La voz de las mujeres indígenas es la voz de la digna rabia

Tryno Maldonado

 

METALES PESADOS

 

A Bettina Cruz y a la familia de Guadalupe Campanur, en solidaridad.

El lunes 29 de este mes inició la caravana del Concejo Indígena de Gobierno por las ocho regiones de Oaxaca. La visita del CIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, a la entidad con mayor población indígena del país puede leerse no solamente como un acto histórico de una alta carga simbólica. Será también un recorrido estratégico para afianzar los procesos organizativos del CIG en la entidad.

No es un gesto fortuito el que la caravana del Concejo Indígena de Gobierno que recorre Oaxaca esté encabezada por mujeres. Tampoco que el CIG esté conformado con una mujer concejala por cada concejal varón a lo largo de todo el territorio nacional. Desde el arranque del recorrido nacional por territorio zapatista en octubre de 2017, suelen ser mayormente las mujeres quienes han tomado la palabra y quienes han alzado la voz para hacerse oír en un país donde ser mujer implica correr el riesgo de ser violentada en muchos ámbitos. El llamado de la vocera Marichuy ha sido fuerte y claro: “Descolonicemos el pensamiento capitalista y patriarcal”.

En la estrategia llamada “guerra contra el narco” o “guerra contra el crimen organizado”, hay carta blanca al poder para hacer extensiva la criminalización a las luchas y las resistencias legítimas pero incómodas para el Estado. No es casual que este tipo de guerras hayan florecido en países de gobiernos neoliberales como respuesta del Estado a movimientos modélicos de autonomías y autogobiernos cuyo propósito es poner freno al despojo capitalista del territorio y sus recursos.

En la guerra informal como la que perpetúa el Estado mexicano –y en la que no existen metas tangibles, ni victorias o derrotas conclusivas y cuya finalidad jamás es la paz–, los cárteles fungen como los brazos paramilitares del Estado y como avanzada estratégica para el despojo sistemático. Los cárteles anteceden en muchos casos la implementación de megaproyectos en tierras de los pueblos indígenas.  Y dentro de esta estrategia de expoliación capitalista, el cuerpo de las mujeres ha cobrado gran centralidad.

Para la antropóloga feminista Rita Laura Segato, “la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha transformado en un objetivo estratégico de este nuevo escenario bélico”. Este formato de guerra narco-capitalista-patriarcal emplea como lienzo los cuerpos no-combatientes para escribir su mensaje de violencia y muerte. Son esos cuerpos no-guerreros y feminizados –mujeres, ancianos, niños, homosexuales, personas con capacidades diferentes– el lienzo para inscribir el texto de advertencia y de terror al resto de la comunidad. O, como lo define Segato en su libro Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres: esos cuerpos no antagónicos sirven como bastidor para aplicar contra la población una “pedagogía de la crueldad”.

Si al hecho de ser mujer en México se suma el factor de ser indígena, la violencia que es susceptible de recibir de parte del sistema se vuelve exponencial. Podría parecer paradójico que justo esa interseccionalidad entre la población sea la que está dando una lucha digna y valiente en muchos frentes y desde hace años. Pero así está ocurriendo.

En la asamblea estatal del CIG Oaxaca del pasado 13 de enero, el pueblo binnizá, cuya vocera es la concejala Bettina Cruz, nos compartió el avance en la lucha por frenar la instalación del proyecto de la empresa Energía Eólica del Sur, que violó el acuerdo internacional 169 de la OIT para consultar a los pueblos indígenas sobre la autodeterminación de sus tierras. Una lucha que sentará precedente en todo el país. Sin embargo, no transcurrieron ni seis días de esta buena noticia cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se vio orillada a ordenar al gobierno mexicano proteger la vida y la integridad de la concejala Bettina Cruz y de su familia por acreditar una situación de alto riesgo a consecuencia de su lucha.

Un día antes, en el municipio autónomo de Cherán –que forma parte del Congreso Nacional Indígena–, Guadalupe Campanur, Lupita, mujer purépecha fundadora del cuerpo de guardabosques comunitarios que han asumido su propia seguridad ante la amenaza de los talamontes clandestinos, fue víctima de feminicidio.

Tres días después, en la región de Tierra Caliente del mismo estado de Michoacán, la caravana del Concejo Indígena de Gobierno fue asaltada por un grupo de hombres fuertemente armados.

La tarde de este lunes en el zócalo de la capital de Oaxaca, tres oradoras locales llevaron su palabra ante el CIG y su vocera. Hicieron hincapié en el fenómeno más oprobioso de esta guerra capitalista y patriarcal: la enorme oleada de feminicidios. Y es que en el estado de Oaxaca, según cifras oficiales conservadoras, han ocurrido más de 128 feminicidios durante el primer año de la presente administración priista. Es decir, casi 11 mujeres asesinadas por razones de su género cada mes.

Estos ataques, amedrentamientos y asesinatos dirigidos a mujeres que han desafiado al poder dentro de un escenario de guerra suelen en realidad no ser coincidencias sino una práctica extendida de un sistema capitalista y patriarcal de muerte.

* Esta colaboración debió publicarse ayer, lo que no ocurrió por una falla en las comunicaciones internas de El Sur.

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