Diez meses de agresiones al Cecop, en las que aparece un sicario ex militar, antes de la matanza del 7 de enero

Diez meses de agresiones al Cecop, en las que aparece un sicario ex militar, antes de la matanza del 7 de enero

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En la cárcel de Acapulco, revela el vocero una investigación hecha por la Policía Comunitaria.

Entrevista a Marco Antonio Suástegui.

Tercera parte y última

El enfrentamiento del 7 de enero en La Concepción que dejó 11 muertos, fue el desenlace de una serie de ataques al Cecop y a la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, ordenados por César Flores Maldonado, asesor del gobernador, Héctor Astudillo, asegura el vocero de esa organización, Marco Antonio Suástegui Muñoz.

En entrevista desde la cárcel de Acapulco hace una relación de las agresiones cometidas por sicarios y por gente de poder en Cacahuatepec con intereses en que se construya la presa La Parota, en la explotación de los recursos del río Papagayo y en el control del territorio.

El encarcelamiento de 38 miembros de la Policía Comunitaria y del Cecop, de los que aún quedan 17 en prisión, es un duro golpe a esas organizaciones. El vocero no espera que obtengan su libertad como resultado del juicio oral, porque dice que los jueces obedecen consignas del gobierno del estado, y de ahí mismo salió la fabricación de delitos de los que están acusados.

De acuerdo con los testimonios de los detenidos, el coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, les sembró 620 carrujos de mariguana para acusar a los detenidos de narcomenudeo, y les contaminó las manos con pólvora para fabricarles el delito de homicidio.

El vocero confía en la justicia federal, porque en ésta los jueces son imparciales e independientes del gobierno de Guerrero, afirma.

El abogado de los presos, Rogelio Téliz García, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, señala que la acusación es débil y tiene ambigüedades, pero los jueces y la Fiscalía no son imparciales.

Dice que los defensores tienen confianza en que los presos saldrán como resultado de un amparo de la justicia federal, que se fundamenta en que fueron torturados, incomunicados, detenidos primero por narcomenudeo y después les cambiaron el delito a homicidio, que les hicieron la prueba para demostrar que habían disparado un arma de fuego sin su consentimiento y sin la presencia de su abogado.

Investigación hecha por la Comunitaria

Marco Antonio Suástegui hace un recuento de los ataques al Cecop y a la Comunitaria, en los que aparece un militar retirado, apodado El Chistorete, a la cabeza de sicarios que intentaron matar a miembros de la organización, principalmente al vocero.

El Chistorete tiene credenciales con tres nombres: Alejandro Liborio López, Guillermo Marín López e Iván Soriano Leal. Llegó a la región de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pagado por el empresario gravillero, Humberto Marín, y por propietarios de tierras que apoyan el proyecto de la presa La Parota que ocupan puestos en las instituciones municipales y agrarias.

Chistorete estuvo meses en el monte con otros sicarios para tratar de cumplir la orden de matar a Suástegui, y finalmente el 31 de diciembre de 2017 fue detenido por la Policía Comunitaria, y confesó detalles de sus acciones contra el Cecop.

El asesor del gobernador, César Flores, compró tierras en el camino de La Concepción, a Gallinero y a Garrapatas, por donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende hacer la cortina de la presa La Parota; metió maquinaria, ganado, una casa, llevó pistoleros armados que disparaban y cerraban la carretera.

El 29 de octubre de 2016, la Policía Comunitaria puso un retén de revisión en Las Parotas Cuatas y cayó César Flores con cuatro pistoleros. La Policía Comunitaria los llevó detenidos a la comandancia, les encuentra dinero en bolsas, droga, alcohol y armas de grueso calibre. En la noche llegan policías ministeriales y sicarios con “cuernos de chivo” para rescatarlos, pero antes se hizo un acuerdo para dejarlo ir.

Después, aparecieron amenazas de muerte contra Marco Antonio Suástegui y por seguridad se salió de su pueblo, Cacahuatepec, y se fue a vivir a Salsipuedes.

Primer ataque

El 8 de marzo de 2017 irrumpieron en La Concepción, donde está la comandancia de la Policía Comunitaria, 100 hombres armados de la UPOEG, encabezados por el presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mauricio Velarde y por el ex comisario de Agua Cliente, Baltazar Ramírez, seguidores del proyecto de la presa La Parota.

Los policías de la UPOEG llegaron preguntando por Suástegui, rodearon la comandancia, golpearon a los comunitarios y apuntaron sus armas y cortaron cartucho contra las mujeres.

La UPOEG pretendía quedarse en las comunidades de Cacahuatepec y desplazar a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Pero se fue porque el 9 de junio policías de la UPOEG ataron a siete integrantes de una familia, incluidos un bebé y una niña.

Segundo ataque

De julio a octubre regresa gente armada de la UPOEG, de manera clandestina, y al frente de ellos El Chistorete, y se meten a un monte que se lama La Juliana. Después se supo que su propósito era matar a Suástegui, los guiaba  gente que conoce la región, como Daniel Moreno de Rancho las Marías, Antonio Morales de Las Parotas.

Hacen cita con el comisario de la Concepción, Florentino Melchor, que es contrario a la Policía Comunitaria. El Chistorete se reúne con el comisario, y con el comisario entrante, Lucio Méndez.

Chistorete les dice que tiene plan para matar a Marco Antonio Suástegui, de parte de Mauro Gallegos, que compra tierras en Cacahuatepec, y lo contrata y le da armas y dinero Humberto Marín, el empresario que explota el material pétreo del río Papagayo a lo que se opone el Cecop.

Marco Antonio Suástegui tiene tierras en La Parota y en Rancho las Marías. El Chistorete se mete a su potrero y le apunta, pero se atravesaron los trabajadores y no disparó.

Antonio Morales tiene tierras en el área de lo que sería la cortina de la presa, y decía que la CFE le ofrecía 80 millones de pesos por ellas, y quería matar a sus hermanos para no compartir el dinero, primero a su hermano Cecilio, y le ofreció 40 millones a Chistorete para que los matara. Con traje de militar, encapuchado y armado, llega a ver a Cecilio, pero no lo mató, sólo le quitó un rifle.

Después El Chistorete y sus sicarios le pusieron una emboscada a Marco Antonio Suástegui en Los Ilamos, iba en su camioneta y adelante y atrás otras dos, y como iba acompañado fracasó la segunda emboscada.

Cecilio Morales le avisó que andaba un hombre vestido de militar, con más pistoleros, para matarlo.

El vocero puso la denuncia en la Policía Comunitaria, los policías investigan y encuentran los lugares donde acampaban los sicarios, en La Juliana, cerca de donde Suástegui tiene sus tierras. Encontraron rastros de 20 hombres armados, bachas de mariguana, latas de sardina y de atún.

En diciembre vuelven a ver a Chistorete con Mauro Gallegos, Humberto Marín, César Flores y Ernesto Gallardo de la UPOEG y, en una reunión en Tres Palos.

El 31 de diciembre de 2017, a la asamblea del Cecop llegaron unos niños que avisaron que unos hombres armados querían matar a don Cenobio Carmen, otro miembro del Cecop.

La Policía Comunitaria va y detiene a Chistorete, que confesó las acciones que se planearon, con nombres, lugares, fechas, para golpear al Cecop y matar al vocero.

Cecilio Morales puso una demanda en la Policía Comunitaria contra su hermano Antonio que lo mandó matar, y éste también fue detenido.

Chistorete involucró al comisario entrante de La Concepción, Lucio Méndez, y éste también fue detenido por la Comunitaria.

Chistorete dijo que las órdenes de matar a Marco Antonio Suástegui salieron del gobernador a través de César Flores.

El 31 de diciembre estaban detenidos en la comandancia de la Policía Comunitaria en La Concepción Lucio Méndez, Antonio Morales y Chistorete. Muy pronto, el 7 de enero, se dio el enfrentamiento del grupo de esos tres detenidos con los comunitarios en la madrugada, y después de las 10 de la mañana, cuando llegó el coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, preguntó por el militar detenido. Después policías del estado lo sacaron y lo llevaron a señalar a integrantes del Cecop y de la Comunitaria.

Sigue la persecución 

El asesinato de cinco policías comunitarios,  y el encarcelamiento de 38 miembros del Cecop, no paralizó a las organizaciones. Desde el primer día se movilizaron para denunciar los hechos de la Concepción y exigir justicia, y han seguido las asambleas de los domingos y la Comunitaria sigue activa.

Por su parte, el gobierno sigue la persecución. Policías del estado ponen retenes en las carreteras para buscar a los integrantes del Cecop que tienen órdenes de aprehensión derivadas del movimiento en defensa de las tierras y el agua, y con frecuencia hacen disparos intimidatorios. Los dos detenidos más recientes del Cecop fueron arrestados en uno de esos retenes.

Tomás Cruz Valeriano de Los Ilamos,  manejaba una camioneta de pasajeros, fue detenido en un retén policiaco en La Concepción, le preguntaron si es del Cecop y ahora está en la cárcel acusado de robo y despojo. Clemente Cabrera Benítez, de Tasajeras estaba en su casa y ahí se metieron los policías sin orden de un juez.

Texto: Maribel Gutiérrez / Foto: Carlos Alberto Carbajal

Aislado en una celda oscura y sin aire, pasó el vocero del Cecop ocho meses de reclusión en Acapulco

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