Señala Karla Micheel Salas Ramírez que la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos se “queda corta”, pues no se castigan acciones ni omisiones de funcionarios. La violencia contra la mujer va en aumento, aun cuando se tienen leyes que deberían de estar dando resultados, agrega en conversatorio para recordar los diez años de la sentencia de Campo Algodonero.
Acapulco, Guerrero, 16 de noviembre de 2019. Si ocurren feminicidios es por errores de las autoridades, las cuales no son sancionadas porque la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos se “queda corta”, coincidieron las participantes del conversatorio Sentencia Campo Algodonero diez años después.
La feminista y activista, maestra en Derechos, Karla Micheel Salas Ramírez, expuso que el 99 por ciento de los asesinatos de mujeres y niñas quedan impunes y el 70 por ciento de estos ocurren en sus casas.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero considerada un parteaguas para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia por razones de género, fue emitida el 16 de noviembre del 2009.
Con ese nombre se conoce la sentencia emitia por la Corte, a través del cual se sancionó al Esado mexicano por acciones y omisiones relacionadas con la desaparición, maltrato y privación de la vida de tres mujeres: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrrez y Claudia Irene Ivette González.
El conversatorio se realizó con la participación de Salas Ramírez y la directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, María de Lourdes Garduño Rebolledo. Como moderadora estuvo la delegada en Acapulco de la Comisión de Derechos Humanos, Fanny Ruth Lara Figueroa.
Karla Salas expulso que la importancia de hablar de la sentencia de Campo Algodonero es porque la violencia contra la mujer va en aumento, aun cuando se tienen leyes y mecanismos que deberían de estar dando un resultado adverso.
Indicó que en el 2019 de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas son asesinadas diariamente diez mujeres al día. “Discursivamente hemos avanzado” pero cuando se contrasta con las cifras no coinciden, dijo.
Agregó que en Guerrero se ha incrementado la violencia a partir de la lucha de los espacios de los grupos del crimen organizado.
De acuerdo con las cifras expuso lo que debería ser el lugar más seguro, es donde las mujeres corren más riesgo, porque el 70 por ciento de los feminicidios son cometidos por personas que la niña o mujer tenía algún tipo de relación. Expuso que el 99 por ciento de los casos de feminicidio a pesar de saber quién es el agresor quedan en impunidad, de acuerdo a estudios de universidades. Indicó que la violencia ha sido normalizada porque se piensa que el cuerpo de las mujeres es propiedad de los hombres, a pesar de las leyes y decisiones judiciales que existen.
Salas Ramírez explicó que desde el servicio público no se frena la violencia, porque aun sabiendo de acuerdo con los estudios que después de una agresión sexual en la mayoría de los casos se llega a feminicidio, no se determinan acciones para protección de las mujeres.
Indicó que se sigue investigando los casos de asesinatos de mujeres como tales y no como feminicidios, por lo que se siguen ocultando las cifras, ni se está vigilando el cumplimiento de las leyes.
“Cuando hay una serie de irregularidades, omisiones, actos de negligencia que puedan cometer agentes del Ministerio Público, son responsables directamente los responsables de las Fiscalías Generales”, manifestó.
Recalcó que si hay feminicidios es porque alguna autoridad no ha hecho lo que le corresponde, porque ha fallado. Enfatizó: “todos los feminicidios son prevenibles” y hace falta comprensión sobre la perspectiva de género para la impartición de justicia y ante la opinión pública.
Añadió que son importante los cambios culturales a largo plazo, pero también acciones para detener la violencia hacía la mujer.
María de Lourdes Garduño dijo que la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos se queda corta cuando se trata de sancionar el actuar de quienes tiene que atender a una al ser agredida. Cuestionó que es cuando se presenta la duda: “¿qué cuida el Estado mexicano, el dinero o a su gente?”.
Indicó que la sentencia de la Corte fue un ejemplo de lo que se debe de seguir haciendo, por lo que parafraseo al ministro Arturo Saldívar, quien dijo a estudiantes que se atrevan a denunciar, a alzar la voz, a gritar, a defender, a hacer justicia, “creo que los jueces viven este proceso, han trabajo y han de seguir haciéndolo para convencerse y convencer a todo el sistema de justicia de cambiar, desde el estudio a fondo del expediente en estudio.
Indicó que las juezas y jueces tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género, que es un mecanismo que permite valorar y entender la contextualización del caso concreto, para tener la capacidad de diferenciar cuando se detecta una situación de vulnerabilidad.
Las participantes coincidieron también en que la lucha de mujeres es lo que permite que actualmente se hagan conversatorios, que hayan sentencias que marquen los cambios que se deben de hacer para garantizar la no violencia a la mujer.
Recalcaron que las mujeres y niñas no están dispuestas a seguir esperando que acciones para protegerlas, y se tiene la responsabilidad histórica de promover los cambios, “todo esta mal, pero no vamos a dejar que todo siga mal”, externó Karla Micheel.
En declaraciones al concluir el conversatorio, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, externó coincidió que se tiene las leyes y Alerta de Género pero siguen ocurriendo feminicidios, “no avanzamos, algo no estamos haciendo bien”.
Aunque indicó que desde el gobierno los funcionarios no van a terminar con ese flagelo que recalcó a las autoridades se les exige lo que les toca pero también debe de trabajar la sociedad. “Nosotros no podemos quedarnos pasivos nada más exigiendo que los tres niveles cumplan cuando estamos generando la violencia desde nuestros ámbitos familiares”.
Reiteró que la violencia no solo contra la mujer sino en general es una situación complicada, y en Guerrero la declaratoria no fue suficiente para avanzar en la inhibición de los feminicidios.
En la inauguración del conversatorio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Célis, externó que el deber de investigar y sancionar la violencia y la reparación integral del daño es obligación del estado mexicana, y la sociedad.
Consideró que es trabajo de todos tener una sociedad más igualitaria, carente de violencia y discriminación, dijo que el reto es grande pero existe el compromiso para realizarlo.
Por su parte, la alcaldesa Adela Román Ocampo dijo que hablar de Ciudad Juárez, Chihuahua es de hablar de atrocidades en agravio de las mujeres. Consideró importante hablar de los avances y pendientes en la atención de las recomendaciones para proteger a las mujeres, evitando la violencia hacia ellas.
Román Ocampo resaltó que el caso del Campo Algodonero es el caso más ominoso de la cultura patriarcal que prevalece en el municipio, estado y país, lamentó porque siguen ocurriendo feminicidios que se han estado dando “de manera reiterada”.
La sentencia dijo, constituye un hito de la lucha por la igualdad de género y de las mujeres en México y Latinoamérica, es importante por su relevancia e impacto jurídico que ha permitido en la legislación mexicana avanzar para llevar justicia a las mujeres.
“Esta sentencia contiene orientaciones jurídicas precisas para determinar parámetros de gran utilidad en materia de prevención, investigación, proceso y penalización de la violencia de género y contribuyó significativamente para tipificar el delito de feminicidio”.
Román Ocampo convocó a todos a educar al niño para no castigar al adulto, pidió que se honre a las víctimas de la violencia feminicida, “Guerrero es un estado donde amanecemos con las noticias que nos mataron a una mujer con saña” que esa pérdida de vida sirva dijo para preservar la vida de otras mujeres.
Recalcó que la sentencia de Campo Algodonero debe de ser llamada permanente de atención al Estado mexicano para no ignorar denuncias en esta materia y consideró que es importante que quien tenga la oportunidad de juzgar en los juzgados tener claro que es un feminicidio y seguir los protocolos que ya están establecidos y delimitados.
Aseguró que ella ha vivido personalmente la violencia de género en el ámbito político y profesional y convocó a las mujeres a ir de la mano ante la violencia.
Texto: Mariana Labastida / Foto: Archivo
