Texto: Claudia Guerrero/ Agencia Reforma/ Foto: Agencia Reforma
Ciudad de México, 27 de julio de 2018. Investigadores del INAH, que laboran como prestadores de servicios, protestaron este jueves para denunciar bajos salarios, falta de prestaciones y el acoso del crimen organizado.
Decenas de trabajadores agrupados en el Movimiento 26 de julio se manifestaron frente a las oficinas de transición de Andrés Manuel López Obrador, donde denunciaron que algunos han sido víctimas de amenazas, extorsiones y hasta secuestros en diversos estados del país.
Luego de entregar una carta a Leticia Ramírez, responsable de Atención Ciudadana del equipo del virtual presidente electo, el arqueólogo Juan José Guerra informó que ya cuentan con asesoría legal para integrar un expediente sobre los casos de investigadores que han sido acosados por integrantes de bandas criminales.
“Han habido situaciones de pequeños secuestros, extorsiones… Cuando estás en campo, nos dicen: ‘¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué están trabajando en mi territorio?’. Distintos compañeros han experimentado eso, tenemos testimonios y el abogado junto con el sindicato están generando un expediente”.
“Cada zona del país tiene su grado de peligrosidad: Veracruz, Tamaulipas, también en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Todos los lugares en los que estamos sufrimos distintos niveles de peligro; en algunos casos, de crimen organizado y, en otros, simplemente de animales ponzoñosos, de caídas, de riesgo de accidentes”, señaló.
Los investigadores inconformes aseguraron que, a pesar de laborar para el INAH, no les han sido reconocidos sus derechos laborales por lo que solicitaron una mesa de trabajo con el equipo del tabasqueño.
“Los profesores de investigación científica y docencia en contratados por el Instituto vivimos una denigrante situación laboral y académica a la que nos han reducido los funcionarios del INAH y de la Secretaría de Cultura”, afirmaron en el documento.
“Los funcionarios del INAH se apropian de los resultados de nuestras investigaciones y las pregonan a nivel internacional como grandes logros mientras nos someten a una situación discriminatoria y humillante”.
Durante la protesta, los inconformes aseguraron que, en ocasiones, perciben ingresos de entre 4 mil y 10 mil pesos mensuales, sin prestaciones laborales ni seguros de riesgo.
El lunes pasado, los representantes del movimiento denunciaron en conferencia de prensa sus condiciones ilegales de contratación y advirtieron que acudirían a las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos, así como a la Organización Internacional del Trabajo para exponer su caso.
