En su informe 27, el organismo de derechos humanos de la Montaña señala que en la emergencia el cierre de oficinas de gobierno dejó en la indefensión a indígenas que desconocen los procedimientos para salir a trabajar diario para subsistir y no tienen acceso a Internet para acceder a algún servicio
Tlapa, Guerrero, 18 de diciembre de 2021. El informe número 27 del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Tu nombre que nunca olvido, documentó que los casos de violencia contra mujeres se incrementaron con la pandemia del Covid-19, donde los pueblos indígenas son los más vulnerables y las autoridades estatales, sobre todo de justicia, son las que más violentan.
En el documento se registraron casos de septiembre 2020 a agosto 2021. En las 472 páginas que lo componen aparecen dedicatorias a los padres que han muerto buscando a sus hijos: Tío Saúl y Bernardo, doña Lupita, don Pepe e Inocencia Consuelo.
Y poemas en me’phaa de Hubert Matiúwàa, sobre el alumno desaparecido de Ayotzinapa, Mauricio Ortega Valerio y Volverás como la lluvia de otoño.
En el apartado, Cuando sus voces guían nuestro camino, mencionan que a casi dos años de la declaratoria de emergencia sanitaria a causa del virus Covid-19 en el país y específicamente en Guerrero la atención de casos no ha cesado, aunque disminuyeron, encontrando que la violencia contra las mujeres se recrudeció.
La emergencia sanitaria provocó el cierre de oficinas de gobierno, que dejaron en indefensión a personas indígenas, que desconocen los procedimientos, tienen que salir a trabajar diario para subsistir y no tienen acceso a Internet para acceder a algún servicio.
Realizaron 480 atenciones personales, 260 se trataron de conflictos político/ social con temas de violencia de género, conflictos agrarios y asuntos comunitarios y 144 casos jurídicos sobre materia penal y familiar con asesorías o acompañamientos judiciales y 76 quejas.
El pueblo na savi con 149, ocupó el primer lugar en atención, seguido de los me’phaa con 127 y 95 nahuas de un 77 por ciento que se auto adscribió como indígena.
Tlachinollan menciona que en los últimos cuatro años las mujeres son las que más acudieron en busca de ayuda, y en este año, no fue la excepción con 268 mujeres y 212 hombres.
Y al ser una región rural y campesina, con poco trabajo formal y asalariado el 42 por ciento de las personas realiza un trabajo no remunerado, como las labores del hogar que realizan las mujeres y el trabajo de agricultura para consumo personal.
Jornaleros agrícolas
El 51 por ciento está en la informalidad como jornaleros agrícolas, comerciantes ambulantes, empleados en negocios pequeños o son herreros, carpinteros, albañiles o cocinera y el 7 por ciento tiene trabajo formal como maestros o empleados de alguna institución pública y cuenta con prestaciones laborales y de salud.
De las personas atendidas 125 no cursó ningún grado de estudios y no sabe leer ni escribir y 355 cursaron algún grado de estudios.
Ponen énfasis en que la educación debe ser prioridad, sobre todo por la Covid 19, que cambió de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, lo cual amplió las brechas de desigualdad, en la mayoría de las comunidades indígenas de la Montaña porque no es posible acceder a aparatos electrónicos o bien a una conexión de internet y donde lo hay es deficiente, lo cual no permite una buena conexión para tomar las clases virtuales.
Los municipios de mayor atención son: Tlapa de Comonfort, 219; Acatepec, 23; Alcozauca de Guerrero, 29; Malinaltepec, 27.
Violencia hacia mujeres
Sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes Tlachinollan atendió 157 quienes sufrieron algún tipo de violencia, de ellas 59 acudieron a denunciar la violencia económica que sus parejas ejercen sobre ellas, sus hijos e hijas, y solicitaron asesoría sobre cómo pueden acceder a la pensión alimenticia.
Las mujeres que denunciaron violencia física fueron 41 y están relacionadas a la falta de empleo de sus parejas, el alcoholismo y las relaciones de poder que ejercen sobre ellas; psicológica, 30 con casos de guarda y custodia, los casos de separación, divorcios.
Por violencia patrimonial atendieron a seis, donde las mujeres fueron despojadas de los bienes obtenidos durante el matrimonio y tuvieron que dar batallas al interior de la comunidad y en las instancias agrarias para que se les reconociera el derecho, sobre todo cuando sus esposos habían fallecido, ya que los suegros no querían reconocerles sus derechos o cuando los padres fallecieron, los hermanos varones, son los que se quedan con las tierras, la casa, los bienes.
En casos de violencia sexual documentaron siete casos, donde las víctimas son menores de edad y aquí incluyeron los cuatro casos de niñas menores de edad comprometidas en matrimonio.
Menciona que la violencia requiere atención psicológica, desde un enfoque psicosocial brindándoselas a víctimas indirectas de feminicidio, desaparición forzada de violencia obstétrica.
Conflictos agrarios
La atención de conflictos agrarios con la documentación de 58, uno por límites entre la comunidad de Río Azul y Plan de Gática del municipio de Ayutla y 57 son entre comuneros y/o ejidatarios por la posesión de la tierra. Siendo los más de carácter individual por invasión de terreno sea cercado o sembrado.
En conflictos comunitarios y respeto a la autonomía de los Pueblos documentaron 45 conflictos que afectan la autonomía de las comunidades, sus autoridades, su identidad cultural y cuestionan de cierta forma el Sistema de Justicia Comunitario. Siendo 22 casos relacionados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por atender problemas que no corresponden a su ámbito de jurisdicción o temas.
Violación a derechos humanos por autoridades
La documentación de violaciones a los derechos humanos en que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno los violentaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión registraron 76 casos que pertenecen al rubro de quejas: 21 por violaciones al derecho a la seguridad jurídica; 18 a la libertad personal; Siete a la integridad personal; cuatro la vivienda; cuatro a la educación; cinco a la igualdad y 17 a la salud, trabajo, a vivir una libre de violencia, derecho a la legalidad.
Las autoridades responsables con más quejas fueron 52 de instituciones que pertenecen al ámbito estatal como el Ministerio Público, la Policía Investigadora Ministerial, la Policía Estatal, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría General de Gobierno, entre otras.
Las autoridades municipales con 18 siendo la Policía Preventiva Municipal, Síndicos y Comisarios Municipales; y seis del ámbito federal, como la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Vivienda, la Comisión Federal de Electricidad.
Narraron Las Muertes que no se cuentan, que aporta datos sobre personas que murieron por afectación de la Covid-19 que no aparecen en las cifras oficiales de la Secretaría de Salud Guerrero ni en la federal, de municipios como Alcozauca, Acatepec, Iliatenco y Xalpatláhuac.
Texto: Carmen González Benicio
