Nuestros adultos mayores

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Esta semana hemos festejado el Día Internacional del Adulto Mayor y ver qué más podemos hacer por ellos para procurarles un futuro sin tantas complicaciones. En este propósito vale la pena conocer los resultados del Índice Global de Pensiones (IGP). Este informe es la comparación más completa en el ámbito mundial, tratándose de los sistemas de pensiones globales, en el cual se considera al 60% de la población del planeta, ya que mide 27 sistemas nacionales, que son los más poblados, considerando 40 indicadores, para evaluar su adecuación, sustentabilidad e integridad.

Entre los 27 países evaluados, el sistema de pensiones mexicano está colocado en el lugar 24, pero pasa a la última posición en cuanto al subíndice de integración, con el cual se evalúa qué tanto la legislación posibilita complementar por la participación del sector privado, en el sistema público de pensiones. De acuerdo con el IGP, el envejecimiento acelerado de la población, la reducción de las tasas de natalidad; así como la ausencia de sistemas de retiro sólidos, propiciará que muchos países tengan que enfrentar el reto de contar con jubilaciones que permitan un ingreso decoroso a sus ciudadanos de la tercera edad.

Otros datos que vale la pena considerar son los aportados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que es una organización civil que, a través del análisis formal y la investigación, trata de incidir en el desarrollo de la economía pública. Por eso resulta relevante su trabajo de investigación contenida en el documento Pensiones en México: 100 años de desigualdad.

Entre la información se destaca que actualmente el gasto público en pensiones corresponde al 15.5% del Presupuesto de este año y a 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Esos recursos públicos sirven para cubrir las pensiones anteriores a las reformas en cuentas individuales y continuará su crecimiento hasta 2035.

Así también el estudio destaca que en nuestro país subsisten más de cien distintos modelos y esquemas de retiro, por lo cual se concluye que el sistema de pensiones es insostenible y desigual. En el desglose de atención a la población jubilada, se destaca que el IMSS atiende al 75%, el ISSSTE al 10.3, y con menor porcentaje de atención están los sistemas de pensiones de empresas del Estado, universidades, bancos, municipios y el sistema judicial.

Uno de los ejemplos de mayor desigualdad lo constituyen las recientemente llamadas empresas productivas del Estado y el resto de los trabajadores. Así encontramos que los pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), actualmente reciben 8.8, 6,7 y 11.3 veces más que un pensionado del IMSS, que atiende al mayor número de ellos. Aquí es relevante mencionar que estos empleados de las empresas productivas no aportaron para su pensión, siempre fue un derecho laboral, considerado como costo por éstas.

En el caso de los sistemas estatales de pensiones, nueve entidades –entre las cuales no se encuentra la nuestra–, ya agotaron los recursos disponibles para el pago de pensiones como son, entre otros, los casos de Chiapas, Durango, Michoacán, o tienen una reserva máxima de cinco años, tratándose de Tabasco y el Estado de México. En Colima, Morelos y Querétaro no se cuenta con sistema de pensiones, o sea que los trabajadores no hacen aportaciones, por lo que los recursos con los cuales se pagan las pensiones, provienen del gasto corriente de los gobiernos estatales. Asimismo, el estudio del CIEP detalla que en 30 entidades conservan el antiguo sistema de reparto, y sólo Nuevo León y Sinaloa aplican el actual esquema de cuentas individuales, esta situación constituye un riesgo latente para el gobierno federal, pues en algún momento deberá pagar estas pensiones.

Una propuesta de solución para empezar a atender el problema de las pensiones en México, la hace el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), el cual considera que se debe de crear un sistema nacional de pensiones en el cual se encuentran las vinculadas por contribución definida (Afores) con las de beneficios definidos (trabajadores del sector paraestatal federal). Igualmente debe incluirse –como sucede en los países desarrollados– a quienes se encuentran en situación de pobreza y que deben ser atendidos con una pensión universal mínima garantizada y digna cubierta con recursos del Estado. Por lo cual un cambio de estas características requiere de una reforma hacendaria que genere más ingresos y reformule el gasto.

Reyes Betancourt Linares

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