Han muerto niños en los campos agrícolas, viven en albergues sin condiciones dignas o en abandono ante la sobre oferta de mano de obra, informa
Tlapa, Guerrero, 14 de mayo de 2020. Los jornaleros agrícolas y sus familias continúan trabajando entre violaciones a sus derechos humanos, laborales y de salud, han muerto niños en los campos agrícolas, viven en albergues sin condiciones dignas o en abandono ante la sobre oferta de mano de obra, sin protección sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus, informó la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras.
En un comunicado fechado ayer por las organizaciones que integran la Red, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hace un recuento de que en México hay casi 3 millones de jornaleros trabajando en centros agrícolas, y al incluirse a sus familias suman cerca de 9 millones, distinto a las cifras de la Secretaría de Bienestar en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que se eliminó.
Menciona que frente al Covid-19 el gobierno federal implementó medidas para mitigar la dispersión y transmisión del virus, y el 22 de abril la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) compartió la Guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas, y la Guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el Covid-19, que consideraron no son conocidos ni aplicados.
Dice que las y los jornaleros agrícolas y sus familias continúan enfrentando situaciones que evidencian la violación de sus derechos y el acceso a una atención necesaria, ante un posible contagio, sobre todo la población que va a integrarse al trabajo agrícola en Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, y no sólo en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Agrega que entre abril y mayo fallecieron tres niños y niñas de 6 meses, 5 y 8 años, originarios de Guerrero, dos perdieron la vida al ser atropellados y uno al caer de una camioneta, en Sinaloa y Guanajuato.
Sus muertes son el resultado de falta de acciones públicas coordinadas y de protección integral para las infancias insertas en contextos de migración laboral, que, aunque no se encontraban realizando trabajo agrícola remunerado en los campos están en los albergues o en los surcos ante la falta de espacios seguros de educación, dispersión, salud, descanso y libres de violencia, como estancias o centros de cuidado, advierte.
En condiciones insalubres, y sin albergues o estancias para niños
El documento describe cómo los jornaleros tienen que pagar 100 pesos semanales en cuartos de albergue de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa por supuesto mantenimiento cuando tiene condiciones insalubres con aguas negras cerca y ellos están en la incertidumbre de si tendrán empleo o no.
En Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán algunos empresarios que buscan certificarse pusieron medidas restrictivas para que los padres no lleven a sus hijas e hijos a los campos agrícolas, pero tampoco ponen albergues o estancias infantiles, y los dejan en las viviendas que rentan o bajo el cuidado de una mujer que debe atender 30 o 40 niños y niñas.
En las zonas agrícolas de Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí se aprovecha la pandemia para generar sobreoferta de mano de obra, que va en detrimento de las condiciones laborales de las personas jornaleras, principalmente migrantes, o que les cortan el trabajo de tajo sin saber a dónde ir en un lugar que no conocen y sin dinero.
La Red dijo que el sector agrícola al ser considerado “actividad esencial”, desde el 18 de marzo exhortó a las autoridades gubernamentales a abordar el tema de manera integral, sin que a dos meses pasara algo, por lo que presentó otro documento dirigido a empresarios, autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal, a la sociedad civil y a la academia.
La Red pide reforzar la información sobre las medidas implementadas por las autoridades en relación con la pandemia por Covid-19, y éstas deben basarse en el contexto multicultural de la población jornalera en México.
Que se garantice su derecho a la salud y seguridad social mediante el acceso gratuito a los servicios de salud, la asistencia médica, a las pruebas del Covid-19, medicinas, insumos y tratamiento libres de todo tipo de discriminación. Pide seguridad alimentaria y acceso a artículos básicos de higiene en caso de verse afectados y requerir aislamiento.
Se garanticen sus derechos humanos, incluidos los laborales, para evitar que por la pandemia las y los empleadores se basen en justificaciones discriminatorias que afecten el desarrollo de su trabajo, el pago de sus salarios o el retorno a sus comunidades de origen de aquellas personas que se encuentran en contextos de movilidad humana.
Acciones con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes para su protección integral en los psicosocial, emocional y sentimientos; acompañamiento y cuidado en guarderías o centros de cuidado, sin discriminación y que el Covid no sea una justificación para el cierre de los espacios y se tomen las recomendaciones del sector salud.
El comunicado lo firman las organizaciones que integran la Red como el Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (CDHM Tlachinollan), Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. (CDIL), Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C. (CECIG), Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Mixteco Yosonuvico de Sonora Cerro Nublado A.C., Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (ENLACE), Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala, Respuesta Alternativa A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (RA) y académicos de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Ma. Antonieta Barrón Pérez; de la Universidad Autónoma Indígena de México académica, Celso Ortiz Marín y del Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora, José Eduardo Calvario Parra.
Texto y foto: Carmen González Benicio
