Saúl Escobar Toledo
El presidente López Obrador celebrará, por última vez en su sexenio, el día de los trabajadores. Todavía es pronto para llevar a cabo un balance final pero sin duda sobresalen algunos logros: las reformas legales que abrieron el paso a la democracia sindical y una nuevo sistema de justicia para los asuntos laborales; el aumento de más del 100 por ciento del salario mínimo; la regulación de la subcontratación; el aumento de los días de vacaciones pagadas; la aprobación del Convenio 190 de la OIT acerca de la violencia y acoso laboral; la regulación del teletrabajo; y una nueva tabla de enfermedades profesionales. También, aunque más discutible, una nueva reglamentación del reparto de utilidades y dos modificaciones a los ordenamientos legales que rigen las pensiones contributivas.
Los aumentos a los mínimos y en menor medida a los contractuales lograron revertir las tendencias de las últimas décadas y permitieron un aumento de la masa salarial: en el segundo trimestre de 2023 se situaba 28% por arriba del nivel del primer trimestre de 2016 (Cf. http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/issue/view/62). Gracias a estos incrementos, a mayores transferencias monetarias a los hogares y a las remesas, se abatió la desigualdad y la pobreza multidimensional en unos cuantos puntos porcentuales (aunque no la pobreza extrema).
No hubo sin embargo un cambio estructural como lo demuestra el hecho de que más del 55 por ciento de las personas ocupadas sigan laborando en la informalidad. Y es que el aparato productivo tuvo una expansión que alcanzará menos del 2 por ciento promedio en todo el sexenio. Ello, debido a la pandemia, pero asimismo a una política fiscal conservadora durante los primeros cuatro años.
Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) aumentó sensiblemente lo que, junto con la inversión pública, logró estabilidad económica al mismo tiempo que una redistribución del ingreso después de varias décadas de empobrecimiento laboral.
Quedan varios pendientes, principalmente, la reducción de la jornada semanal a 40 horas y la reglamentación del trabajo mediante plataformas digitales. La iniciativa de reforma constitucional presentada por Morena pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios. Como era de esperarse, el sector empresarial rechazó la propuesta y, lamentablemente, logró “congelarla”. Sin embargo, hay que destacar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en las naciones más desarrollados e incluso que otras similares a la nuestra, como Brasil. Además, en el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado”, éstos laboran 20 por ciento más horas que el en el sector servicios. Recordemos que las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras en la industria manufacturera.
De esta manera, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. El nearshoring, es decir, el traslado de diversas industrias principalmente desde China, a países como México, debe servir para construir un esquema de crecimiento que no descanse en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores. Abriría el camino para transitar de un modelo maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos y en un mayor crecimiento.
En lo que concierne a los empleados por plataformas digitales hay que destacar que ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos. No tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral.
Las reformas de las pensiones merecen una anotación especial: la de 2021, destinada únicamente a trabajadores afiliados al IMSS aumentó las aportaciones de los patrones y del Estado y redujo las semanas de cotización necesarias para jubilarse (aunque éstas aumentarán de 750 a mil en un plazo de diez años); por su parte, la que se aprobó recientemente, creó un Fondo para trabajadores tanto del IMSS como del ISSSTE. En este último caso, la discusión se contaminó con la campaña electoral y la discusión que tuvo lugar en el Congreso se convirtió en una comedia de equivocaciones y mentiras. A pesar de que habrá una mayor carga fiscal para el Estado, el proyecto no fue acompañado de un cálculo actuarial que permitiera vislumbrara su impacto en el mediano y largo plazo. Por su lado, la oposición se agarró de un argumento falaz, la apropiación indebida del ahorro de los trabajadores, para ocultar el verdadero fondo del problema: la existencia de un sistema privado que no sirve para otorgar pensiones dignas para los trabajadores.
También queda pendiente un régimen de salud más robusto para todos los mexicanos (frente al fracaso del Insabi) y mejorar los servicios del IMSS y especialmente del ISSSTE. Una cuestión más: el seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México), no obstante que ya lo han adoptado varios países de América Latina desde hace décadas.
Además, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesita, igualmente, construir un extenso sistema de instituciones del cuidado.
Finalmente, se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada.
A lo anterior, para un balance del sexenio más completo, habría que agregar la evaluación de las nuevas instituciones como el Centro de Conciliación Federal y los Tribunales Laborales. Sin embargo, en estos asuntos, el análisis requerirá más tiempo debido a que se trata de organismos nuevos que todavía no se consolidan. Han faltado recursos y personal calificado. Hay que anotar, también, que los trabajadores apenas se están informando de sus nuevos derechos. De esta manera, la reforma “destruyó” más de cien mil contratos colectivos y miles de registros sindicales (legalmente existentes, pero que en realidad eran falsos ya que eran desconocidos por los trabajadores) y ha “construido” pocas organizaciones democráticas y representativas de los trabajadores (además del puñado que ya existía). No ha habido pues una fiebre sindicalista, lo que se ha reflejado en pocas huelgas y movilizaciones obreras.
Podría pensarse que los pendientes son muchos. No obstante, reflejan el abandono y el atraso legal de la cuestión laboral en México: durante más de cuarenta años, hasta 2017, los ordenamientos jurídicos en esta materia no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto de 2012). Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”.
En resumen, el presidente López Obrador seguramente va a despedirse este 1º de mayo defendiendo los logros de su gobierno, innegables y muy importantes, y no hablará mucho de lo que falta por hacer. Si hubiera que formular un balance todavía provisional del sexenio en pocas palabras, podría decirse que hubo un cambio de tendencia, pero aún no se ha alcanzado una mudanza estructural. Seguramente el próximo gobierno debatirá si conviene consolidar lo ganado o ir por más reformas trascendentes. Ojalá que los trabajadores tomen la palabra y señalen cuál debe ser el rumbo en los próximos años.
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