Desgobernar, vender el territorio, joder a la gente

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A LA CARGA

 

Gibrán Ramírez Reyes

 

Son ya 25 años de periodismo independiente, profesional, valiente y honorable, en un terreno que pocos considerarían fecundo para hacer periodismo de calidad. Con el honor de formar parte de esta casa comparto lo que me dijo un lector al terminar una charla: escribir en El Sur es algo grande, fuerte. Felicidades por sus primeros 25 años. Gracias y larga vida.

 

Hace una semana Alejandro Murat fue a la feria industrial más grande del mundo para ofrecer a Oaxaca como territorio susceptible de recibir grandes inversiones para el desarrollo minero, entre otras áreas, y expuso no solamente las ventajas fiscales que ofrecía el país, sino la riqueza del estado que gobierna (es un decir). No suena mal, de entrada. No si se piensa en que el desarrollo económico tiene sentido sólo en función del territorio, las poblaciones y el beneficio o daño total que se genere. Pero resulta que no ha habido beneficios para nuestros pueblos en casi ningún proyecto minero en el país. En los sexenios más recientes –y solamente entre 2006 y 2017–, se ha dicho ya muchas veces, se extrajo casi el doble del oro que durante tres siglos de colonia de España. También la mitad de la plata. Con importantes variaciones, esto no ha derivado en bienestar generalizado para las comunidades mineras sino en depredación ambiental y en el colapso del orden social, pero los gobernadores de estos días parecen no enterarse. Para ellos existen los flujos de dinero; el territorio y la gente pasan a un segundo lugar. Se han olvidado de gobernar.

Ya que hablamos de Oaxaca, pongamos por ejemplo a la empresa Fortuna Silver Mines, de capital canadiense, una de las que tiene más concesiones mineras en ese estado. Según Proceso (24/04/2018), esta empresa tiene 80 mil hectáreas de 35 municipios en la región de los Valles centrales. Donde han decidido explotar, bajo cualquiera de sus caretas, han dejado una estela de división y a veces muerte.

Fortuna Silver Mines destruyó San José del Progreso como comunidad. Se trataba de un pueblo no tan grande –menos de 7 mil habitantes–, pobre pero pacífico, tranquilo por lo menos desde los años sesenta del siglo pasado. Se gobernaba por usos y costumbres pues, según sostienen sus habitantes, vieron en la experiencia de pueblos vecinos que los partidos generaban divisiones y confrontaciones superfluas. No hacían falta. Por esa misma razón, por poco conflictivos y porque ello hizo que Ulises Ruiz se refugiara en su territorio en alguno de los momentos más tensos en el conflicto de 2006 con la APPO, sus vecinos consideraban a San José un pueblo priista. Fortuna Silver Mines, quizá atendiendo a esa fama o a consejos de pésimos analistas políticos, decidió entrar a San José sin demasiadas previsiones, sólo sobornando al presidente del comisariado ejidal y al alcalde. Ignoraron, o no les importó, que en San José había muchas otras instancias que tenían que deliberar y decidir para que avanzara un proyecto de tal calado —la asamblea ejidal, la asamblea de ciudadanos, otros comités y organizaciones–. Tan pronto comenzó a explorar y explotar, la minera dañó casas de vecinos con detonaciones, requirió grandes cantidades de agua, envenenó regiones de la tierra –y algunos animales, en consecuencia.

Se ganaron la hostilidad y la reacción de la gente de San José, que tomó la mina en 2009, después el Palacio Municipal, y protestó de todas las formas posibles –institucionales y no institucionales–, pero se encontró siempre oídos sordos. Los ejidatarios de San José decidieron, por ejemplo, cambiar a su comisariado y la Procuraduría Agraria se encargó por años de impedir que la asamblea que nombraría al nuevo órgano tuviera lugar. Eso benefició a la minera. Y como las cosas se pusieron complicadas, se generó también un grupo armado alrededor de autoridades municipales, que incluyó a la policía municipal y a personal ajeno a las corporaciones. Este grupo participó disparando en varias ocasiones hacia manifestantes del municipio y mató al primer líder antiminero de la comunidad. Y también murió gente del otro lado. Por lo menos, un presidente municipal en funciones y, después, un ex alcalde que operaba como agente de la minera. El resultado, como se ve, es desastroso.

San José dejó de existir como comunidad –es ahora un conglomerado de grupos en disputa. Un municipio antes pacífico entró en estado de excepción, en una espiral de fraudes electorales que desconocía, vive armado y dividido. Nadie lo cuenta mejor que Úrsula Hernández*, quien más detalladamente ha trabajado el caso: ahora en San José hay dos de todo, dos sitios de taxis, dos de mototaxis, dos fiestas patronales, dos iglesias: una para los pro-mina, una para los anti-mina. El enfrentamiento es total y cotidiano. La minera, por su parte, más que intentar reconciliarse con la comunidad, generó alrededor suyo una base social de políticos, empleados y clientelas, a veces ni siquiera con su dinero (por ejemplo, entregó a nombre propio estufas ahorradoras de leña de un programa del gobierno federal).

No sólo es el neoliberalismo que lleva a abrir de par en par las puertas a las mineras; es también la indecencia y la falta de oficio de políticos que rara vez salen de su oficina y que se asesoran con técnicos que estudiaron la realidad sólo en bases de datos, no en el campo. Viven en un mundo aparte.

Los viejos dinosaurios quisieron empeñarse en que sus hijos dominaran los nuevos códigos del poder, que fueran al ITAM, que tuvieran un posgrado en Estados Unidos; que supieran de modales y pudieran bien charlar con la casta acerca de restaurantes y sitios de moda. Ese capital social se volvió cada vez más relevante, y saber gobernar quedó de lado. El resultado son personas como Alejandro Murat, que juzgan más importante para su labor de gobernadores ir a ferias en Alemania a vender el territorio que presentarse en comunidades de Oaxaca para arreglar el desastre que sus antecesores han legado; personas que conocen mejor Nueva York que los Valles centrales de su estado –porque en una de ésas hasta les resulta más interesante.

* En su tesis Vivir la mina: el conflicto minero en San José del Progreso y sus efectos cotidianos en la vida individual y la existencia colectiva, para obtener el grado de  maestría en Antropología Social en el CIESAS.

 

En Twitter: @gibranrr

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