Chilpancingo, Guerrero, 15 de febrero de 2022. Después de presentar una denuncia penal y obtener del Ministerio Público una orden de urgencia médica para ver si procede un aborto de una niña me’phaa de 10 años, sus familiares denunciaron que personal del Hospital Raymundo Abarca Alarcón los obligó a firmar un escrito donde los comprometen a llevarla a seguimiento de un embarazo a la clínica de su comunidad, y que a los ocho meses de gestación deben volver a la capital del estado para su revisión.
En denuncia a El Sur, familiares aclararon que cuando llegaron al hospital, después del procedimiento penal, en lugar de atender a la niña el personal médico comenzó a regañarlos.
Después de insistir en que revisaran a la niña, dijeron que sólo le realizaron un ultrasonido. Consideraron que la atención fue insuficiente para conocer la salud y los riesgos para la niña que llegó del municipio de Acatepec, dispuesta a una interrupción del embarazo.
El caso fue presentado en una agencia del Ministerio Público Especializada de Justicia Penal para Adolescentes de la región Centro, donde afirmaron que se autorizó el procedimiento de interrupción, según el trámite vigente del Código Penal del estado de Estado, y no fue suficiente para que recibiera una atención integral.
Una de las fuentes explico que el MP estableció por escrito que, si la usuaria y su representante solicitaban la interrupción, el hospital debería establecer si es procedente o no “de acuerdo de acuerdo al grado de riesgo”, además de otorgar las medidas de atención de los daños psicológicos, físicos y secuelas, en lugar de ello, “se lavaron las manos”, no obstante que la niña pertenece a grupos vulnerables, al ser población infantil del pueblo me’pha.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
