Corresponden a cuentas del 2018. Tlalchapa es el que tiene mayores recursos sin comprobar por 44 millones 935 mil pesos. Le siguen Azoyú con 20 millones 598 mil y Acapulco con 18 millones 300 mil pesos.
Acapulco, Guerrero, 5 de noviembre de 2019. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala al gobierno de Guerrero por un probable daño al erario público de más de 161 millones de pesos entregados a municipios que no fueron justificados.
La Fiscalía General del Estado (FGE) gastó casi seis millones de pesos en equipo tecnológico que no utiliza, indica una de las auditorías que entregó el órgano técnico a la Cámara de Diputados este 31 de octubre y que se puede encontrar en su página web.
El Sur informó este lunes que el gobierno estatal debe aclarar o recuperar a favor de la ASF 19 mil millones 800 mil pesos que arrastra de 2002 a 2018, de los cuales 4 mil 472 millones 600 mil pesos están en “procedimiento resarcitorio”.
Los más de 161 millones de pesos entregados a los municipios que no han sido justificados, forman parte de las observaciones del 2018.
La auditoría 909 informa que el año pasado Guerrero recibió tres mil 453 millones 267 mil pesos a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), de los cuales la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) transfirió a 56 dependencias y 33 municipios dos mil 622 millones 305 mil pesos.
De una revisión que realizó la ASF a estos recursos, 27 municipios y 28 dependencias no comprobaron 756 millones 926 mil pesos, y en el transcurso de la auditoría el gobierno estatal “proporcionó la documentación comprobatoria” de 6 municipios y el total de las dependencias ejecutoras por 595 millones 782 mil pesos, “con lo que se solventa parcialmente lo observado”, indica el órgano técnico.
Es así que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por 161 millones 144 mil 283.66 pesos “por no disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fortafin” de 21 municipios que recibieron este monto.
Tlalchapa es el que tiene mayores recursos sin comprobar que alcanzan los 44 millones 935 mil pesos, le sigue Azoyú con 20 millones 598 mil y luego Acapulco con 18 millones 300 mil pesos.
En la auditoría 917 se presume un probable daño por un monto de siete millones 9 mil 450 pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que el gobierno estatal transfirió a la FGE.
De acuerdo con las visitas físicas que realizó personal de la ASF a la dependencia, se verificó que no hay evidencia del uso de un Software de Geolocalización en el Área de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro que costó un millón 531 mil 200 pesos, del que “no se evidenció documentalmente el control y el uso de dichas consultas”.
Un Sistema Automatizado de datos adquirido por un monto de cuatro millones 370 mil pesos tampoco “se encuentra en funcionamiento, ya que a dicha fecha no estaba conectado al sistema”.
Además no se acreditó la entrega de mil 74 unidades de vestuario que representaron un gasto de un millón 108 mil 300 pesos.
Otras cuatro auditorías que el gobierno estatal debe atender informan de presuntos daños al erario público
En el documento con número 912 se presume un daño por dos millones 533 mil 383.53 pesos de recursos del programa federal Prospera “por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones que cumpla con” los objetivos de este apoyo económico.
La auditoría 922 a recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, que forman parte del acuerdo entre la Secretaría de Salud (Ssa) federal y el gobierno de Héctor Astudillo, indica un probable daño de un millón 436 mil 226.66 pesos por el pago de salario como plaza médica a tres trabajadores administrativos.
Asimismo, la auditoría 918 señala un presunto prejuicio a Hacienda por un millón 183 mil 229.90 pesos en la construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en Marquelia debido a que “se pagaron conceptos de obra que no se ejecutaron de acuerdo a la descripción en el catálogo de conceptos de su finiquito”.
Por último, la auditoría 915 indica un probable daño de 190 mil 889.88 pesos que se pagaron a un trabajador del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta), pero no fue identificado por el responsable del centro de trabajo, menciona la ASF.
Otra auditoría relacionada al estado es la 349 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia federal señalada por un presunto daño de un millón 722 mil 738.40 pesos en la construcción de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.
La ASF explica que se realizaron modificaciones al proyecto sin autorización que ocasionaron cantidades adicionales.
Los resultados, observaciones y acciones de las auditorías son transmitidos a la entidad investigada para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información con el propósito de confirmar, solventar, aclarar o modificar.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: El Sur-Archivo (En la imagen, Tulio Pérez Calvo, titular de la Secretaría de Finanzas de Guerrero)
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https://suracapulco.mx/2019/11/04/gobiernos-estatales-desde-2002-en-la-mira-de-la-auditoria-federal/
