La Procuraduría mete reversa en el caso del ex gobernador veracruzano; confirma que le faltan pruebas para acusarlo de delincuencia organizada; la decisión le abre la puerta para obtener eventualmente la libertad.
Texto: Claudia Guerrero / Abel Barajas / Agencia Reforma / Foto: Cuartoscura
Ciudad de México, 22 de agosto de 2018. El senador electo Ricardo Monreal Ávila, de Morena, lamentó la ruta que ha tomado el caso del ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, tras afirmar que esto pone en evidencia el mal uso que el gobierno ha dado a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Es muy malo que se haya utilizado, que se siga utilizando a la procuraduría como un instrumento de carácter político persecutorio”, expresó y afirmó que eso cambiará en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Va a cambiar con la nueva Fiscalía General de la República y va a cambiar con el respeto que el Presidente de la República le otorgue a los poderes autónomos y a la Fiscalía”, dijo.
La PGR retiró anoche el delito de delincuencia organizada en contra del ex gobernador de Veracruz y lo reclasificó por el de asociación delictuosa.
Esto significa que el ex priista, preso desde julio de 2017, podría obtener en el mediano plazo la libertad provisional, ya que el nuevo ilícito no considera la prisión preventiva oficiosa.
Al presentar formalmente la acusación ante un juez federal en contra del ex mandatario estatal, la PGR conservó sólo uno de los dos delitos de la imputación original: el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente conocido como lavado de dinero, además de acusarlo de asociación delictuosa.
Admite PGR falta de pruebas contra Duarte
Este miércoles, la PGR aceptó que no tenía datos de prueba suficientes para acusar a Javier Duarte de Ochoa por el delito de delincuencia organizada y por ello lo reclasificó por el de asociación delictuosa, el cual no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa.
En un comunicado, la dependencia federal destacó que independientemente de que ahora no haya un delito que oficiosamente lo mantenga en la cárcel, el ex gobernador de Veracruz continuará preso en el Reclusorio Norte porque tiene dictada la prisión preventiva justificada por el delito de lavado.
“Al valorar los datos de prueba con que cuenta, la PGR determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución.
“Es importante destacar que el probable responsable seguir· su proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo la Procuraduría.
Adicionalmente, la PGR recordó que contra el ex mandatario veracruzano existen otras acusaciones que integra la FiscalÌa General de Veracruz.
Esta es la segunda vez que la PGR retira la acusación de delincuencia organizada contra alguno de los imputados en el llamado Caso Duarte, pues el 11 de abril de 2017 reconoció que no tenía elementos para llevar a juicio por ese delito a las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta.
En el caso de estas mujeres, negociaron un procedimiento abreviado con la PGR en el que la dependencia retiró la delincuencia organizada, pero ellas aceptaron su responsabilidad en el lavado de dinero, lo que también les trajo un beneficio en la reducción de la pena.
Por ello, en la misma fecha fueron condenadas a 3 años con 4 meses de prisión y una multa 48 mil 644 pesos, derivado de haber lavado más de 223 millones de pesos en Consorcio Brades, una empresa facturera que fue utilizada para supuestamente desviar recursos de la administración de Duarte.
Anoche, la Subprocuraduría de Delitos Federales presentó ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte la acusación formal contra Duarte por asociación delictuosa y lavado de dinero.
En los próximos días, un juzgado de control fijará una fecha para celebrar una audiencia intermedia en la que será debatida la legalidad de los datos de prueba de la acusación penal y las pruebas de descargo de la defensa del imputado.
