Guillermo Álvarez Nicanor
En el contexto del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, el 1º de enero de 1994, en Chiapas y del auge del movimiento indígena del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, el 14 de septiembre de 1994 se grabó en la memoria colectiva de Guerrero no como una fecha cívica, sino como un recordatorio vergonzoso de la violencia que el Estado puede ejercer sobre sus propios ciudadanos. Aproximadamente a las 8:00 de la mañana, en la calle Juárez de Chilpancingo, más de dos centenares de hermanos indígenas de los pueblos nahuas, ñuu savi (mixtecos), ñommdá (amuzgos) y me’phaa (tlapanecos), nos congregábamos pacíficamente, esperando los contingentes que venían en camino desde Copalillo, Alto Balsas, Chilapa, Tlapa y la Montaña Alta, Región Costa Chica, mismos que fueron interceptados y retenidos por la policía en Zumpango, Tixtla y Petaquillas; esperábamos a un millar de compañeros. El motivo era conmemorar el tercer aniversario del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y, al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de acuerdos pactados con los gobiernos federal y estatal, demandas tan básicas como la construcción de obras de infraestructura y servicios.
Lo que encontramos no fue diálogo ni una audiencia con las autoridades, sino la brutalidad de un operativo policial que develó la cara más oscura del poder.
Bajo la, entonces, reciente administración del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que había asumido el cargo en abril de 1993, el estado de Guerrero demostró una alarmante preferencia por la fuerza bruta frente a la negociación política. Ese gobernador había llegado con una política de mano dura contra los movimientos sociales.
Los hechos del 14 de septiembre, documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no dejan lugar a dudas: la Policía Montada y la Policía Antimotines, unidas en un cerco policiaco, arremetieron contra nosotros. Su equipamiento, más propio de una guerra que de un operativo de control de multitudes, incluía caballos, macanas y, escalofriantemente, “picanas con chicharras eléctricas” en manos de policías drogados con mariguana.
El “güerito”, un videoaficionado simpatizante de nuestro movimiento, aportó a la CNDH una prueba irrefutable, que contradice por completo la versión oficial que intentó justificar la represión. Las imágenes muestran la pasividad de la protesta: un mitin tranquilo, con mantas que pedían “cumplimiento de los acuerdos” y, en un gesto que subraya la ironía de la agresión, las bandas de música de viento de nuestros pueblos entonando el Himno Nacional, fueron interrumpidas y una bandeara que hondeaban nuestros compañeros fue pisoteada y rota por los caballos de los policías.
El video también evidencia la embestida posterior, una ofensiva coordinada y sin provocación alguna, donde fuimos golpeados, perseguidos y, también, despojados de nuestros vehículos. La violencia no se detuvo en la calle; los agentes nos persiguieron hasta el interior de nuestras oficinas, las allanaron y nos sometieron a la fuerza.
El saldo de esta jornada es una herida abierta en la historia de los pueblos indígenas de Guerrero. Los certificados médicos, que describen con precisión las lesiones –desde heridas contusas y suturadas en la cabeza hasta equimosis y escoriaciones–, no son solo evidencia de una agresión física; son el crudo retrato de un gobierno que instrumentaliza la violencia para acallar nuestras voces disidentes. Habían desaparecido 29 personas y la CNDH documentó un total de 46 lesionados, incluyendo casos de traumatismo craneoencefálico, como el de Valeriano Martínez Santiago, cuyas heridas ponían en riesgo su vida. Las macanas y picanas no solo causaron dolor físico; fueron el símbolo de un Estado que considera a los pueblos indígenas y a la protesta social como enemigos a neutralizar, más que como sujetos de derecho.
La respuesta oficial fue una lección de impunidad y simulación. El director general operativo de Seguridad Pública, Mayor Manuel Moreno, negó cualquier intervención de su personal, intentando deslindar la responsabilidad del gobierno. Su evasiva, en contra de la evidencia testimonial y visual, es un claro ejemplo de la falta de rendición de cuentas que caracterizó la época. Mientras las víctimas buscábamos refugio en casas de vecinos y auxilio en la Cruz Roja, las autoridades se enfrascaban en un laberinto burocrático que prometía justicia, pero en los hechos, solo buscaba el olvido. La averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado y el levantamiento de actas circunstanciadas no condujeron a una verdadera sanción para los responsables.
Lo ocurrido el 14 de septiembre de 1994 en Chilpancingo no fue un incidente aislado, sino una manifestación temprana de una política de Estado que culminaría en tragedias aún mayores. El trágico y más conocido suceso, la masacre de Aguas Blancas, en junio de 1995, donde 17 campesinos fueron asesinados por la policía, es la prueba más contundente de este patrón. Los hechos de 1994 sirvieron como un sombrío preludio, y la impunidad que rodeó la violencia y el asalto a nuestras oficinas del Consejo Guerrerense, sentó las bases para la posterior escalada de violencia.
El legado de ese día es una herida en la historia de Guerrero, un recordatorio de que la verdadera democracia no se construye con la fuerza de la policía, sino con el respeto a los derechos humanos y el diálogo con las comunidades. La dignidad de nuestros pueblos indígenas no puede ser aplastada con la violencia, y la justicia para las víctimas de aquel fatídico día sigue siendo una deuda pendiente que el Estado está obligado a saldar. Recordar estos eventos no es solo un acto de memoria, sino una exigencia de justicia y un llamado a reflexionar sobre las políticas que aún hoy amenazan con replicar los fantasmas de la represión.
