La actual administración “no está tomando en serio” el problema de las familias que abandonan sus comunidades por la violencia del crimen organizado: “es lo más grave que ocurre en nuestro país, después de los desaparecidos”, dice Manuel Olivares.
Ciudad de México, 20 de marzo de 2019. Frida Guadalupe duerme desde hace poco más de un mes en una casa de campaña a unos metros del Zócalo y a unos centímetros de las alcantarillas. Tiene siete años y, como ella, otros 80 niños viven en el campamento de desplazados guerrerenses, quienes –luego de huir de la violencia de la delincuencia organizada que ha azotado los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo– se instalaron frente a Palacio Nacional para exigir que los grupos criminales sean replegados y puedan volver a sus comunidades.
La madre de Frida Guadalupe, Marisela Castro García, una mujer que sonríe para ocultar la angustia, dice que la situación ya es desesperada: “Los niños se están enfermando. Mi hija, por ejemplo, tiene hipertiroidismo congénito, tiene que tomar 125 gramos diarios de Livoteroxina sódica y, aunque los médicos del hospital Gregorio Salas vienen dizque a revisarlos, nunca tienen medicinas. Hemos tenido emergencias médicas y las ambulancias tardan hasta una hora en llegar, peor que en la sierra”.
Marisela Castro es de Los Morros, una comunidad de Leonardo Bravo, al oeste de Chichihualco, que no albergaba más de 500 habitantes. Hasta hace poco era un pueblo tranquilo donde se sembraba frijol, aguacate, durazno. También es tierra fértil en amapola, aunque ésta había dejado de sembrarse debido al descenso del precio de la goma, provocado por los opioides sintéticos que tomaron el mercado de Estados Unidos.
Hoy en Los Morros hay marcas de balas en la iglesia y la comisaría. Como Filo de Caballos, Carrizal de la Vía, Balsamar y Tepozonalco, es un pueblo tomado por un grupo armado.
Como los otros 80 niños que duermen aquí en el campamento, Frida Guadalupe está cada vez más flaca. Casi todos los días desayuna, come y cena quesadillas de papa fritas y agua saboreada con Tang. No hay dinero para otra cosa. En Los Morros, su familia cultivaba dos hectáreas de tierra, tenían 500 árboles de aguacate y un restaurante de comida corrida. Hoy no tienen nada salvo algunos cambios de ropa y un poco de dinero que pudieron salvar en su huida, en noviembre pasado.
“Hace ya cuatro meses que mis hijos no comen en una mesa –llora Marisela Castro–. Yo creo que esto no sólo es injusto: es indigno. Mi esposo trabajó 11 años en Estados Unidos para crear un patrimonio. Todo ese trabajo nos lo quitaron de un día para otro”.
Clases de normalistas de Chiapas en el campamento guerrerense
En el campamento hay por lo menos 10 niños menores de un año, algunos de no más de tres meses. Apenas un día después de que el campamento fue instalado, una mujer con nueve meses de embarazo tuvo que ser hospitalizada pues comenzó a tener contracciones en la calle: hubiera sido el primer niño nacido frente a Palacio Nacional.
Ajenos a las miles de personas que transitan por el Zócalo de Ciudad de México y sus alrededores, siempre vigilados por las cuatro o cinco personas de la comunidad designadas para hacer guardias durante el día y la noche, a toda hora es posible ver enjambres de niñas y niños jugando al trompo o a la pelota entre las colchonetas.
Huéspedes de la Casa del Estudiante José Yves Limantour suelen acudir los sábados y domingos a brindar apoyo educativo a los niños mayores de cinco años presentes en el campamento. Ubicada en el barrio de Tepito, a unas cinco calles del Zócalo, esta institución también ha permitido que las comunidades desplazadas usen sus instalaciones sanitarias.
Desde hace unos días, los niños desplazados también reciben atención diaria por parte de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, de Chiapas, quienes llegaron de aventón desde Tuxtla Gutiérrez, apenas tres días después que ellos, para exigir que su plantel sea reconstruido y se respete el total de matrículas. En pizarrones improvisados con cartoncillo forrado de plástico intentan enseñarles a escribir su nombre, a sumar, a contar.
“Es parte de nuestra vocación social como educadores y nuestro compromiso de brindar conocimiento a la población indígena, nosotros no recibimos ningún pago por esto –dice Carlos Villatoro–. El problema es que hay niños en el campamento que deberían ir en cuarto de primaria y tienen serios problemas para leer, para escribir. Tienen un rezago grave”.
No es raro. Todos los niños del campamento dejaron sus casas desde noviembre. Son ya cuatro meses sin pisar un aula pero incluso antes, en sus comunidades, los maestros habían comenzado a faltar por la situación de violencia.
“Venían sólo una vez a la semana, a veces unos cuatro días al mes”, cuenta Jocelyn, de 32 años y madre de dos niñas, de 12 y 10 años, y un niño de apenas cuatro. A ellas las envió hace cuatro años a estudiar a Tijuana, con una hermana.
“Les tocaron varias balaceras en la escuela. Los niños que hoy están aquí tienen por lo menos dos años de atraso, por lo menos, eso lo sabemos todos”.
“Poca experiencia y poca voluntad política”
Para Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, acompañante y representante legal de los más de 350 desplazados que hoy duermen frente a Palacio Nacional, existe “poca experiencia y poca voluntad política para resolver la crisis de los desplazados por el crimen organizado”.
“Existen estándares internacionales a los que México tendría que responder –explica Olivares–. En Guerrero existe la Ley 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno; a nivel federal está la Ley General de Víctimas. Ninguna se está aplicando. No es una situación no prevista, pero la actual administración parece que no está tomando en serio el tema del desplazamiento: es lo más grave que ocurre en nuestro país, después de los desaparecidos.
“No existe todavía una ley nacional de desplazados, es algo que tiene que trabajarse, y que los códigos penales consideren el desplazamiento forzado como un delito”, plantea.
El campamento instalado en Ciudad de México es sólo una representación de un total de mil 600 personas, muchas de las cuales continúan durmiendo en el auditorio de Chichihualco. Y ya hay otros poblados que están considerando también abandonar sus casas, como es el caso de Jicayán de Tovar, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero.
A la fecha no han vuelto a reunirse con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob). Y aunque han sostenido ya “tres o cuatro reuniones” con Neftalí Granados y Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Segob, no hay ningún avance pese a la crisis humanitaria que viven estas familias y otras miles de personas que han perdido todo su patrimonio y aún permanecen en Guerrero.
“Lo único que nos dicen es que el problema tiene que resolverse a fondo, con una estrategia nacional implementada por el doctor Alfonso Durazo, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero nosotros no sabemos cuánto tiempo tienen que esperar las familias para poder retornar a sus comunidades.
“Estamos solicitando una reunión con Durazo, para que nos explique esto. No podemos esperar a que se concluya el diseño de una estrategia que no sabemos si funcionará”.
Al problema de la estrategia nacional se suman las particularidades propias de Guerrero, donde grupos criminales hoy parecen cobijados bajo la figura de las policías comunitarias y la Ley 701 que las ampara, además de los propios conflictos entre las policías comunitarias y otros grupos armados que confluyen en el territorio. Pacificar una zona así no será fácil, comenta Olivares.
“Por eso nosotros pedimos algo muy básico –continúa–. Hemos presentado una propuesta de atención humanitaria que incluye varios ejes: Lo primero es el derecho a una vivienda digna, un lugar amueblado que los desplazados puedan habitar. Luego, alimentación: 10 mil pesos por familia para que pueda comprar sus alimentos y sustentar sus gastos, mientras se pacifican sus localidades. Y seguridad: velar porque estén seguros, algunos de ellos han sido amenazados”.
“Aceptamos irnos a otro lado pero necesitamos sembrar”
Joaquina Cantor Gasparillo llegó aquí con sus tres hijas de 20, 11 y siete años, además de su nieta de apenas un año. Es madre soltera. Dice que la desesperación la llevó a plantarse en persona con el presidente municipal de Zitlala, Rogelio Ramos, para pedirle apoyo y exigirle que mandara al Ejército, a la policía preventiva, que mandara a alguien, ahora sí, porque ya había muchas balaceras, varios desaparecidos y nadie sabía qué estaba pasando bien a bien.
El alcalde contestó que no podía hacer nada, que “la maña tenía más gente que el municipio entero”, le respondió. Fue la mañana del 3 de noviembre. Lo recuerda porque esa misma noche salió de su casa y caminó, toda la noche, junto a otras 70 personas hacia Copalillo.
Martín Maldonado, el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, les aseguró que podían regresar a Zitlala sin problema. Que ya todo estaba arreglado.
–Si regresábamos, nos desaparecen como a muchos –dice Joaquina–. Ahora, lo que más nos preocupa a quienes venimos de Zitlala es una vivienda digna, eso es lo primero. En algún lugar donde podamos sembrar, porque no sabemos hacer otra cosa. Somos campesinos. La otra es la educación: nosotros hablamos náhuatl y muchos de nuestros niños no hablan español. Hace tiempo que ya no daban clases en la comunidad, porque pues había balaceras, asaltos.
–¿Si los reubicaran en otro estado que no fuera Guerrero, ustedes aceptarían?
–Sí. Pero mire, somos campesinos, yo cultivaba cuatro hectáreas. Y nosotras somos cinco mujeres. Comíamos de la tierra. Aceptamos irnos a otro lado pero necesitamos sembrar. Y aquí en la ciudad pasamos fríos, imagínese usted: venimos de un lugar caliente y aquí en las noches dormimos sobre el cemento, porque no nos trajimos nada. A los niños por eso les está dando fiebre.
Texto y foto: Carlos Acuña, El Sur Cdmx / Foto:
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