Hubo en Guerrero ocho ejecuciones por motivos políticos en 2017, según ONG de derechos humanos

Hubo en Guerrero ocho ejecuciones por motivos políticos en 2017, según ONG de derechos humanos

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Fueron “una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano… cuyo perpetrador fue un agente del Estado”, afirma el Comité Cerezo México. Menciona el caso de Ranferi Hernández y advierte que con la Ley de Seguridad Interior se incrementarán los casos en 2018

Texto: Rosalba Ramírez García
Foto: Archivo El Sur-Luis Daniel Nava

Chilpancingo, Guerrero. La organización defensora de derechos humanos Comité Cerezo México informó que en 2017 en Guerrero ocurrieron el mayor número de ejecuciones “extrajudiciales” en todo el país, entre ellos la del dirigente Ranferi Hernández Acevedo.

Afirma que en la entidad ocurrieron ocho y en los otros estados 40, y advierte que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior se incrementarán los casos en 2018.

En su informe publicado en su página de Internet, la organización dio a conocer que en el año que acaba de concluir ocurrieron en todo el país 48 asesinatos perpetrados por agentes del Estado, en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.

Explica que “la ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos usada como parte de las estrategias de control social, mediante el terror y de la represión política en México”.

En el informe se apunta que ocho de los 48 casos ocurrieron en Guerrero. El número de homicidios coloca al estado en el primer lugar en el país, con seis asesinatos cada uno le siguen Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Veracruz.

El Comité Cerezo México hace referencia al caso de Ranferi Hernández Acevedo, fundador del PRD en Guerrero y dirigente de la Organización Independiente Campesina Vicente Guerrero, asesinado en octubre pasado junto a su esposa y otras dos personas.

“Viejo luchador social, quien debido a la represión contrainsurgente de los años 90 en Guerrero estuvo exiliado en Francia, y quien fue asesinado junto con su familia a escasos 500 metros de un retén militar”, dice el informe.

Señala que “como nunca en los años anteriores que se han documentado, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de Estado en contra de defensores de derechos humanos presentan una cifra tan elevada”.

El total de “ejecuciones extrajudiciales” cometidas en 2017 suman 48, y fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado, se lee en el informe de la organización.

Continúa que es claro que a partir del inicio del sexenio actual del priista Enrique Peña Nieto se han intensificado las propuestas de ley “que violan legalmente” los derechos humanos, y criminalizan “el derecho humano a la protesta”.

En el informe se menciona que existe una estrategia de represión política, y ejemplifica con el Protocolo para el Control de Multitudes de la Ciudad de México, la llamada Ley Bala en Puebla, así como en Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, y otras entidades.

Las estadísticas proporcionadas por la organización advierten que el año pasado fueron ejecutados en el país 18 defensores de derechos humanos, diez periodistas, cuatro activistas que demandaban elecciones libres y democráticas, dos defensores del medio ambiente, tres líderes sociales, tres defensores de los derechos laborales, “entre otros”.

También advierte que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior existe el riesgo de que las violaciones a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales incrementen en 2018.

En el informe se lee que “la Ley de Seguridad Interior no sólo legaliza las violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas armadas, sino que ensancha el marco de impunidad que permitiría el uso de la ejecución extrajudicial”.

“Si bien con los resultados de años anteriores existen elementos para suponer que la tendencia incrementará en 2018, hay factores que también podrían influir para que las cifras reduzcan, como el proceso electoral”, agrega.

“El ambiente electoral puede influir, como en otros años, para que el Estado mexicano se auto limite en el uso de la ejecución extrajudicial debido al costo político que genera, no en el electorado, sino en la estrategia de golpeteo que usualmente aprovechan los diferentes partidos políticos en el marco de la lucha por el poder político en México”, adelanta el informe.

Considera el “costo político” que podría generarle al gobierno la mirada internacional de organismos de derechos humanos que vigilan la situación que enfrenta el país en la materia.

“Lo que sí queda claro si se analizan las cifras desde el 2008, así como la tendencia al alza de los casos por año y el marco legal de impunidad cada vez más amplio, es que el defensor de derechos humanos que afecte los intereses políticos (léase económicos neoliberales) que impulsa y protege de manera acelerada el Estado mexicano, es una potencial víctima de una ejecución extrajudicial”, dice el informe.

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