El proyecto surge a casi siete meses del estallido de protestas sociales que fueron sofocadas con violencia por la policía y paramilitares, acción que dejó casi 200 muertos según el gobierno y hasta 535 de acuerdo con ONGs.
Managua, Nicaragua, 12 de noviembre de 2018. El gobierno de Nicaragua confirmó hoy lunes que trabaja para establecer una “cultura nacional de reconciliación y paz” mediante un proyecto de ley que la convertirá en “política de Estado”, en medio de la más grave crisis política de las últimas década en el país.
En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, el ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el proyecto busca “promover desde la escuela, la familia y la comunidad, valores y prácticas de respeto, solidaridad, diálogo, encuentro y convivencia armoniosa”.
El proyecto surge a casi siete meses del estallido de protestas sociales contra el presidente Daniel Ortega que fueron sofocadas con violencia por la Policía y paramilitares, acción que dejó casi 200 muertos según el gobierno y hasta 535 de acuerdo con ONG de derechos humanos.
En su nota, la Cancillería atribuye la crisis a “un intento de golpe de Estado por grupos políticos disfrazados de organizaciones no gubernamentales, asociados al crimen organizado y financiados desde el exterior”.
Según el gobierno, las “acciones terroristas y delitos” dejaron 198 muertos, de los cuales 22 eran policías, y mil 240 lesionados, así como 252 edificios “vandalizados y dañados” y 209 kilómetros de calles y carreteras destruidas, entre otros daños.
Indicó que el conflicto dejó pérdidas económicas calculadas en 961.4 millones de dólares, la pérdida de 119.567 empleos y de 218 millones de dólares en reducción del presupuesto del Estado.
La Cancillería también confirmó que 273 personas están presas por haber participado en las protestas, aunque el Comité Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, no gubernamental) asegura que existen 600 presos políticos en distintas cárceles del país.
El proyecto de ley de “reconciliación y paz” lo anunció hace dos semanas la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del ex guerrillero de 73 años, quien dijo que realizan consultas con las bases del partido sandinista antes de enviarlo al Parlamento, donde sería aprobado sin dilación por la mayoría oficialista.
La iniciativa, que se filtró parcialmente en medios de prensa y redes sociales, da a la Policía el papel de “implementar un trabajo comunitario y de seguridad ciudadana” junto con otros ministerios de Estado que velarían por “la familia, el trabajo y la paz”, conocido eslogan del Gobierno desde que Ortega asumió en 2007.
Distintos sectores sociales y políticos han rechazado el proyecto oficial al recordar que la Policía está desacreditada por haber sofocado con armas de guerra, apoyada por paramilitares, las protestas civiles en el país desde su inicio el 18 de abril.
Familiares de jóvenes universitarios que murieron o fueron heridos en esas acciones cuestionaron la iniciativa, señalando que la reconciliación debe ser “voluntaria y no imponerse mediante una ley”.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, conocido crítico del Gobierno, dijo ayer que en Nicaragua no podrá haber reconciliación “sin establecer la verdad y la justicia”, porque ambas son indispensables para la paz.
Texto: DPA / Foto: Archivo El Sur- EFE
