Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciaron investigación por posibles actos de corrupción en el juzgado que ordenó liberar al presunto operador de Guerreros Unidos
Ciudad de México, 2 de julio de 2020. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que inició una investigación contra personal del Juzgado que ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, presunto operador de Guerrero Unidos, por delitos de corrupción como el cohecho, es decir sobornos.
De acuerdo con fuentes federales, de momento no puede ser señalado en lo particular ningún servidor público judicial debido a que la indagatoria esta en ciernes.
Cualquier funcionario que resulte responsable, añadieron, será perseguido penalmente por el Ministerio Público federal.
La mañana de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, dictó la libertad por falta de elementos a “El Mochomo”, por el caso de delincuencia organizada que le fue imputado tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Según informes del Poder Judicial de la Federación, Casarrubias Salgado libró esta acusación porque los testimonios que lo imputaban como operador de Guerreros Unidos fueron obtenidos bajo tortura o por ilegalidades en la detención.
Sin embargo, antes de que “El Mochomo”, acusado de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 jóvenes, abandonara el penal federal del Altiplano, fue recapturado por la FGR con base en una orden de localización de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
La SEIDO tiene 96 horas para determinar si solicita una nueva orden de aprehensión o arraigo domiciliario contra Casarrubias Salgado o, en su defecto, dejarlo en libertad.
Indaga CJF corrupción en liberación del “Mochomo”
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició su propia investigación por posibles actos de corrupción en el juzgado que liberó ayer a José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”.
La institución indicó que tuvo conocimiento de informaciones sobre el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, órgano que liberó al presunto narcotraficante, que amerita una investigación exhaustiva sobre la actuación del personal.
Dicho órgano de impartición de justicia está a cargo de la juez María del Socorro Castillo Sánchez y en la sentencia de Casarrubias participó el secretario de acuerdos Marco Aurelio González Romero, según fuentes federales.
“Derivado de información reciente en torno al caso de José Ángel C., el CJF ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente”, señaló la Judicatura.
“En este caso, información que ha llegado al CJF amerita una revisión exhaustiva. No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal”.
El CJF puntualizó que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de sus juzgadoras en sus resoluciones, pero, enfatizó, toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.
A diferencia de otros casos donde el CJF inicia investigaciones administrativas contra personal jurisdiccional, en este caso ningún servidor público adscrito al juzgado fue suspendido temporalmente del cargo.
Algunos de los testimonios sobre los que se basaba la imputación contra Casarrubias fueron anulados desde hace por lo menos dos años por faltas al debido proceso, como tortura a los testigos de cargo o dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público.
En Twitter, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, reiteró la cero tolerancia a la corrupción.
“Apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos del #PJF que son honestos y trabajan por el país. Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, escribió.
Texto: Agencia Reforma
