenes, tanto federal, estatal, como municipal”, propuso.
También agregó que es necesario certificar a las policías y darles preparación “porque para mí (la Ley de Seguridad Interior) es una salida muy fácil, aventar la bolita al Ejército y desobligar a la parte civil y a las policías, esto no se me hace justo”.
El obispo Rangel aseguró que ha preguntado a mucha gente y que la opinión de la mayoría “a pesar de que en Guerrero vivimos una situación muy difícil, creen que las cosas se van a complicar mucho más dándole esas facultades al Ejército”.
También declaró que se ha visto que la militarización no ha dado resultados, “vea cómo ha aumentado la presencia del Ejército y de la Policía Federal en lugares muy claves, por ejemplo Chilapa y Zitlala, en donde ha aumentado el crimen y la delincuencia, ese es otro gran argumento que yo tengo. No aumentando la presencia de los militares la delincuencia se va a venir abajo”.
El obispo agregó que Guerrero tiene una situación muy especial, “un estado en donde en la mayor parte del territorio hay presencia de los grupos de narcotraficantes, y se ve que no precisamente tiene la autoridad el Ejército ni el estado. Yo creo que militarizando las cosas no va a cambiar, sino que se va a empeorar”.
Lea toda la información en su edición de este lunes 11 de diciembre:
Páginas 2, 3 y 4
