La organización internacional muestra cómo las autoridades solicitan a Twitter, Facebook y Google, principalmente, eliminar contenidos que consideran inoportunos. Y alerta: la opacidad de gobiernos y redes sociales en esta censura, afecta el derecho de libertad de expresión y acceso a la información
El Sur / Ciudad de México, 25 de febrero de 2021. Hoy más que nunca internet es un terreno en disputa; su potencial democrático y de ejercicio de los derechos de expresión preocupa a quienes ocupan los altos cargos del poder, tanto en México como a nivel global, manifestaron integrantes de la organización Artículo 19, sección México y Centroamérica, durante la presentación del informe titulado #LibertadNoDisponible: Censura y Remoción de Contenido en México, realizada este miércoles vía remota.
“Por lo menos en México, es un discurso que cada vez se evidencia más, en el sentido de reclamar que las plataformas están afectando la conversación pública de manera unilateral. Alguna responsabilidad tendrán respecto a los mecanismos que están utilizando, pero el Estado también ha jugado un papel importante en la censura en internet”, afirmó el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.
El informe demuestra, con base en mil 459 solicitudes de acceso a la información a nivel federal y estatal presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que la intención de las autoridades mexicanas de controlar internet tiene como objetivo principal evitar un mayor escrutinio público que pueda perjudicar los intereses de personajes en el poder.
Asimismo, se exhibe cómo desde el Estado mexicano se hace un uso opaco de la herramienta de solicitud de remoción de contenido, sin criterios claros ni congruentes con los principios que defienden los derechos humanos.
Esta práctica, lamentó Maldonado, afecta gravemente el flujo de información en México y esto debe ser analizado considerando también el contexto local en donde no disminuye la violencia en contra de periodistas: han sido blanco de 692 agresiones en 2020, de acuerdo el conteo de Artículo 19.
“Las redes digitales –continuó–, que en los últimos años se han erigido como un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales, reciben esa intentona por parte del Estado mexicano para controlarlas”.
El año pasado hubo más de una docena de iniciativas legislativas para regular distintos aspectos de internet. La más preocupante: la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que incorpora un mecanismo que implica que cualquier persona u organismo puede exigir a las plataformas que se baje un determinado contenido porque es violatorio del copyright. Este reclamo puede volverse efectivo sin un juicio previo y no importa si afecta contenidos de relevancia pública.
El citado mecanismo, resaltó Maldonado, existe en Estados Unidos desde el 2000 y ha sido utilizado en América Latina por parte de actores de poder para censurar contenido legítimo.
Casi 40 mil solicitudes de remoción de contenidos
El reporte de Artículo 19 analiza cómo las dependencias gubernamentales solicitan a las plataformas digitales –sobre todo Twitter, Facebook y Google– la remoción de contenidos que consideran inoportunos porque supuestamente vulneran la legislación nacional.
Según informes de transparencia de esas redes sociales, entre 2017 y 2020 las autoridades mexicanas realizaron más de 38 mil 659 mil solicitudes de remoción de contenido.
La etnóloga Claire Álvarez, una de las investigadoras que elaboró el informe #LibertadNoDisponible, explicó que mediante solicitudes de información fue posible descubrir cómo las dependencias gubernamentales reportaron sólo mil 697 solicitudes de remoción durante el mismo periodo.
Existe una diferencia notable entre la información proporcionada por las autoridades y la que ofrecen las plataformas digitales: sólo se tiene conocimiento de una de cada 10 solicitudes presentadas por parte del Estado; por el 95.6 por ciento de las solicitudes de remoción de contenidos no se cuenta con transparencia ni rendición de cuentas.
Respecto a las solicitudes de restricción de contenido en Facebook, el informe comprobó que en el primer semestre de 2020 México ocupó el primer lugar a nivel mundial y el décimo lugar entre los países que hacen solicitudes de datos de usuarios en esa red social.
El informe también reporta una fuerte opacidad respecto a estas solicitudes de remoción de contenidos, a menudo justificadas con argumentos de tipo jurídico; a pesar de haber recibido una tasa de respuestas de 71.6 por ciento a las mil 459 solicitudes de acceso a la información presentadas para realizar el informe –siete respuestas de cada 10 solicitudes–, éstas contenían evasiones, dilaciones, incompetencias o desconocimientos de la ley, señalaron los integrantes de Artículo 19.
Esta forma de obstaculizar significa una violación al derecho al acceso a la información y deja al desnudo la intención del Estado mexicano de monopolizar la censura de los contenidos digitales.
Frente a los datos duros expuestos en el informe, la reciente propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, parece perder sentido, pues el control operado por el Estado, a menudo para obstruir el flujo de información, es ya una constante en el país.
“El discurso (de Monreal) según el cual es el Estado que debe censurar y no las plataformas, choca con una realidad en donde, desde hace al menos cuatro años, las dependencias gubernamentales han trabajado en colaboración con las plataformas digitales para remover contenidos”, comentó Maldonado.
Las respuestas de las dependencias gubernamentales llegaron a cuentagotas, apunta el informe. Del total de respuestas favorables (mil 45), en ocho de cada 10 las autoridades federales y estatales negaron haber pedido remover contenido a alguna plataforma digital, mientras que sólo en 5 por ciento de las solicitudes las autoridades compartieron información.
Las cuatro entidades con más solicitudes de remoción a las redes sociales fueron Ciudad de México (958), Durango (270), Chiapas (155) y Campeche (145).
“¿Tendríamos que regular la propia acción del Estado o serían las plataformas que tendríamos que regular?”, planteó Priscilla Ruiz, coordinadora legal de derechos digitales de Artículo 19. “Es un diálogo que se está abriendo entre organizaciones civiles, académicos e incluso autoridades. En el contexto en que vivimos es necesario que no se censure la libertad de expresión, sino que se abra la discusión y sobre todo el conocimiento y el acceso a la información”, añadió.
El objetivo del informe #LibertadNoDisponible, abundó Ruiz, es que su metodología se pueda replicar, en México y a nivel latinoamericano.
Las herramientas empleadas por las investigadoras de Artículo 19 se pueden replicar en otras latitudes para recabar evidencias sólidas y monitorear cómo las instituciones están propiciando que se remueva contenido digital en detrimento de los derechos de las personas.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Archivo
