AI acusa a Ortega de “represión letal” en Nicaragua 

Managua, Nicaragua, 29 de mayo de 2018. Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que el Gobierno de Nicaragua cometió “crímenes de derecho internacional”  al “ejercer una política represiva letal” y “privar intencionalmente de la vida” a manifestantes en las protestas que comenzaron en abril y que según el organismo han dejado ya 83 muertos.
“Ante el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, manifestado mediante protestas de personas en diferentes partes del país, la respuesta del Gobierno ha sido básicamente ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos e, incluso, crímenes de derecho internacional”, indicó un informe divulgado este martes en Managua.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, y la ex actriz y defensora de derechos humanos Bianca Jagger presentaron el documento y condenaron “la represión de policías y turbas” (paramilitares) contra estudiantes, de la que dijeron haber sido testigos tras su llegada al país el lunes.
Guevara-Rosas denunció que la acción de la Policía y los paramilitares dejó ayer un manifestantes muerto y más de 45 heridos, en su  mayoría jóvenes atendidos en hospitales privados, ya que los centros públicos rechazan dar auxilio a opositores.
Jagger, estadounidense de origen nicaragüense, llamó a los países de América latina “a que denuncien y condenen” al Gobierno de Daniel Ortega, el cual –dijo- “está reprimiendo, persiguiendo y asesinando a los estudiantes como a perros”.
Ortega dirige “una guerra sucia de represión contra un movimiento cívico y un pueblo desarmado”, acusó la ex esposa del veterano ídolo rockero Mick Jagger y que también preside la Fundación Bianca Jagger para los Derechos Humanos.
Instó también a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su secretario general, Luis Almagro, a convocar a una reunión del organismo para analizar la situación de Nicaragua, donde, dijo, “están matando a los estudiantes en las calles como a perros”.

En tanto, la Policía excarceló hoy a 22 personas, en su mayoría jóvenes universitarios detenidos durante las protestas de ayer. El grupo fue entregado en la Catedral de Managua a sacerdotes que intercedieron por su liberación.
Pablo Cuevas, asesor jurídico de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), aseguró que aún existe “una cantidad no determinada” de desaparecidos que se sospecha puedan estar encarcelados o haber sido asesinados.
En tanto, organizaciones de la sociedad civil confirmaron que mañana realizarán una “gigantesca marcha pacífica” en la capital, en homenaje a las mujeres que perdieron a sus hijos en las protestas. Mañana se celebra en Nicaragua el día de las madres.
Por su parte, la organización de escritores PEN Internacional exigió desde sus filiales en Alemania y en Nicaragua al Gobierno de Ortega el “fin de la violencia y garantías para la libertad de prensa y expresión”, y manifestaron preocupación por los asesinatos ocurridos desde abril.
“Las protestas se deben al régimen autoritario de Daniel Ortega quien ha puesto fuera de función los mecanismos de la democracia, en primer lugar la división de poderes, ha instalado en los puestos más importantes del poder miembros de su familia y se ha enriquecido de manera desvergonzada en el transcurso de su Gobierno”, señaló el comunicado.
“Nos preocupa especialmente el creciente acoso a la libertad de prensa, ya sea por medio de la adquisición de canales de TV o estaciones de radio y periódicos o por medio de la limitación de las posibilidades de trabajo para periodistas críticos o su intimidación directa”, añadió el comunicado conjunto.
La grave crisis política que Nicaragua comenzó en abril con una protesta de estudiantes contra una reforma al Seguro Social -luego derogada-, que afectaba con aumento de cuotas mensuales a miles de trabajadores y jubilados.
El conflicto se multiplicó tras la violenta reacción policial y de paramilitares. Según el Gobierno, la muerte de un policía ayer lunes aumentó la lista oficial de fallecidos a 23, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra 79 muertos, 868 heridos y más de 430 detenidos.
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