Se publicó en el Diario Oficial la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación. El gobierno de Evelyn Salgado no tiene voluntad para liberar a los presos de la OCSS sobrevivientes de Aguas Blancas, señala Norma Mesino. En Guerrero hay “agravios históricos incubados y mucho enojo social” y sí se justifica una lucha armada, dice el abogado Vidulfo Rosales
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 23 de febrero de 2022. A partir de este día, cualquier persona que perjudique las vías generales de comunicación, interrumpa los servicios de peaje, o busque obtener un beneficio económico interrumpiendo tránsito de medios de transporte, se podrá llevar una sanción que puede ir desde tres meses hasta siete años de prisión.
Además, los involucrados podrán recibir una multa que va desde 100 hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en su valor diario. Con el tabulador de 2022, las sanciones económicas pueden ir de 9 mil 622 pesos hasta 48 mil 110 pesos.
Ayer se hizo oficial estas nuevas sanciones debido a la reforma del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. La institución encargada de dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Ahora, el artículo queda de la siguiente manera:
“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA.”
La SICT informó que, durante 2021, la toma de casetas en la Autopista del Sol representó un daño al erario de 202 millones 672 mil 520 pesos. La dependencia agregó que el único grupo identificado que realiza la toma de casetas y son los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Fue el lunes cuando la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que, debido al Operativo Plan Caseta Segura, del 28 de enero al 10 de febrero, en Guerrero se han ahorrado 70 millones de pesos al evitar que las casetas sean tomadas.
Precisamente el 28 de enero pasado, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, cercaron las casetas de cobro de Paso Morelos, La Venta y Palo Blanco para evitar que alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos pudieran manifestarse en dichos puntos y tomaran las plazas de cobro de peaje.
El 4 de febrero ocurrió el enfrentamiento entre estudiantes de la Escuela Normal Rural y efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en la caseta de Palo Blanco, donde se lanzó un tráiler contra una valla de elementos de la corporación federal.
Durante su última gira en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su mandato no se usará la fuerza para desalojar a las personas que toman casetas, además de la opción de entregar becas para que se detenga esta práctica, aunque no se explayó sobre traer esta iniciativa al estado de Guerrero.
El gobierno de Evelyn no tiene voluntad para liberar a los presos de la OCSS: Norma Mesino
La líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, denunció que en la actual administración estatal no hay voluntad política ni sensibilidad para liberar a los presos políticos que fueron víctimas de encarcelamientos injustos con declaraciones sacadas bajo tortura, como parte de la represión en gobiernos pasados.
Reprochó que cuando el papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Félix Salgado Macedonio, era candidato, se reunió con los dirigentes de la OCSS y se comprometió a realizar mesas de trabajo para revisar el caso de los presos políticos, pero dijo que ahora Salgado Macedonio ya no les contesta las llamadas telefónicas y la gobernadora Evelyn Salgado no quiere recibirlos.
La OCSS reclama la libertad de los presos Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco presos en el Cereso de Acapulco, y Gerónimo Hernández Refugio, preso en el Cereso de Chilpancingo.
Los cuatro son miembros de la organización y sobrevivientes de la masacre del Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, fueron acusados por el delito de secuestro y sus declaraciones se las sacaron bajo tortura, dijo la líder de la OCSS.
Informó que el viernes se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, pero les dijo que tres de los cuatro casos le competen a la federación y que van a revisar solamente el de Antonio Barragán.
Recordó que Orlando Ávila, Gilberto Aguirre y Gerónimo Hernández fueron torturados directamente por Eduardo Gallo, empresario del estado de Morelos, quien los señaló por el secuestro de su hija, “pero todo se dio en el contexto de la criminalización en contra de la OCSS”, se quejó.
Denunció que llevan 20 años presos; fueron detenidos el 16 de mayo del 2002 en Baja California, donde trabajaban de jornaleros.
El otro preso, Antonio Barragán Carrasco, fue detenido el 22 de septiembre del 2001, igualmente en San Quintin, Baja California.
Norma Mesino recordó que después de la masacre de Aguas Blancas en 1995, los sobrevivientes Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena, se fueron huyendo de la represión, después de que a Gilberto le mataron a su hermano Eugenio, también sobreviviente y dirigente de la OCSS.
“Aparte de ser sobrevivientes de la masacre, fueron desplazados, se fueron a trabajar a San Quintin y hasta allá los fueron a traer, porque había consigna del gobierno de Guerrero de meterlos presos mediante acusaciones falsas a través de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado y la Policía Motorizada que criminalizaron a muchos miembros de la organización”.
Los casos de los presos que reclama la OCSS, el año pasado fueron presentados por un reportero en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación para que se revisaran.
Sin embargo, Norma Mesino denunció que “todo resultó una simulación, pues no se revisó absolutamente nada, fue una simulación como la que tenemos ahorita en el gobierno estatal”, se quejó.
Dijo que en el ámbito estatal han solicitado una reunión con el nuevo secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, porque anteriormente se venían reuniendo con el anterior secretario Saúl López Sollano, “el problema es que éste ya se fue y ahora tenemos que volver a empezar con el nuevo secretario”.
Informó que han buscado también una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero no les ha dado respuesta, mientras que su padre, el senador con licencia con quien se reunieron cuando era candidato a gobernador y les ofreció las mesas de trabajo, ya no les contesta las llamadas telefónicas.
Advirtió que los cuatro presos ya acordaron que se van a declarar en huelga de hambre en los penales donde están presos y simultáneamente los miembros de la OCSS se instalarán en plantón afuera de la cárcel, aunque aún no saben si será en Acapulco o en Chilpancingo.
Añadió que en la reunión del viernes con el presidente del TSJ, Raymundo Cascarrabias Vázquez, les dijo que en los casos de competencia federal se necesita la intervención de la Secretaría de Gobernación, pero Mesino agregó que también se requiere de la voluntad del gobierno del estado para que intervenga con la gestoría “y tampoco la hay”.
Explicó que Orlando Ávila Mesino es acusado por el mismo secuestro del que se le acusaba a su hermana Rocío Mesino y que a los verdaderos responsables del secuestro los detuvieron el 28 de junio del 2012; entre ellos estaba Ricardo Jiménez Zapata, seudónimo de Erivan Ortiz Serafin, el mismo que acusó a Rocío, pues decía que había sido su jefa y que le había dado órdenes a él y a Orlando para que cometieran el secuestro.
Explicó que Ortiz Serafin apareció en la averiguación previa como uno de los autores materiales del asesinato de su hermano Miguel Ángel, y que fue uno de los elementos de descargo para que Rocío Mesino saliera en libertad, “pues no era posible que le haya dado órdenes a uno de los asesinos de su hermano”.
Además porque estaba preso con otro nombre y los testigos aportaron mucho en el caso de Rocío y Orlando puesto que éste era policía municipal cuando fue detenido en un curso de la Policía del Estado en el Infocap de Chilpancingo.
Asimismo, el día en que supuestamente se cometió el secuestro, Orlando estaba trabajando y hay testigos de entre sus compañeros policías, “es decir, todo fue un falso testimonio en contra de Orlando”, dijo.
Agregó que a pesar de que Roció salió libre por el mismo caso y se demostró que los testimonios que la señalaron fueron falsos, Orlando sigue preso y sin embargo, el TSJ solamente se compromete a hacer un careo con los que lo acusan.
“Orlando no está pidiendo que salga beneficiado con una ley de amnistía, pide que salga porque el delito del que lo acusan no lo cometió y hay pruebas que ya presentó el abogado”, dijo Norma.
Con respecto al caso de Gerónimo Hernández Refugio, informó que fue sentenciado a 20 años con falsos testimonios y ya solamente le faltan meses para que cumpla su sentencia y que por humanidad ya lo debieron haber liberado, pero dijo que no hay voluntad ni sensibilidad en este gobierno.
La dirigente de la OCSS, declaró que le preocupan hechos como el motín que ocurrió el lunes en el penal de Acapulco porque entre las víctimas pueden estar los presos políticos; “eso debiera preocuparle también a la gobernadora y tener un gesto humano para revisar sus casos, ellos no tienen por qué estar presos, deberían estar libres, no pueden estar en la cárcel corriendo riesgos”, reprochó la dirigente social.
En Guerrero sí se justifica la lucha armada, revolucionaria, responde Vidulfo a AMLO
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, opinó que “ahorita con las condiciones como están en Guerrero, se justifica una lucha armada, tiene razón de ser, es vigente”, que ante la pobreza, la marginación, las injusticias que prevalecen en el estado se “justifica una lucha revolucionaria”, pues “ni siquiera se han sentado las bases de una transformación, no hay paz”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita el domingo en Chilpancingo dijo que en Guerrero ya no se justifica una confrontación con el Estado mediante las armas, como lo hiceron luchadores como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez “en los momentos de mayor autoritarismo en Guerrero”, porque el pueblo del estado y de México “quiso que lleváramos a cabo un cambio de manera pacífica”.
Ayer consultado al respecto, el también abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra opinó que “es positivo que (el presidente) haga un reconocimiento a las luchas históricas de Guerrero, a las luchas de izquierda, por las reivindicaciones profundas”, pero también advirtió que al gobierno federal le preocupa que en el estado hay muchos “agravios históricos incubados, mucho enojo social” que con el cambio del gobierno estatal hubo esperanzas de que tuvieran un cauce y ser una válvula de escape.
Pero argumentó que el nuevo gobierno es “muy improvisado, que no calcula bien, que tiene una mirada superficial de la complejidad que significa gobernar Guerrero”.
“Piensan que sonriendo y haciendo desfiles de gala, apelando a la imagen de la gobernadora, las cosas se van a ir calmando, con que ella tenga una reunión, se tome una fotografía con los sectores con los que se reúne, va a ir sobrellevando las cosas”, expuso.
Aseguró que todavía “tienen el control político y económico esas estructuras caciquiles que permanecen y son responsables de aquellos hechos del pasado, pero también del presente, de esas violaciones y se debe de atender”.
De si están sentadas las bases en el estado para una transformación como lo ha dicho la gobernadora y el presidente aseguró que la lucha armada no es necesaria contra el Estado, Rosales Sierra respondió que “obviamente que no, a qué transformación se refieren, ellos piensan que por llegar Morena a Guerrero en automático ya se construyó un andamiaje para la transformación y no, hay que desmontar el cacicazgo”.
Consideró que se debe “limpiar las instituciones de las fuerzas de seguridad, las instituciones políticas, hay presidentes municipales metidos en la delincuencia organizada, hay políticos que están ahí, que son dueños de esos negocios, entonces si no se hace una investigación profunda y no se detiene a dos o tres gentes que lideran los grupos de la delincuencia organizada pues seguirá siendo el juego”.
“Y por supuesto ahorita las condiciones como están en Guerrero se justifica la lucha armada, lucha armada en Guerrero tiene razón de ser, es vigente la lucha armada. La pobreza, la marginación, las injusticias, la impunidad que prevalece en Guerrero justifican una lucha revolucionaria, una lucha armada”, sostuvo.
Recalcó que “ni siquiera se han sentado las bases de una transformación, no hay tal”, aunque dijo a nivel nacional “hay unas pinceladas de política social”, pero tampoco vislumbra grandes cambios.
El defensor de derechos humanos aseguró que “este gobierno está luchando contra la corrupción sí, pero la corrupción en sí misma no significa la transformación, la corrupción hay que combatirla, es un lastre en una sociedad, pero la lucha contra la corrupción es propia de una sociedad capitalista, favorece al sistema capitalista y no necesariamente va a generar un reparto equitativo en la riqueza, una igualdad social, lo único que hace es fortalecer el sistema capitalista y de consumo”.
Vidulfo Rosales en su página de Facebook publicó horas antes que las “contradicciones de la 4T, contra el movimiento social que protesta y tiene demandas legítimas como la presentación con vida de los 43, (destina) toda la fuerza del estado. En las casetas prevalece ‘el estado de derecho’, (y) en Quechultenango el bastión de uno de los grupos delictivos sangrientos responsable de desapariciones y asesinatos al por mayor. Autoridades y un mando militar dialogan y hasta ofrecen capacitación a sus policías (en realidad sicarios que controlan territorios)”.
En su mensaje añadió que en Acapulco “un incendio de grandes proporciones consume un mercado popular en pleno centro y todos silencio. No pasa nada. ¿Esto no afecta el turismo? ¿Esto no es violencia? ¿Dónde está la perorata del Grupo Aca, porros del transporte público y caciques asesinos que pedían orden?”.
Reprochó que el “gobierno que cede ante grupos delictivos, timorato y pusilánime contra los autores de la violencia irracional y destructiva de la delincuencia organizada, pero implacable contra el movimiento social que tiene demandas justas y legítimas”.
“Una derecha y clase empresarial de Guerrero hipócrita y cómplice con la delincuencia organizada, derecha, porros y caciques caminan de la mano con el gobierno de Guerrero, dando la espalda al pueblo y al movimiento social. Pronto la realidad del guerrero bronco e indómito rebasará a los improvisados y timoratos. Cuidado, no le prendan fuego a la pradera”, concluyó su mensaje.
Al respecto vía telefónica, Rosales Sierra añadió que no sólo es Quechultenango, sino la región de Costa Grande, Norte y la Sierra, donde prevalecen las zonas controladas totalmente por la delincuencia organizada, “qué pasa y no hay gobierno no hay Estado de derecho, no hay leyes, las leyes las imponen estos grupos y ellos preocupados por las casetas”.
Texto: Zacarías Cervantes, Juan Luis Altamirano Uruñuela y Emiliano Tizapa Lucena / Foto: Lenin Ocampo Torres
