Critican las priistas Alicia Zamora Villarreal y Araceli Alvarado González la “poca importancia” que el presidente López Obrador le da la movilización del próximo lunes y que se pretenda desprestigiarla y descalificarla. La morenista Celeste Mora demanda mayor castigo por la violencia de género. La panista Guadalupe González Suástegui lamenta la cancelación de programas de apoyo a las mujeres por el actual gobierno federal
Chilpancingo, Guerrero, 6 de marzo de 2020. Diputados locales debatieron en torno al paro nacional de mujeres convocado para el próximo lunes 9 de enero, como forma de protesta para visibilizar la violencia y feminicidios. A pesar de que hablaron de no partidizar el PRI y Morena intercambiaron acusaciones en el tema; sin embargo, coincidieron en la necesidad de legislar por políticas públicas que brinden mayor protección.
Para intervenir en tribuna se agendaron posturas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por el paro de mujeres y por el repunte del delito de feminicidio a nivel nacional. Y en esos espacios se pronunciaron en por generar los mecanismos que logren erradicar la violencia de género.
La priista Alicia Zamora Villalva lamentó que se hayan incrementado los casos de homicidios violentos por razón de género contra mujeres y que, así como casi un 100 por ciento contra en asesinato de niños y niñas.
La priista llamó a la reflexión “sin protagonismos de partido”, porque dijo que se están asesinando a mujeres por el simple hecho de serlo, “da igual el color, da igual la afiliación, lo que cuenta más allá de la afiliación es que las mujeres estemos vivas. Por eso lastiman los comentarios a veces de alguno de los órdenes de gobierno que dicen y que tratan de desprestigiar un paro o de desprestigiar o de descalificar la voz de las mujeres”, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que el paro se da por que hay una insensibilidad total, e incapacidad de entender la realidad y finalmente declaró en tribuna: “yo no soy feminista, yo no soy antifeministas, yo soy una mujer muy preocupada”.
De Morena la diputada Celeste Mora Eguiluz alertó que de 2011 a 2019, se duplicaron los casos por feminicidio, por lo que consideró necesario castigar de manera ejemplar a los agresores. Dijo que la raíz del problema es la desigualdad, la ignorancia, la pobreza, en el establecimiento de roles y actividades por género, que desde las familias se reproducen generación tras generación.
Aprovechó su intervención en tribuna para reclamar por la doble victimización que tienen que vivir los familiares de las mujeres asesinadas por la difusión en redes sociales y en algunos medios de comunicación que responsabilizan de los ataques a las actividades, vestimenta o conductas de las mujeres, como acto de provocación o incitación hacia sus agresores.
Llamó a legislar para que todas las instancias gubernamentales tengan y ejecuten programas que vayan más allá del castigo, como promoción de valores, respeto, tolerancia y convivencia desde el seno familiar, así como políticas públicas que realmente prevengan y erradiquen conductas misóginas.
Y afirmó que “solo el 25 por ciento de las muertes de mujeres con considerados como feminicidios”, y consideró aún más grave que “la violencia es instigada por el mismo Estado, quien obstaculiza el pleno ejercicio de sus derechos, cuando pretende denunciar los actos de violencia y no hay respuesta efectiva de quien tiene el deber de protegerlas”.
La diputada del PT Leticia Mosso Hernández lamentó que la violencia contra las mujeres sea sistemática, y que Guerrero esté entre los tres estados con mayor brecha salarial por género.
Mientras que la diputada sin partido Samantha Arroyo Salgado se refirió a la necesidad de crear mecanismos judiciales y administrativos para resolver el problema de violencia contra las mujeres.
Por su parte la diputada del PRI Araceli Alvarado González criticó la “poca importancia” que se le da al Paro Nacional de Mujeres por parte del presidente López Obrador.
La priista se pronunció por una estrategia nacional e interinstitucional para destinar recursos, tanto humanos como económicos, que permitan frenar el rápido crecimiento de los índices de violencia por razón de género, y se sumó al Paro Nacional del 9 de marzo, pero dijo que asumía “el compromiso” de revisar la Ley 501, el Código Penal del Estado de Guerrero, para reformar y actualizar estos ordenamientos.
De Morena Norma Otilia Hernández consideró que el paro convocado para el lunes es un llamado a la reflexión colectiva, ante el alto índice de feminicidios, porque de enero a diciembre de 2019 Guerrero hubo un promedio 16 homicidios de mujeres al mes, colocándolo en el sexto lugar a nivel nacional a pesar de que se destinó recursos a la Secretaría de la Mujer para atender la Alerta de Género.
Del PRD la diputada Dimna Salgado Apátiga dijo que a pesar de los avances en el tema de la paridad, el aumento de la violencia por razones de género se ha vuelto insostenible.
La panista Guadalupe González Suástegui lamentó la cancelación de algunos programas que afectan al sector, como el cierre de estancias infantiles, la reducción del presupuesto en materia de salud, que aseguró ha generado la muerte de mujeres enfermas de cáncer.
Mientras que el morenista Marco Antonio Cabada Arias lanzó un reto a sus compañeros para sacar las iniciativas en favor de este sector, en especial en el tema de la equidad, y porque se avecina el proceso electoral y adelantó que su grupo parlamentario presentará próximamente el proyecto para la despenalización del aborto.
Que no se imponga ideología en escuelas: PAN
La diputada panista González Suastegui presentó una iniciativa para reformar el primer párrafo y adicionar un segundo al artículo quinto de la Ley de Educación del estado.
El texto actual establece que “la educación que el Estado imparta será laica y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. A ese párrafo de plantea agregar: “en su impartición, se garantiza el derecho de los padres y su libertad inalienable e irrenunciable de los mismos a decidir de manera primordial, sobre la educación que recibirán sus hijos”.
La panista además plantea que se agregue el siguiente párrafo: “los poderes del Estado respetarán el derecho de los padres a educar a sus hijos bajo los principios, valores, creencias y religión que estimen convenientes, absteniéndose de imponer ideologías que interfieran con este derecho, siendo únicamente el Estado coadyuvante en la formación académica de los mismos”.
En la misma sesión la diputada de Morena Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) presentó una propuesta de exhorto al Ejecutivo estatal para que instruya a la Secretaría de Educación Guerrero y presente “a la brevedad” un informe detallado y pormenorizado, en forma digital e impresa, sobre el conflicto del 27 de febrero en la Escuela Secundaria General “Wilfrido Massieu” de Chilpancingo, que generó un enfrentamiento a golpes entre autoridades del plantel, maestros, padres de familia y estudiantes.
De la misma bancada el diputado Carlos Cruz López propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con el objetivo de que cualquier trabajador pueda gozar de una licencia temporal para ocupar algún cargo público o de confianza.
Atención en Salud para la región Montaña
la diputada del PT Leticia Mosso Pidió al gobierno federal “que ustedes tanto defienden, pero que todavía no hay nada en la región de la Montaña”.
Pero también lamentó que el tema de las deficiencias en materia de salud sea utilizada por los diputados para atacar o defender a los gobiernos federal y estatal.
Llamó a los diputados “que dicen tener una buena relación con el presidente de la República a que le hagan llegar el llamado ha pasado un año y medio y el presidente de la República no ha regresado a ver a Tlapa y su compromiso de campaña fue hacer un hospital de tercer nivel”.
El diputado de Morena Marco Antonio Cabada propuso reformar el Código Penal con el fin de aumentar la pena a cadena perpetua a quienes comentan homicidios contra menores de edad.
El diputado Moisés Reyes Sandoval presentó una iniciativa de adición a la Ley de Educación del Estado de Guerrero para que las instituciones educativas de nivel básico garanticen el ejercicio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes dentro y fuera de las escuelas, asegurándose que la persona que los recojan “de la institución, lo haga con plena capacidad jurídica o con consentimiento de quien la posee, evitando la comisión de posibles delitos”.
Se aprobó también un exhortó a los 81 municipios para que den cumplimiento a su responsabilidad de establecer los mecanismos de planificación, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, para la programación del manejo de fuego y de sus recursos forestales; y conformen, a la brevedad, sus brigadas debidamente equipadas y capacitadas en la vigilancia, prevención y combate de incendios forestales.
La morenista Nilsan Hilario Mendoza acuso a la líder de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia, Beatriz Vélez Núñez de amenazar y hostigar a los trabajadores del sector salud a cambio de una base.
Parlamento abierto
En una intervención en tribuna, el vicecoordinador de la bancada del PRD Celestino Cesáreo Guzmán llamó a sus compañeros de legislatura a adoptar modelos de transparencia y rendición de cuentas en el Congreso local.
Recordó que en lo que va de la legislatura “la rendición de cuentas al interior de este Congreso local, ha sido una exigencia permanente, ha sido hasta motivo de desencuentros. Y las dudas persisten… es imposible cerrar los ojos y pretender con ello no ser vigilados, como lo hace de manera periódica el Instituto Mexicanos para la Competividad o la iniciativa Congreso Calificado, donde, por cierto, no salimos bien”.
Incluso dijo que la de Guerrero es de las legislaturas más caras del país, y de las menos productivas.
Celestino Cesáreo recordó que el pasado 17 de julio de 2019, fue presentada una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica por parte del diputado Helguera Jiménez para que este Congreso adopte una política pública de Parlamento Abierto, como ya ocurre en otras partes del país y del mundo que no ha sido dictaminada.
Texto: Rosalba Ramírez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
