Sí hay presos políticos; son luchadores sociales acusados de delitos: Tlachinollan

Sí hay presos políticos; son luchadores sociales acusados de delitos: Tlachinollan

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Los gobiernos de Guerrero aplican una política de criminalización de la protesta, señala Abel Barrera.

Chilpancingo, Guerrero, 7 de diciembre de 2018. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó de “perversa y maquiavélica” la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores y afirmó que en Guerrero sí hay presos políticos, que son luchadores sociales a quienes se les imputan delitos del fuero común para acabar con movimientos que se organizan por demandas legítimas.

Consultado por teléfono, Barrera Hernández abundó que es una política del gobierno “criminalizar” a los movimientos sociales al tratar a sus integrantes y líderes como “delincuentes” y acusarlos por “delitos como secuestro o por homicidios”, pese a que se trata de ciudadanos que tienen una amplia trayectoria en las luchas sociales y que no se organizan para delinquir.

“Se trata de desacreditar a los presos políticos, al colocarlos dentro de la clasificación de los delitos del fuero común, pero en Guerrero hay una lucha muy vigorosa donde hay asesinatos que tienen el calificativo de políticos y que no han sido investigados desde esa perspectiva”.

En este contexto, dijo que la Ley de Amnistía a la que se refirió anteayer la senadora de Morena, Nestora Salgado, debe tomar en cuenta la trayectoria del preso, que se acredite que pertenece a una organización, que tenga arraigo en sus comunidades, “porque puede quedar muy limitada y no cubrir las expectativa de las personas encarceladas” como el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui y otros 17 de sus compañeros.

Indicó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de recopilar los datos de los presos políticos que aportan las organizaciones sociales, tiene que valorar a todos, pero que están en una etapa inicial, “mientras no se aprueba la ley están trabajando sin una luz que los guíe”.

Barrera Hernández dijo que en los últimos años son pocos los luchadores sociales que son acusados de los delitos como motín o terrorismo, porque fácilmente se pueden encuadrar como presos políticos, “por eso ahora es que aumentó la criminalización de la protesta, encuadrándola en delitos graves, como secuestros, que son los que más se han utilizado, obstrucción de la vía publica, delitos de homicidio, delincuencia organizada, y eso hace que de algún modo que los legisladores tengan que ubicar muy bien no solamente el tipo de delitos, sino también la trayectoria de los presos políticos”.

Consideró que si los legisladores se van por la figura delictiva de los presos, y no se toma en cuenta su trayectoria, “no da la figura para que puedan ser amnistiados”, y que eso tiene que ser analizado con mucho detalle por los legisladores.

Dijo que aún no hay acuerdos entre los grupos parlamentarios de las dos cámaras sobre la Ley de Amnistía, además de que se tienen que sustentar cada uno de los casos, insistiendo en que “muchos dirigentes sociales son acusados de delitos de homicidios, y desde una forma de criminalización de la lucha social, que se tiene que demostrar”.

Abel Barrera señaló que la ley está en proyecto, y no hay una versión definitiva, además de que hace falta entre los diputados federales y senadores, consensuar la iniciativa. “Eso va a llevar su tiempo, aunque urge”, porque hay una expectativa muy alta de los presos y sus familias de que la ley los acoja, pero no cree que sea en este mes, sino hasta el próximo año.

Texto: Jacob Morales / Foto: Carlos Alberto Carbajal, archivo El Sur. En la imagen, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, preso en el penal de Las Cruces, en Acapulco.

No hay presos políticos en Guerrero, dice Astudillo de la propuesta de amnistía de Nestora

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