Tendrán reuniones bimestrales y piden que se sancione a funcionarios que obstaculizaron las pesquisas. “Reafirmamos nuestro compromiso de encontrar” a los normalistas “lo más pronto posible”, dice el presidente en un tuit. “Los vamos a encontrar”, lo secunda Encinas.
El Sur, Ciudad de México, 12 de septiembre 2019. Fue casi un encuentro informal aunque asistieron el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, a la reunión de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de ayer.
Después, en Twitter, López Obrador escribió: “Nos reunimos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo”.
La reunión fue en el salón de la Tesorería al interior de Palacio Nacional, fue relajada y sin protocolos grandilocuentes, informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra en la conferencia de prensa de una hora más tarde, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“No fue una reunión acartonada –expresó Rosales–, al contrario, se permitió un diálogo libre con el presidente, expresarle inquietudes, reclamos, preguntas. Muy flexible, incluso nos tomamos más tiempo del programado”.
Han pasado casi nueve meses desde que Andrés Manuel López Obrador, en su primer acto como presidente, creara la Comisión para la Verdad y Acceso a a Justicia en el Caso Ayotzinapa y comprometiera a su gobierno a llegar hasta el fondo de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos la noche del 26 de septiembre de 2014.
El 26 de septiembre se conmemorarán 5 años de los ataques ocurridos en Iguala, y todavía se desconoce el paradero de las víctimas y de las razones que motivaron a los perpetradores, así como la identidad de todos los responsables de uno de los crímenes más atroces de la historia reciente del país.
Esta lentitud es el principal reclamo de los familiares de los estudiantes: en México, dicen, la justicia es tan lenta que duele. Sobre todo porque esa falta de velocidad parece provocada, como si se tratara de un vicio que permite retrasar investigaciones y castigos. Si antes fueron una serie de funcionarios que se esforzaron en imponer una “verdad histórica” que pretendía encubrir a altos mandos de las instituciones involucradas, hoy los padres se encuentran a un nuevo gobierno que jura tener la voluntad de atender el caso, pero que no logra que sus distintas dependencias caminen a la par de sus deseos.
“La herida sigue abierta: no hay paz en nuestros corazones ni en nuestras familias. No existe evidencia alguna que dé sustento a lo que el anterior gobierno quiso hacer creer a los mexicanos y al mundo entero. El gobierno que encabezaba Enrique Peña Nieto manipuló a cuanta institución había para retrasar la justicia: fue un gobierno totalmente inhumano”, acusó Emiliano Navarrete, padre del estudiante José Navarrete.
Después remató: “Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se nos abrió una esperanza pero todo ha sido muy lento. Entendemos: tenía que crearse una base sólida porque es algo delicado y no queremos otra vez tropiezos. Pero a estas alturas conocemos con nombres y apellidos de algunos de los responsables de la desaparición de nuestros hijos, y aún así la ley es lenta. Uno tiene que esperar muchísimo para que se lleve a cabo una investigación y una detención. Eso lastima, duele”.
Esta es la razón por la que hace alrededor de un mes y en el marco de los cinco años de la desaparición de los normalistas, se solicitó al presidente de la República una reunión para conocer su postura ante los meses y meses que tuvieron que esperar para que la Fiscalía General de la República designara al fiscal especial para el caso, o las respuestas evasivas de la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar la información del caso, además de los detenidos que fueron liberados recientemente debido a violaciones al proceso, pese a que resultaban clave para dilucidar lo ocurrido en el 2014.
A 5 años de la tragedia, el caso Ayotzinapa parece cada vez más lejos de cerrarse, consideraron.
Algunos acuerdos con el presidente
El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, quien forma parte de la Comisión para la Verdad y que ha acompañado legalmente a los padres de los 43 junto a Tlachinollan, dijo que la reunión con el presidente estuvo estructurada en tres momentos.
En un principio el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas presentó un informe ante los padres de los estudiantes y el presidente sobre los trabajos y acciones de la Comisión durante los últimos ocho meses, operaciones de búsqueda en los últimos meses, acciones penales que están pendientes, diligencias, actividades en campo, y solicitudes de información a distintas dependencias.
En un segundo momento los familiares de los estudiantes desaparecidos expresaron sus principales preocupaciones, peticiones, reclamos y consideraciones sobre todo el proceso.
Aquí, pese a que los padres reconocen las labores de la Comisión para la Verdad, hicieron un reclamo directo hacia la Sedena por negar la información completa del caso, y hacia la Fiscalía por retrasar las acciones y los procesos penales.
“También se señaló –dijo Aguirre– que si no se procede penalmente contra los funcionarios públicos de la administración pasada que obstaculizaron la investigación o incurrieron en violaciones a los derechos humanos –como el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón– no se romperá el pacto de impunidad que impide conocer el paradero de los estudiantes”.
Los padres, además, solicitaron profundizar en las intervenciones internacionales y en la presencia de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas así como crear un esquema para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –al menos cuatro personas de quienes conformaron el equipo– pueda volver al país y dar un seguimiento más estrecho a las labores de la Comisión para la Verdad.
Para finalizar, el presidente de la República respondió a las peticiones y se entabló un diálogo, llegando a algunos acuerdos como establecer reuniones bimestrales con los padres, sus representantes y el mismo López Obrador para agilizar los procesos pendientes, entre ellos solicitar al Ejército –en específico al 27 Batallón de Iguala– que entregue toda la información disponible del caso, además de estrechar las relaciones con la Fiscalía y con los organismos internacionales para dar celeridad a las investigaciones.
Alrededor de la una de la tarde, terminada ya la reunión extraordinaria, el presidente acompañado de Alejandro Encinas, realizó el pase de lista del uno al 43 junto a los padres de los estudiantes y sus representantes. Justicia, gritaron a coro.
Después, entrevistado por reporteros, Encinas dijo que la Comisión ha buscado a los estudiantes desaparecidos, y aseguró: “los vamos a encontrar”.
Hay responsabilidad de Alejandro Gertz sobre la liberación de El Cabo Gil
Aunque la reciente liberación de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, -y de otros implicados en el caso- no fue el eje de la reunión, resultó imposible no mencionar no sólo la responsabilidad de la PGR en la violación a su debido proceso, sino de la actual Fiscalía General de la República por no haber previsto que algo así podría haber sucedido, pese a las advertencias de las distintas organizaciones que acompañan a los padres de los 43.
“Se les advirtió que El Gil podía salir libre –reclamó Santiago Aguirre–. La última acción contra él es previa al nombramiento de Omar Gómez Trejo como fiscal especial del caso, así que él no es un directo responsable. Pero sí el fiscal General, Alejandro Gertz, con él tuvimos una reunión en la que le entregamos por escrito estas preocupaciones. Hay una responsabilidad que recae sobre ellos”.
Los padres de familia también señalan directamente, además de a policías federales y municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, a soldados del 27 Batallón de Infantería en Iguala, quienes presumiblemente tendrían relaciones familiares o vínculos con miembros de la célula delictiva Guerreros Unidos.
“Está documentada una conducta irregular por parte de elementos del Ejército la noche del 26 de septiembre. Realizaron labores de monitoreo y mintieron o fueron omisos en sus declaraciones, debe investigarse si fue así porque recibieron esa orden”, expuso Aguirre.
Ante la pregunta de El Sur de si es posible imputar nuevos cargos a Gildardo López Astudillo tras su liberación, Santiago Aguirre respondió que es posible:
“Al Gil se le acusa de delincuencia organizada y de secuestro. Desde el año pasado lo absolvieron por delincuencia organizada, sólo le quedó por secuestro. Sin embargo, la PGR nunca lo acusó por desaparición forzada, porque nunca oficializó la versión del basurero de Cocula”.
Además, agregó, está el tema de tráfico de drogas el cual ya se investiga por parte de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (la DEA, por sus siglas en inglés), por la cual también se lo podrían levantar cargos.
“Muchos criticaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por insistir en la línea de investigación que señalaba la red de tráfico de Iguala a Chicago, pero la DEA le da la razón al GIEI. Si existiera una línea de investigación seria al respecto se tendría que consignar al Gil, incluidas a autoridades del ámbito estatal y federal”.
Vidulfo Rosales aseguró que este martes se celebró una reunión con altos mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la cual la Comisión obtuvo datos “importantes, muy valiosos” respecto a la actuación de algunos policías federales.
Por resguardar la información y los debidos procesos, estos datos son reservados, “pero ayudan muchísimo a la investigación.
Texto: Carlos Acuña / Foto: Cuartoscuro
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