Aducen diputados que el matrimonio forzado es una violación a los derechos humanos de niñas y adolescentes, mientras que su venta configura el delito de trata de personas
Chilpancingo , Guerrero, 27 de octubre de 2021. El pleno del Congreso local aprobó un acuerdo parlamentario con el que exhortan a la Secretaría de Gobernación federal, a la Secretaría General del gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado y a los 81 municipios, a realizar las acciones necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la practica ilegal de trata de niñas y adolescentes con fines de matrimonios forzados o usos domésticos.
La diputada perredista Susana Paola Juárez Gómez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para castigar con cuatro y hasta diez años de prisión a quien obligue a una niña, adolescente o mujer a contraer matrimonio o concubinato con otra persona, y cuando el motivo del matrimonio sea prostituir o someterla a trabajos domésticos, de campo o esclavitud, se impondrán penas de 20 a 40 años de prisión a los involucrados.
En sesión ordinaria, el pleno del Congreso condenó los hechos ocurridos en la comunidad de Dos Ríos, del municipio de Cochoapa El Grande, sobre el caso de una menor de 15 años detenida por resistirse en cinco ocasiones a ser violada por su suegro.
La propuesta aprobada por unanimidad fue de las y los integrantes de la Conferencia Para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, al cual dio lectura la diputada del PT Leticia Mosso Hernández, en la que se exhortaron a dichas dependencias federal y estatal, a la Fiscalía y los ayuntamientos a implementar acciones de prevención, erradicación y sanción de la práctica ilegal de trata de niñas y adolescentes con fines de matrimonio forzado o usos domésticos.
En la argumentación del acuerdo aprobado se expone que el matrimonio forzado con niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos, mientras que la venta de mujeres y niñas configura el delito de trata de personas. Leticia Mosso recordó el caso de Cochoapa el Grande, donde se encarceló de manera ilegal a la señora Concepción y sus cuatro hijas menores de edad por tratar de darle de comer a su hija Angélica Martínez Ventura, encarcelada por la policía comunitaria por resistirse a ser violada por su suegro, quien argumentaba que había pagado por ella para su hijo, y que para recuperar su libertad tendría que pagar 210 mil pesos.
Dijo que con el pretexto de que esas prácticas parte de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, “se hace caso omiso del mandato constitucional que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Señaló que el Poder Legislativo no puede ser ajeno a estos hechos que dañan y atentan contra la dignidad humana de las personas, principalmente de las niñas y niños indígenas.
Iniciativa para establecer mecanismos de consulta a pueblos indígenas y afro
La Secretaría General de Gobierno remitió al Congreso del Estado una iniciativa para adicionar los nuevos municipios de Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, Ñuu Savi y Las vigas al artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en el orden alfabético que les corresponde, recorriéndose en consecuencia los subsecuentes.
El diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD) presentó una iniciativa de Ley que Establece los Mecanismos de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Poblaciones Afromexicanas del Estado, para definir los principios, normas, instituciones y procedimientos que garanticen el derecho a la consulta previa, libre e informada establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
Texto: Rosalba Ramírez
