Se han documentado 73 ataques a mujeres periodistas en la entidad, informa la organización durante la presentación en Chilpancingo del informe Palabras impunes: estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022
Chilpancingo, Guerrero, 18 de agosto de 2023. El Centro de Información y Comunicación de la Mujer (Cimac) indicó que en Guerrero se han documentado 73 ataques a mujeres periodistas, que la entidad genera el mayor número de comunicadoras desplazadas en el país.
Los datos fueron expuestos durante la presentación del informe Palabras impunes: estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022, que se llevó a cabo en el hotel Holiday Inn, donde la responsable del programa Libertad de Expresión y Género de Cimac, Adriana Ramírez Venegas, indicó que no es casualidad que Ciudad de México, Puebla, Coahuila y Guerrero, en este orden, sean las entidades donde se está generando el mayor número de agresiones, porque también hay un incremento en el feminicidio y en la violencia estructural.
Señaló que en Guerrero, las agresiones se focalizan en Tixtla, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Marquelia, San Luis Acatlán, Ometepec y Taxco, donde ya se están generando zonas silenciadas.
Advirtió que las agresiones no son sólo por el hecho de ser mujeres periodistas, sino por ser indígenas, lesbianas, por dirigir un medio, por ser críticas a un poder local o por tratar de abrir agendas mediáticas.
También señaló que en una encuesta de 2019, encontraron que la precarización laboral, con el pago de notas por 38 pesos, agudiza la vulnerabilidad, “la mayoría era freelance, lo que genera un desgaste, un efecto en la salud física y emocional”.
Así como violencias en las redacciones de otros medios y del propio medio periodistico: hostigamiento y violencia sexual son elementos que se incrementan a la violencia cotidiana, “y vemos uno de los efectos de desplazamiento”.
Indicó que de 19 casos acompañados por Cimac de desplazamiento forzado, cuatro son de Guerrero, lo que convierte a la entidad en la que tiene “el mayor número de desplazamientos de mujeres periodistas”.
Por otro lado, denunció que el andamiaje institucional: mecanismos de protección a defensores y periodistas, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y de derechos humanos, no operan o no hacen lo suficiente.
Planteó fortalecer las capacidades instaladas y la coordinación interinstitucional con acciones preventivas, no sólo reactivas. “Mientras sigamos viendo este rol de las periodistas, solamente sujetas a condenas públicas, la forma que tenemos que prevenir la violencia es el reconocimiento a su labor”.
En general, señaló que el informe en el ámbito nacional, muestra que el segundo rango de la violencia contra las mujeres periodistas nacional, es contra las directoras, además de quienes escribían una columna de opinión, y que las personas agresoras son, particularmente, funcionarios estatales.
“Lo cual indica que quienes deberían garantizar la labor de informar, la obstaculizan. Esto tiene un ‘efecto mordaza’, que se puede percibir también de particulares, que tiene que ver con el fenómenos de estigmatización, pero también con la fusión de los partidos políticos y la construcción de nuevas narrativas, donde el periodismo está siendo criticado desde el discurso (oficial)”.
Asimismo, indicó que la violencia digital es la segunda modalidad de agresión, en procesos de intimidación y de amenaza directa e indirecta, lo que es un mensaje político a las demás periodistas.
En la presentación del informe participó la corresponsal de El Sur en la Montaña, Antonia Ramírez Marcelino, que denunció además de la violencia institucional, la violencia comunitaria y de los grupos criminales, cuando no les gusta una publicación o el seguimiento de casos de violencia hacia las mujeres.
La periodista independiente, Alina Navarrete Fernández, añadió que durante este gobierno estatal ha sido víctima de agresiones, que no tuvo en el gobierno anterior, por el despliegue de seguridad alrededor de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
De Iguala, la periodista Natividad Ambrosio Cueva señaló que la mayoría se ha enfrentado a diversas violencias, en diferente momento y situación, de los tres órdenes de gobierno, o a la desacreditación de su labor en redes sociales con mensajes amenazas.
Como usuaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, confirmó que son insuficientes los instrumentos para localizar a los reporteros en situaciones de riesgo, porque al oprimir el botón de pánico no siempre les responden de manera inmediata o sólo llaman para corroborar que haya una situación de riesgo o no funciona en zonas sin señal de telefonía.
Estimó que pueden servir para rastrear cuerpos con la última ubicación del aparato.
En general, con el informe de los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cimac denunció que hay una política de Estado para neutralizar la libertad de expresión, por el control político de la agenda de noticias desde las conferencias matutinas.
Señalaron que ese recurso ha servido para desautorizar y desprestigiar la labor informativa de las mujeres periodistas, por las autoridades de los estados y municipios.
Con 248 agresiones sufridas por periodistas en el primer trienio del ex presidente Enrique Peña Nieto, del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016, y los 767 casos del primer trienio de López Obrador, del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, señalaron el aumento es de un 209.27 por ciento.
Con el agravante de que ahora, los ataques tienen una mayor carga de violencia que no existía en otros años, con desapariciones, allanamientos y asesinatos.
Enfatizaron que las periodistas agredidas siguen siendo las reporteras de a pie que han realizado cobertura de fuente política, que dan acompañamiento con movimientos sociales, que también se encuentran realizando acciones que tienen que ver con la transparencia.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
