Desde 2007, Pemex y otras dependencias federales celebraban convenios con universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), para evadir contrataciones por licitación pública y subcontratar a empresas “fantasma”.
Monterrey, Nuevo León, 26 de agosto de 2019. La ordeña de recursos federales mediante convenios con universidades, al estilo de la llamada Estafa Maestra, no surgió durante la administración del priista Enrique Peña Nieto, pues el modelo ya existía al menos desde el sexenio del panista Felipe Calderón.
Desde 2007, Pemex y otras dependencias federales celebraban convenios con universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), para evadir contrataciones por licitación pública y subcontratar a empresas “fantasma”, aprovechando que las instituciones educativas son autónomas y no se rigen por las leyes de adquisiciones.
De este modo, las dependencias asignaban directamente los contratos a las universidades y éstas a su vez hacían asignaciones, también directas, a personas morales privadas.
Entre 2007 y 2010, por ejemplo, Pemex pagó al menos 2 mil 612 millones de pesos en contratos a la UANL, que -a su vez- subcontrató empresas “fantasma”, reveló Grupo REFORMA el 6 de junio de 2011.
Entre esas empresas había un clan de seis compañías integradas por Érick Alain Treviño Arjona, investigador por horas en la UANL, quien reclutó a su esposa, su madre, sus suegros, sus cuñadas y hasta un vecino en la operación.
Los domicilios de las empresas, que no tenían empleados registrados ante el IMSS, eran casas particulares, algunas deshabitadas.
El 19 de junio de 2011, Lucía Villalón, entonces titular del Órgano de Control Interno de Pemex Exploración, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, afirmó que habían iniciado una investigación del caso.
También, dijo que había más universidades contratadas de la misma manera por otras dependencias federales.
Pero, los resultados de esa supuesta auditoría -si los hubo- nunca fueron revelados.
En febrero de 2012, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer su Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2010, en el que determinó que la UANL incurrió en responsabilidades y dio vista a su Contraloría interna para que iniciara los procedimientos correspondientes.
Sin embargo, la institución dijo que no sancionó a nadie y sólo modificó sus reglamentos internos.
Además de Pemex, otras dependencias que también contrataron a la UANL fueron el Servicio Postal Mexicano, la Sagarpa, la Secretaría de Seguridad Pública, el SAT y la Secretaría de Desarrollo Social.
Esta forma de desviar fondos federales fue investigada a nivel nacional por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a partir de hallazgos de la ASF en las cuentas públicas 2013 y 2014.
En la investigación, a este modus operandi se le llamó la “Estafa Maestra” y es la que tiene a Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social, vinculada a proceso y recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla.
Texto: Mirna Ramos / Agencia Reforma / Foto: Archivo
