Humberto Musacchio
Con un abrazo para CCS
La condición para ocupar un cargo en la administración pública federal es ahora tener un 90 por ciento de lealtad (a Ya Saben Quién) y diez por ciento de eficiencia. Sobra decir que con tan escasa exigencia de capacidad, la conducción del gobierno y sus alrededores está destinada fatalmente al fracaso.
Varios ejemplos confirman lo anterior. Es dudoso que el abogado Manuel Bartlett lleve a buen puerto la Comisión Federal de Electricidad, que antes tuvo ganancias y que ahora se debate en una complicada situación económica. Quizá la explicación radique en que el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla llegó al cargo ignorando todo lo relacionado con el ramo que se puso en sus manos, pensando, como muchos suponemos, que el presidente López Obrador ponía al frente de la CFE a un político de conocida dureza que metería al orden a los charros del sindicato y contribuiría a elevar la productividad, lo que no ha conseguido.
Un caso semejante puede observarse en Petróleos Mexicanos, empresa que se entregó a un agrónomo, Octavio Romero Oropeza, cuando existen en México no pocos cuadros de alto nivel técnico, conocedores de la industria de los hidrocarburos. El director de Pemex ha sido incapaz de acabar con el charrismo sindical, en tanto que productividad y producción no ofrecen una mejora. Además, subsiste y se multiplica el negociazo del huachicol, donde por obvias razones están metidos funcionarios y trabajadores de base de la paraestatal. Por supuesto, hay que rescatar para la nación el petróleo y la electricidad, pero lo hecho hasta ahora no parece perseguir ese fin.
Un caso semejante es el de la nutrióloga Victoria Guillén Álvarez, a la que inicialmente se colocó como directora de IEPSA (Impresora y Encuadernadora Progreso, SA), la misma que el 5 de agosto el presidente López Obrador decidió nombrar directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, de los talleres de ese organismo, de la imprenta de Secretaría de Hacienda, de Talleres Gráficos de México y de IEPSA.
Hasta donde sabemos, no existe en el esquema gubernamental un cargo con las atribuciones que ahora tiene la señora Guillén, que en teoría depende de la Secretaría de Gobernación, pero al parecer poco importa el vacío legal.
Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe del gobierno capitalino, doña Victoria fungió como directora de Corporación Mexicana de Impresión, SA, empresa del GDF. En internet se informa que en 2006 la señora “fue acusada penalmente –aunque la denuncia no prosperó—por ocultar información pública, (lo) que en el Distrito Federal (sic) es sancionado como responsabilidad de los servidores públicos”.
La misma página de internet agrega que en ese cargo, la señora Guillén “se negó desde 2005 a informar sobre el costo de propaganda impresa” en esa firma, así como sobre “el origen y monto total de los recursos con los que se financiaron los cómics Historias de la Ciudad, empleados por Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno.”
No es creíble que la señora Guillén sea una mujer que busque enriquecerse ilegalmente. Su trayectoria política y las opiniones de personas que la conocen la hacen ajena a la corrupción. Lo cuestionable, en todo caso, es su reticencia a entregar cuentas claras en tiempo y forma.
Ahora mismo, su actuación se caracteriza por sus caprichos administrativos, un centralismo llevado al absurdo en la toma de decisiones, su negativa para investir de autoridad a sus subordinados y su probada incompetencia para abordar los problemas de las empresas que dirige de facto, como la deuda de Talleres Gráficos de México con sus trabajadores y proveedores, la que asciende a más de 300 millones de pesos.
Como en otros casos, doña Victoria es 90 por ciento leal, pero es dudoso que su eficiencia llegue al diez por ciento.
