Ordenan reponer el proceso contra el comunitario Samuel Ramírez; podría salir hoy de prisión

Ordenan reponer el proceso contra el comunitario Samuel Ramírez; podría salir hoy de prisión

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El integrante de la CRAC es inocente, no tiene nada ilegal en su contra y fue injustamente detenido, expone su abogado Enrique González. “No debió pisar la cárcel, se le acusó de portación ilegal”, dice el Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Vania Pigeonutt

El Sur / Ciudad de México

El juez tercero de distrito con sede en Chilpancingo determinó la reposición del proceso penal del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Samuel Ramírez Gálvez, preso desde hace más de cuatro años acusado de portación ilegal de arma, lo que le permitiría recobrar su libertad este miércoles.

Su abogado, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Enrique González Ruiz presentó ante el juzgado las pruebas que, de acuerdo a lo que explicó vía telefónica, confirman la inocencia del preso político.

La notificación de la reposición del proceso penal les llegó el viernes.

El miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Quetzal Chávez precisó que presentaron una credencial donde se acredita que Samuel Ramírez es miembro de la CRAC en Zitlaltepec, Metlatónoc, se sumó al sistema de seguridad y justicia comunitaria en 2012 cuando era menor de edad. Además el acta de asamblea de la misma corporación comunitaria, donde se acredita que fue electo por su pueblo para hacer labores de seguridad.

La argumentación, abundó, explica que la CRAC tiene un marco legal que la avala en Guerrero con la Ley 701, misma que da certeza a los pueblos originarios para conformar su propio sistema de justicia, y la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 169 legitima la actuación de la Policía Comunitaria.

Samuel Ramírez fue declarado culpable de portación ilegal de arma de fuego el 2 de junio.

Quetzal Chávez precisó que interpusieron un recurso de amparo, el cual ganaron y el juez resolvió reponer el proceso. Samuel no aceptó salir bajo fianza esa vez, porque eso habría dejado sin reconocimiento legal las acciones de la Policía Comunitaria, dijo.

Mediante el enlace del Comité por la Libertad de los Presos Políticos -organización que ha defendido de manera legal a Samuel-, González Ruiz retomó los casos de Ramírez Gálvez, del promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, preso también en el penal de Chilpancingo acusado de secuestro agravado, y del consejero de esa organización encarcelado en Ayutla, Arturo Campos Herrera.

González Ruiz confía en que el primero pueda recobrar su libertad este miércoles, cuando se vence el plazo para que el juez determine la culpabilidad o inocencia.

“Fui a ver a Samuel a la cárcel, es un joven indígena (ñuu savi) de 22 años. Se metió en la Policía Comunitaria porque toda su familia ya estaba”, expuso.

Comentó que en los casos de Gonzalo Molina de Tixtla y Arturo Campos de Ayutla, el camino jurídico es distinto, porque a diferencia de Samuel, quien fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto a 13 policías comunitarios más de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Molina y Campos participaron en protestas públicas contra el gobierno.

“Arturo y Gonzalo son partícipes de eventos en los que se han dado algunas manifestaciones públicas. La Policía Comunitaria es una legítima defensa de los pueblos, es llamada por la población cuando ésta sufre violencia, también la Policía Comunitaria ha sido hostigada por policías municipales, dicen que actúan de manera ilegal pero están respaldados por la Ley 701”, expuso el defensor.

Admitió que la situación de ambos tiene una carga política mayor, porque los dos integrantes de la CRAC participaron en protestas para exigir la liberación de Nestora Salgado, quien estuvo presa casi tres años acusada de secuestro agravado. Estos tres miembros de la CRAC fueron recluidos en penales federales.

El abogado consideró que el juez debe dejar en libertad a Samuel Ramírez y a los demás policías comunitarios presos que se adhirieron a la CRAC, porque “cuando los pueblos se ven agredidos por criminales, por gente de mal vivir que los hace víctimas de violencia, ellos responden formando a sus policías en un acto de legítima defensa, no como un acto delincuencial. De modo que el gobierno debe valorarlo así, los jueces deben valorarlo así y liberarlos ya”.

Reiteró que la operatividad de la Policía Comunitaria no se debe ver detenida por sus presos políticos.

Quetzal Chávez enfatizó que Samuel a diferencia de Gonzalo y Arturo tiene delitos del fuero común, “él no debió pisar la cárcel. Se le acusó de portación ilegal, un delito que un juez quitó a Gonzalo Molina, por eso tenemos 90 por ciento de posibilidades de que mañana podrá salir libre”.

Pidió la liberación de los presos políticos y consideró que si Samuel sigue en la cárcel, es porque el gobierno estatal mantiene su posición de criminalizar al sistema de justicia.

Estas acciones han afectado directo a la CRAC, puso como ejemplo la base de El Fortín, en Tixtla, donde luego de la detención de Gonzalo Molina en noviembre de 2013, han sido asesinados cinco policías comunitarios, hay más de 70 órdenes de aprehensión contra sus miembros y tienen a dos integrantes amenazados de muerte.

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