Texto: Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 4 de abril de 2018. Ante la que se anticipa como la elección más compleja de la historia del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé recibir y despachar aproximadamente 50 mil impugnaciones emprendidas por los actores políticos, estimó la presidenta de la Sala Superior, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis.
Expuso que el tamaño de la elección, en la que se renovarán alrededor de 3 mil 600 cargos federales y estatales, y casi 17 mil si se consideran funcionarios municipales, pondrá a prueba a todas las instituciones electorales.
“Sí, tenemos una previsión de cerca de 50 mil asuntos, según qué tan cerrada sea la jornada electoral para los resultados y, por ende, la cantidad de recuentos de votos que lleguen, que es lo que se consideran asuntos masivos.
“Lo que sí es cierto es que este proceso electoral 2018 va a poner a prueba la totalidad de las instituciones electorales, tanto las administrativas como todas las jurisdiccionales locales y la federal”, asentó durante un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Otálora Malassis ilustró que, en la elección presidencial de 2012, el Tribunal Electoral recibió 14 mil 500 impugnaciones, un monto tres veces menor que la proyección para el actual proceso electoral, en el que habrá comicios concurrentes en 30 de las 32 entidades federativas.
Ese año, en el que la diferencia entre el primer y segundo lugar de la elección presidencial no fue tan cerrada, detalló, la Sala Superior resolvió 400 juicios de inconformidad contra los cómputos de votos.
La magistrada abundó que este año serán instaladas 157 mil urnas en todo el territorio nacional, en las que mil 400 ciudadanos ejercerán como funcionarios de casilla y que recibirán los votos de hasta 89 millones de ciudadanos.
Afirmó que, una vez concluida la jornada electoral del 1 de julio, la Sala Superior tiene hasta el 30 de agosto para determinar el cómputo final de la elección de Presidente de la República, si éste es impugnado.
Además, agregó, el 6 de septiembre es la fecha límite para dictaminar sobre la validez de la elección, si algún actor reclama la nulidad de la misma.
“El 6 de septiembre, México tiene que saber ya quién será su próximo Presidente y con cuántos votos quedó electo, si la elección fue válida o no fue válida, y es la Sala Superior la que toma esa determinación y, en su caso, (valida) la constancia de Presidente Electo a quien haya obtenido la mayoría de los votos; formula la declaración de validez de la elección y de Presidente Electo, es así como lo establece la propia ley”, describió.
Otálora señaló que uno de los retos del Tribunal Electoral es mantener la congruencia de los criterios que aplica a todos los actores políticos.
“Si hay congruencia en los criterios, si el mismo criterio se aplica a todos los actores políticos, por lo menos, la ciudadanía sí puede tener la certeza de que se está juzgando a cada actor político, digamos comúnmente, con la misma vara, y eso es su sumamente importante en la democracia”, sostuvo.
La magistrada aclaró que la certeza no depende de la unanimidad con que se aprueban en el Pleno los asuntos; incluso, afirmó que es sospechoso que los órganos colegiados voten a menudo por unanimidad de sus integrantes.
“Estoy plenamente convencida de que un tribunal que resuelve exclusivamente por unanimidad, para mí es un tribunal de sospecha. No puede haber unanimidad constantemente entre tres, cinco, siete u once, incluyo a la Corte, plenos jurisdiccionales. Es imposible, o sea, no es viable, porque simplemente estamos hablando de cómo debe o puede interpretarse una norma. Por ende tiene que haber divergencias”, planteó.
“Y el disenso jurisdiccional, para mí, es algo totalmente positivo, es algo sano, es algo que construye la doctrina jurídica justamente este disenso, y es tan valiosa una sentencia, la argumentación de una sentencia de mayoría, como el voto particular emitido por una minoría, ya sea que ésta sea de una o de varios integrantes del Pleno. La unanimidad no es sinónimo de certeza jurídica”.
Reconoce a jueces de estados en crisis
La presidenta de la Sala Superior extendió un reconocimiento a los Tribunales Electorales de estados que atraviesan conflictos políticos o de violencia, lo que no ha impedido que realicen su obligación de impartir justicia.
“Yo sí tengo un verdadero respeto para los Tribunales Electorales locales, que trabajan inmersos en una complejidad política local que nosotros no conocemos, y que, en algunas entidades –sólo cito Guerrero, Michoacán, Oaxaca, algunos estados del norte: Chihuahua, Tamaulipas– están en situaciones sumamente complejas y graves para impartir una justicia electoral que dé certeza, y no obstante ello cumplen con su deber.
“No han denegado, en ningún caso, justicia por temas de inseguridad y amenazas, y sí quiero hacer patente este reconocimiento a todos los tribunales electorales locales del país”, destacó.
